José vive en Muriedas, en la Avenida de Bilbao, 53A. El próximo viernes, 19 de junio, está decretado su desahucio. Dice que no cuenta con ninguna alternativa habitacional, y que las instituciones no le ofrecen ninguna ayuda. Lleva siete años viviendo allí.

Explica que un fondo de inversión compró su vivienda al banco y, posteriormente, la vendió a un particular que se aprovechó de un bajo precio de venta, pero sin importar el hecho de que hay una familia dentro del inmueble ni las consecuencias que pude tener el desahucio para ella.

Como agravante de la situación, José explica que tiene un hijo de 12 años con una discapacidad del 84%. Durante años, el Gobierno central, con la aprobación del Congreso de los Diputados, validó y fue prorrogando un decreto que incluía la medida de que no se pudiese desahuciar a familias vulnerables, siempre y cuando el juzgado dictaminase que debía aplicarse a los casos concretos. Ese decreto decayó el pasado mes de febrero.

Desde que se produjo ese cambio, los propietarios de inmuebles que querían disponer libremente de los inmuebles han ido acudiendo a los tribunales para solicitar la expulsión de familias, dado que se han quedado sin ese paraguas de protección. José y su familia podrían verse en la calle en sólo siete días.

Ante esta situación, el Sindicato de Vivienda ha convocado una acción para tratar de evitar el peor desenlace para la familia. La convocatoria es para las 8 de la mañana del día 19. En los últimos tiempos, sin embargo, se ha visto que los dispositivos policiales que deben encargarse de que la comitiva judicial pueda ejecutar la orden de lanzamiento cada vez se personan antes en los domicilios, para intentar evitar que nadie pueda entrar a ayudar a la familia en cuestión.

José dice, en un mensaje en redes sociales, que es «una víctima de la especulación, el oportunismo y la injusticia de este país». Se ve indefenso ante algo que puede arruinar su proyecto de vida.

El pasado fin de semana se produjo una manifestación por las calles de Santander en la que se denunciaba que las familias, especialmente las más vulnerables, se ven cada vez más protegidas ante los movimientos especulativos de grandes tenedores o no tan grandes, que buscan una rentabilidad cada vez mayor, ya sea elevando enormemente el precio de los alquileres habituales o sacando viviendas del mercado para destinarlas al alquiler turístico.

Al igual que en la capital de Cantabria, en las últimas semanas se están produciendo movilizaciones por toda España para exigir medidas que pueda paliar esta situación, que aboca a muchas familias a malvivir por pagar el alquiler, a buscar piso en una zona mucho más alejada de sus trabajos o, en el peor de los casos, a ser expulsadas de sus viviendas.