La semana pasada, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, realizaba sin quererlo una sonora corrección a los técnicos municipales y empresas que gestionaron la tramitación de la modificación que a medida del Banco Santander se había hecho para el proyecto Faro, la conversión de su antigua oficina principal en un espacio museístico para su colección de arte.

Porque lo que hacía la alcaldesa era confirmar que el proyecto –como había advertido días antes el portavoz municipal de IU, Keruin Martínez—iba a tener efectos sobre el tráfico en la zona por la ocupación que se hace del arco del Banco, bajo el cual circulan vehículos. Y esos efectos sobre el tráfico eran algo que, como ha avanzado estos días EL FARADIO, negaba expresamente que fuera a suceder la modificación del Plan de Protección del Paseo Pereda.

El impacto en el tráfico al reducirse el espacio en altura para la movilidad –el gálibo—no afecta sólo a vehículos privados, sino al transporte público. A estas alturas, el Ayuntamiento aún no ha sido capaz de concretar cuál será el nuevo recorrido de una de las líneas más populares de la ciudad, la circular 5 que usan muchas personas mayores para desplazarse de El Alta / Paseo de Altamira al centro.

Y eso que la tramitación de esa modificación de la normativa de protección de la zona, necesaria para que el proyecto del Banco pudiera hacerse, apelaba expresamente a la necesidad de fomentar el uso del transporte público.

En concreto, el documento enumeraba la serie de leyes y normas que debían cumplir los planes del Banco para encajar el edificio diseñado por David Chiperfield. Entre ellas, las estrictamente municipales en materia de medio ambiente, normas, medidas o planes como la Mesa Permanente de Cambio Climático y de la Oficina Local de Cambio Climático (OLCC) o la Estrategia de Cambio Climático de Santander, además del Plan Estratégico Municipal, el Plan de Movilidad Sostenible o el Pacto de alcaldes.

Entre los compromisos que el propio Ayuntamiento ha fijado para sus acciones y las que se desarrollen en la ciudad –y la reforma de la sede del Banco Santander va incluida, pese a ser de una empresa privada, porque para que sea posible se ha tenido que modificar normativa municipal y la tramitación la cita expresamente—están cuestiones como la optimización energética del municipio en términos de ahorro y eficiencia energética, así como el fomento de energías renovables orientadas a mejorar el medio ambiente urbano y el bienestar ciudadano.

Entre los objetivos destacados figura, en una primera fase, la reducción en un 20 % de las emisiones municipales de CO₂. A más largo plazo, la estrategia aspira a que Santander se convierta en la primera ciudad de España con una “huella de carbono nula” mediante el programa “Ciudad Carbono Neutro”, orientado a reducir al máximo la emisión de gases de efecto invernadero.

Para alcanzar esa reducción del 20 %, el documento identifica varios ámbitos prioritarios de actuación.

En materia de movilidad sostenible, se propone el fomento del transporte colectivo, la promoción de los viajes no motorizados, el impulso de la movilidad mediante fuentes de energía alternativas y la optimización de la gestión del tráfico.

Hay más: la gestión de residuos, la mejora del sistema de recogida y transporte de residuos urbanos y de la limpieza viaria, así como el refuerzo de la recogida selectiva, hasta llegar a la creación de ecobarrios, el fomento de la edificación bioclimática y el desarrollo de espacios libres y zonas verdes.

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