La Federación DEAN (Defensa Animal Cantabria) ha registrado un escrito dirigido al Ayuntamiento de Val de San Vicente en el que solicita la revisión de la prohibición de acceso de perros a determinados espacios públicos del municipio, así como el acceso al expediente administrativo que sustenta dicha medida.

En su escrito, DEAN manifiesta que la instalación de señalización que prohíbe el acceso de perros a parques, áreas deportivas y determinadas zonas del río plantea dudas sobre su adecuación al ordenamiento jurídico vigente, especialmente a la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que establece que las administraciones públicas deben promover el acceso de los animales de compañía a playas, parques y otros espacios públicos, sin perjuicio de aquellas limitaciones que estén objetivamente justificadas.

La Federación recuerda que cualquier medida restrictiva adoptada por una administración pública debe respetar el principio de proporcionalidad, recogido en la Ley 40/2015, y estar debidamente motivada, tal y como exigen la Constitución Española y la Ley 39/2015.

Por ello, DEAN ha solicitado copia íntegra del expediente administrativo, incluyendo la ordenanza, acuerdo o resolución que ampare la medida, así como los informes técnicos, jurídicos, sanitarios o ambientales que acrediten su necesidad y proporcionalidad. Igualmente, pide conocer el ámbito exacto de aplicación de la prohibición y si se valoraron alternativas menos restrictivas antes de su implantación.

“Si el problema es el incumplimiento de las normas por parte de una minoría, la solución pasa por reforzar la vigilancia y aplicar las sanciones previstas. No es justo ni proporcionado limitar el uso de los espacios públicos a quienes cumplen con todas sus obligaciones”, señala Victoria Cedrún, portavoz de Dean.

Finalmente, DEAN solicita que, si de la documentación se desprende que la medida carece de una motivación suficiente o resulta incompatible con la Ley 7/2023 y con los principios de proporcionalidad y buena administración, el Ayuntamiento proceda a revisar la decisión y retirar la señalización instalada. La Federación se ha reservado expresamente el ejercicio de las acciones administrativas y judiciales que pudieran corresponder en defensa de la legalidad vigente.