La Asociación Héroes de la República y la Libertad ha denunciado públicamente que el Ayuntamiento de Santander mantenga en el callejero municipal el nombre de Tomás Soto Pidal, quien fue capellán mayor y administrador del cementerio de Ciriego durante la represión franquista y responsable de que a los represaliados republicanos fusilados (sindicalistas, maestros, jóvenes, mujeres e incluso niños) fueran registrados sin nombre, de forma que sus familias no pudieron tener un lugar donde llorarles.

La entidad asegura que ha solicitado en varias ocasiones la sustitución de esta denominación. La última petición fue dirigida en marzo a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, sin que, según el comunicado difundido este 17 de julio, haya recibido respuesta. La asociación anuncia ahora una denuncia contra el Ayuntamiento por su “inacción” y reclama el cumplimiento de la legislación estatal sobre memoria democrática.

La calle Tomás Soto Pidal es una pequeña vía situada en el entorno del seminario de Corbán, en San Román de la Llanilla.

Soto Pidal tenía bajo su responsabilidad el registro de las personas enterradas en Ciriego. La asociación sostiene que, durante la Guerra Civil, centenares de personas represaliadas por el franquismo fueron inscritas como “desconocidas” pese a que el administrador conocía sus identidades.

Esta forma de registro, añade el colectivo, incrementó el dolor y la incertidumbre de unas familias que no pudieron localizar a sus allegados, enterrados en zanjas y fosas comunes. El comunicado cita también una anotación de 1937 en la que Soto Pidal certificó en una sola jornada la entrada y la inhumación de “unos noventa cadáveres”, entre ellos el de un niño de alrededor de nueve años.

Las investigaciones divulgadas anteriormente por El Faradio sitúan su nombramiento como capellán y administrador del Cementerio Civil de Ciriego en 1937, después de la ocupación franquista de Santander. Desde ese puesto era responsable del denominado ‘Registro General de Finados’. Entre 1937 y 1948, más de 836 personas fueron fusiladas junto a las tapias del cementerio.

La reconstrucción posterior de los nombres permitió recuperar la identidad de numerosas víctimas. La asociación cifra en alrededor de 850 las familias afectadas por unas inscripciones que impedían conocer dónde habían sido enterradas las personas fusiladas. El trabajo desarrollado durante años por el investigador y presidente de honor de la entidad, Antonio Ontañón, permitió localizar nombres y datos en distintos archivos: paradójicamente, fue un republicano el que ‘bautizó’ a quienes un cura privó hasta de su identidad.

La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, incluye entre los elementos contrarios a la memoria democrática las referencias en topónimos y callejeros que exalten la sublevación militar, la dictadura, a sus dirigentes o a quienes participaron en el sistema represivo.

La asociación considera que conservar esta calle supone un “demérito manifiesto de honor” y un agravio para las víctimas y sus familias. Además, sostiene que la denominación entra en conflicto con la normativa vigente y exige al Consistorio que inicie el procedimiento necesario para sustituirla.

“Sin memoria no hay democracia”, concluye el comunicado firmado por la junta directiva de Héroes de la República y la Libertad.

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