La reconstrucción interna realizada por la Policía Local de Santander tras la tragedia de El Bocal acabó revelando un problema técnico que hasta ese momento no había trascendido públicamente: uno de los terminales utilizados en la Sala 092 no tenía habilitada la grabación de comunicaciones.

La existencia de este fallo aparece recogida en varios informes oficiales, consultados por EL FARADIO, incorporados al procedimiento abierto tras el colapso de la pasarela que causó la muerte a seis jóvenes y heridas a una séptima y aflora cuando la Jefatura intenta reconstruir qué ocurrió en el Centro de Coordinación de Servicios durante las horas previas al accidente.

En un documento fechado el 6 de marzo de 2026, dentro del expediente disciplinario incoado tras los hechos  con la estrategia de intentar centrar la responsabidad municipal en el presunto fallo humano de una agente en lugar de en los fallos generalizados de funcionamiento del cuerpo, los propios mandos reconocen que “no se ha podido obtener copia de la grabación de la llamada recibida, al haberse gestionada la misma desde un teléfono que no tiene habilitado, por parte de informática, la posibilidad de grabación de llamadas”.

La referencia no afecta únicamente a una comunicación concreta relacionada con el mal estado de la pasarela de El Bocal. Días después, en un informe específico sobre las comunicaciones del Centro de Coordinación de Servicios remitido el 10 de marzo de 2026, la Jefatura vuelve sobre el mismo problema y amplía el alcance de la incidencia.

En ese escrito se señala que: “no ha sido posible contabilizar las llamadas correspondientes al puesto del Oficial de Sala (extensión 60616), debido a que el sistema informático no registró las comunicaciones efectuadas desde dicho terminal”.

Es decir, el problema no se limitaba a una grabación concreta perdida o defectuosa, sino al propio terminal, algo que ni los mandos policiales ni los responsables políticas parecían haber detectado.

La relevancia de estos documentos reside también en el momento en que aflora. Los informes incorporados a la causa reflejan que esta situación se detecta cuando la Policía Local intenta reconstruir internamente la gestión de los avisos recibidos antes del derrumbe.

Pese a ello, el Ayuntamiento insistió en su estrategia de incriminar a la agente.

Mientrasl, la existencia de esta incidencia tecnológica no trascendió públicamente hasta semanas después de la tragedia. Fue el concejal de Seguridad Ciudadana, Eduardo Castillo, quien terminó reconociendo el problema durante el Pleno municipal celebrado el 26 de marzo de 2026, en la que fue su primera intervención pública sobre El Bocal desde el derrumbe, 23 días después de la tragedia.

En esa intervención, el concejal explicó que cuando la Policía Local se encontraba en su antigua sede de la calle Castilla funcionaba con cuatro líneas integradas en el sistema de grabación. Sin embargo, tras el traslado a las nuevas instalaciones Peñacastillo se añadió una quinta línea telefónica que no fue incorporada al sistema.

Según reconoció literalmente, “se añadió una quinta línea que no estaba en el sistema de grabación”.

Esa admisión pública coincidía con lo que ya reflejaban los informes internos incorporados a la causa: que uno de los terminales utilizados en la Sala 092 no registraba comunicaciones y que, por tanto, no podía reconstruirse íntegramente la trazabilidad de las llamadas vinculadas a los avisos previos sobre la pasarela.

El propio concejal confirmó además que la situación no se corrigió hasta después de la tragedia de El Bocal. Según explicó en el Pleno, la quinta línea quedó finalmente integrada en el sistema de grabación el 12 de marzo de 2026, nueve días después del colapso de la pasarela.

La secuencia implica que el problema no fue detectado o, al menos, no fue corregido hasta el proceso de revisión posterior abierto tras el accidente.

Y choca con las otras versiones sostenidas por mandos policiales, que en un informe de 8 de abril de 2026 sostenía que “todas las incidencias (…) incluidas las del 112, se encontrarían plenamente integradas dentro de la aplicación informática anteriormente mencionada”, añadiendo que el sistema “garantiza su registro en todos los casos, así como su plena trazabilidad en función de su origen”.

Sin embargo, los informes internos elaborados tras la tragedia muestran que determinadas comunicaciones relevantes del caso no pudieron recuperarse porque el terminal utilizado carecía de grabación habilitada sin que los mandos lo hubieran detectado o arreglado.

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