El director general de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, José Manuel Becerra, ha defendido la necesidad de abordar la protección animal desde el consenso social y alejándola de la “guerra cultural” que, a su juicio, ha marcado parte del debate político en torno a la Ley de Bienestar Animal, como dice en una entrevista concedida a EL FARADIO.

Becerra participó el pasado mes de abril en la feria BioCantabria, donde mantuvo un encuentro con representantes de protectoras y colectivos animalistas de la comunidad autónoma. Según ha explicado, el objetivo era responder directamente a las dudas y preocupaciones de las entidades que trabajan en el día a día en la protección de los animales.

“Muchas veces las normativas que intentamos sacar adelante son complejas y tienen detrás debates jurídicos importantes”, señala, apuntando que parte de la controversia generada alrededor de la ley estatal de 2023 procede de la desinformación en redes sociales, donde se ha generado una batalla cultural sobre este tema, también alimentada por algunos partidos políticos. En este sentido, considera que el contacto directo con colectivos y ciudadanía permite trasladar mejor el alcance de las medidas impulsadas desde el Ministerio. “Percibí que entendieron mucho mejor cuál es la amplitud del trabajo que queremos hacer”, afirma.

Becerra rechaza además que la Ley de Bienestar Animal supusiera una ruptura total con la legislación previa, recordando que todas las comunidades autónomas contaban ya con normas de protección animal. En el caso de Cantabria, destaca que dispone de legislación en esta materia desde 1993. Y remarca que esta legislación trata de dar una respuesta a problemas que afrontan las administraciones locales

No obstante, sí subraya que la norma estatal incorporó cuestiones que hasta ahora no estaban reguladas de forma homogénea, como la gestión de las colonias felinas. Una cuestión que, recuerda, “la sociedad civil lleva más de 20 años realizando” mediante labores de esterilización y cuidado de gatos comunitarios.

Según explica, los ayuntamientos llevan décadas afrontando las consecuencias del abandono animal, especialmente a través de centros de recogida o convenios con protectoras. Sin embargo, sostiene que en el caso de los gatos comunitarios ha existido una “inacción” prolongada.

“Nos hemos acostumbrado a que en nuestras calles haya gatos”, señala, recordando que muchos proceden de abandonos o de camadas nacidas fuera de los hogares. Frente a ello, destaca el trabajo realizado durante años por personas voluntarias que han dedicado “su tiempo, sus ahorros y su vida” a esterilizar y alimentar a estos animales.

Becerra recalca que un gato comunitario “no vive bien” en la calle y apunta que la esperanza de vida media de estos animales ronda los cinco años, frente a los 20 que pueden alcanzar en un hogar. Por eso, considera que la ley estatal viene a “recordar” a los ayuntamientos su responsabilidad de actuar sobre estas colonias mediante programas de esterilización y control poblacional. Además, defiende que la gestión de colonias no sólo mejora el bienestar animal, sino también la convivencia vecinal. “Los ayuntamientos que actúan ven reducidas sustancialmente las molestias”, sostiene.

En paralelo, también reivindica la necesidad de reforzar el control sobre criaderos y establecimientos de venta de animales de compañía para combatir el abandono y garantizar trazabilidad administrativa. A su juicio, existe una demanda social clara en favor de estas políticas. “Más del 80 o 90% de la ciudadanía pide mejorar la protección de los animales y su bienestar”, asegura.

Otro de los asuntos abordados durante la entrevista es la exclusión de determinados perros de trabajo de la Ley de Bienestar Animal, entre ellos los perros de caza. Becerra recuerda que la exclusión no afectó únicamente a los animales utilizados en actividades cinegéticas, sino también a perros de guarda de ganado, rescate o seguridad.

Sin embargo, considera que esa decisión contradice el criterio seguido históricamente por las normativas autonómicas desde comienzos de los años noventa. “Todas las leyes autonómicas dejan claro que todos los perros, por ser de la misma especie, tienen derecho al mismo bienestar con independencia de la actividad que realicen”, afirma.

En este sentido, explica que el Ministerio ha trabajado durante los dos últimos años en el desarrollo del futuro reglamento europeo de bienestar de perros y gatos, que previsiblemente será aprobado próximamente en Bruselas. Según detalla, tanto el Convenio Europeo de Protección de Animales de Compañía de 1987, ratificado por España en 2018, como la futura normativa comunitaria establecen que todos los perros deben contar con las mismas garantías de bienestar. “Con independencia de la actividad que realicen, esos perros tienen derecho al mismo bienestar”, insiste.

“La tauromaquia está en decadencia”

La entrevista también aborda la situación de la tauromaquia y el debate político y social generado en torno a ella. Becerra sostiene que las corridas de toros llevan años perdiendo respaldo social y asegura que “la sociedad española le ha dado la espalda”. Como ejemplo, menciona la escasa implantación de la tauromaquia en la cornisa cantábrica y cuestiona que pueda considerarse “la fiesta española”.

“El Gobierno de España ya no premia la tauromaquia”, señala en referencia a la retirada por parte del Ministerio de Cultura de los premios nacionales taurinos. Frente a ello, destaca la creación de los futuros premios nacionales de protección animal impulsados por el Ministerio de Derechos Sociales.

No obstante, admite las dificultades jurídicas existentes debido a la declaración de la tauromaquia como Bien de Interés Cultural en 2013, una figura que limita la capacidad de las comunidades autónomas para prohibirla. En este punto, recuerda la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) ‘No es mi cultura’, promovida desde la sociedad civil para derogar esa protección legal y que finalmente no prosperó en el Congreso.

Becerra considera que las comunidades autónomas deberían tener capacidad para decidir si quieren o no mantener espectáculos taurinos. “¿Por qué no podría decidir Cantabria que aquí la tauromaquia está prohibida?”, plantea. Además, pone el foco en la financiación pública de estos eventos. Según afirma, menos del 2% de la población española acude a los toros y una parte importante de esas entradas están subvencionadas. “Si no hubiese financiación pública, la tauromaquia estaría ya desaparecida o a punto de desaparecer”, asegura.

Durante la conversación, Becerra también cuestiona los discursos que vinculan de forma automática la defensa del mundo rural con la tauromaquia o con posiciones contrarias a determinadas políticas ambientales. En el caso de Cantabria, reivindica que la comunidad autónoma cuenta con una importante tradición ganadera compatible con modelos de producción extensiva y sostenible. “La ganadería no tiene por qué tener una ligazón con la tauromaquia”, afirma.

Asimismo, sostiene que es posible defender simultáneamente al sector ganadero y políticas de conservación de especies como el lobo. A su juicio, introducir estas cuestiones en dinámicas de confrontación política dificulta avanzar en consensos amplios sobre bienestar animal.

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