El pasado viernes, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, convocó a los medios para explicar el resultado del informe sobre las llamadas entre los cuerpos del 112 y la Policía Local que dejó sin atender un aviso sobre el mal estado de la pasarela de El Bocal, un resto no retirado de la frustrada senda costera, un día antes de que colapsara y causara la muerte a seis jóvenes. En la rueda de prensa, avanzó dos medidas para que esto “no volviera a pasar”:

–Una sanción a la persona que gestionó esa llamada, señalada expresamente sin más contexto y tratando de reducir un problema de funcionamiento de una institución, la Policía Local y el Ayuntamiento de Santander, a una cuestión puramente individual, a alguien que “no hizo su trabajo”. ¿Se imagina alguien que Hacienda no recaudara porque alguien no apretara el botón de enviar? Suena ridículo sólo escribir que toda una administración, máxime una como la Policía, dependa de una cuestión personal. Un argumento en el que late también el señalamiento a un cuerpo con el que se mantiene un conflicto, con lo que no deja de ser una versión de parte. Si nos abstraemos del conflicto y aceptamos que el informe es de la Policía Local, sigue pudiendo ser de parte: del cuerpo o sus jefes que no quieren que esta gestión salpique a todo el departamento.

-La otra idea es la de elaborar un mapa que delimite exactamente qué parte de la ciudad le corresponde gestionar al Ayuntamiento de Santander y cuál a otras administraciones.

Ninguna de las medidas incluía un pPara empezar, lo cierto es que ninguna de las acciones impedirá más desgracias como la que convirtió en una trampa mortal a la pasarela de madera de El Bocal levantada sobre un paso peligroso para paseantes. Se hubiera atendido o no la llamada, se hagan o no con las siguientes, las instalaciones siguen siendo peligrosas mientras estén abiertas al público. Y el mapa en cuestión, desde luego, no evita accidentes. Lo único que evitan ambas medidas, el expediente y el mapa, es que se señale la responsabilidad de la alcaldesa o del Ayuntamiento de Santander.

Y no deja de ser una paradoja, dado el protagonismo que la regidora quiso adoptar en las durísimas tareas de rescate de la semana pasada, actuando casi como portavoz única, desde luego, con más presencia que el Gobierno de Cantabria pese a que este tiene más competencias en seguridad ciudadana:  siendo estrictísimos, en esa materia el Ayuntamiento de Santander sólo cuenta con la Policía Local frente a los efectivos del 112 (autonómicos) o Guardia Civil, Policía Nacional, Salvamento Marítimo… (del Estado).

Lo que hace aflorar el mapa en cuestión es el patrimonialismo (la sensación de pertenencia y propiedad) con que vive esta ciudad la derecha santanderina que no ha dejado de gobernar Santander en casi un siglo. A esa percepción de propiedad con que se manejan calles, subvenciones o puestos de trabajo públicos o privados le sucede otra de contrariedad, de malestar, cuando no ira, al constatar que ese poder no es todo lo omnipotente que quisieran, que hay partes sobre las que no pueden actuar.

La propuesta del mapa parte de la presunción de de que los santanderinos tienen menos conocimientos sobre la ciudad de los que realmente ya  viene acumulados: por supuesto que cualquier persona de esta ciudad sabe que las vías del tren tienen que ver con ADIF/RENFE, o que muchos espacios son en realidad del Puerto de Santander, y que las playas y primera línea marítima son de Costas.

Y lo saben, entre otros motivos, porque desde el Ayuntamiento de Santander así se lo ha dicho siempre que ha podido: es decir, siempre que ha habido un problema o que un proyecto no ha salido adelante, como, la finalización de las escolleras de La Magdalena o el aparcamiento de La Marga, por citar sólo dos ejemplos de una lista tan alargada como la propia configuración de la ciudad.

El siempre que se ha podido implica que otras veces no se ha podido, aunque realmente poder es querer. Dicho de otro modo, el Ayuntamiento de Santander no siempre ha querido dejar tan claro quién tiene las competencias sobre el territoio y, al contrario,  ha hecho evidentes esfuerzos para presentar o enmarcar como propios, aunque sea indirectamente, proyectos de otros: desde el MUPAC, que es, evidentemente, una obra autonómica en la que la aportación municipal ha sido cobrar las tasas, hasta el futuro Archivo Lafuente, que no deja de ser la colección privada de un particular comprada por el Ministerio de Cultura y ubicada en un edificio, el Banco de España, que el Gobierno central (Hacienda) cedió sin más al Consistorio, gracias a lo cual este pudo licitar y adjudicar su reforma a una de sus constructoras de cabecera.

Quienes trabajan en las tripas de lo público o quienes tienen conocimientos de cómo funciona saben que el diseño de nuestras instituciones –incluyendo la división en poderes legislativo, ejecutivo y judicial- se hizo pensando en fomentar la colaboración entre ellas: los proyectos municipales tienen que pasar por trámites autonómicos (como la evaluación ambiental, y viceversa (ajustarse a las normas urbanísticas), y lo que se puede hacer en las playas lo decide el Estado, pero la limpieza le corresponde al Ayuntamiento.

Lo saben de sobra los cuerpos de seguridad, en los que (habrá de todo, evidentemente), bomberos o policías locales tienen que colaborar con el 112, Policía Nacional, Guardia Civil o incluso autoridades judiciales, o funcionarios de unas u otras administraciones acostumbrados a intercambiarse correos o llamadas en los que tratar de desenmarañar las altas complicaciones que tiene el día a día de un trámite.

Pero en lugar de seguir lo que dicta la lógica institucional y el día a día del funcionamiento de las administraciones, el PP instalado en el Ayuntamiento de Santander lleva lustros revolviéndose cada vez que ve a otra administración rondar ‘su’ territorio, un tic que ha elevado las dinámicas de confrontación, sobre manera con el Estado –la cosa cambiaría si cambiara el Gobierno de Cantabria, como hemos visto otras legislaturas y lo que confirma que el criterio es arbitrario a un nivel que se acerca al de un territorio hostil a lo estatal más de lo que un votante conservador admitiría en público. Una forma de moverse que explica lo mal que lleva lo que tiene que ver con el Racing –no deja de ser otra institución– cuando sube un poco la voz, y la sumisión con la que actúa en todo lo que tiene que ver con el Banco de Santander, sus obras, proyectos e intereses.

Eso será lo que veremos todos si finalmente el Ayuntamiento decide emplear tiempo y recursos públicos (personal de la casa o dinero para empresas contratadas) en elaborar lo que no dejaría de ser una confesión de la incapacidad o falta de voluntad de entender el funcionamiento de las instituciones paslamda por escrito en el legado más inútil que puede dejar la tragedia de El Bocal, el mapa de la vergüenza de Santander.