La Fiscalía de Menores se opuso durante 2025 a la intención del Gobierno de Cantabria de repatriar de forma acelerada a un «gran número» de menores extranjeros residentes en la comunidad autónoma. El Ministerio Fiscal no había sido informado previamente de esos planes y, tras conocerlos a través de la Delegación del Gobierno, trasladó el asunto a la Fiscalía de Sala de Menores.

Ambos órganos coincidieron en rechazar cualquier repatriación que pudiera plantearse «de forma colectiva e indiscriminada» y sin respetar los procedimientos establecidos legalmente. La propuesta quedó finalmente, según recoge la Memoria de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en una «mera declaración de intenciones que no se concretó».

El documento, referido a la actividad desarrollada en 2025, aborda también la situación de los menores, adolescentes y jóvenes migrantes no acompañados atendidos en Cantabria. La Fiscalía cuestiona la «relativa falta de previsión» de la Administración autonómica, constata la sobreocupación de los centros y advierte de salidas precipitadas de jóvenes que no habían completado sus procesos educativos y de inserción.

La Fiscalía conoció el plan por la Delegación del Gobierno

El episodio de las posibles repatriaciones se produjo en abril de 2025. Según la memoria, la entonces delegada del Gobierno –la socialista Eugenia Gómez de Diego– trasladó a la Fiscalía su preocupación después de conocer que el organismo autonómico responsable de la protección de menores había comunicado su intención de repatriar de manera acelerada a un «gran número» de menores extranjeros.

El Ejecutivo autonómico lo presentó entonces como una posible reagrupación familiar basada en el interés superior de los menores, aunque posteriormente se supo que seis de ellos carecían del permiso de residencia que el propio Gobierno debía haber tramitado y que el ICASS todavía no había remitido los informes individualizados reclamados por el Estado.

La Fiscalía de Menores no había recibido previamente información sobre esos planes. Tras comunicar la situación a la Fiscalía de Sala de Menores, ambas compartieron el criterio de oponerse a una eventual repatriación colectiva e indiscriminada.

La mayor llegada no se tradujo en más problemas de inseguridad…

La memoria incorpora además datos sobre la incidencia de los procedimientos de reforma —los vinculados a la responsabilidad penal de menores— entre los jóvenes migrantes acogidos.

Durante 2025 fueron atendidos en Cantabria 72 menores, adolescentes y jóvenes migrantes no acompañados, frente a los 41 del año anterior, lo que supone un incremento del 75,6%. Pese al crecimiento de las llegadas, solamente uno de los adolescentes acogidos tuvo abierto un expediente de reforma en la Fiscalía de Menores, y de hecho no existe sentencia que confirme que efectivamente se produjera el delito.

Es más, los menores extranjeros representaron en 2025 el 6,83% del total de menores que cumplieron medidas judiciales, frente al 5,3% del año anterior.  Es inferior a los de los años anteriores, pese a que llegaron más.

La propia Fiscalía señala que pese al «ruido» en redes sociales y medios, en realidad el perfil de los menores migrantes no acompañados es «menos conflictivo».

…pero generó salidas aceleradas y situaciones de vulnerabilidad

Pero la llegada de más menores sí que generó problemas…a ellos mismos, y no por situaciones ligadas a sus actos o decisiones.

La memoria advierte de que la «relativa falta de previsión» ante el incremento de llegadas tuvo también consecuencias para los jóvenes que ya estaban dentro del sistema, ya que las derivaciones desde primera a segunda acogida comenzaron a realizarse de forma acelerada y sin suficiente preparación.

Paralelamente, se precipitó la salida de algunos jóvenes acogidos mediante medidas de colaboración. Estas medidas permiten prolongar hasta los 21 años el acompañamiento de personas que estuvieron bajo protección de la Administración una vez cumplidos los 18.

Según la Fiscalía, el Gobierno de Cantabria informó de que no concedería nuevas medidas de colaboración y algunos jóvenes abandonaron los hogares sin haber completado sus procesos educativos o de inserción. La Fiscalía advierte de que estas salidas generaron «situaciones de mayor vulnerabilidad» al dejar a jóvenes fuera del sistema o sin haber podido acabar la formación para su inserción laboral.

Radiografía

Los menores procedían de Marruecos, Argelia, Mali, Costa de Marfil, Guinea-Conakri, Senegal, Túnez, Rusia y Gambia. Durante el año se realizaron siete procedimientos de determinación de edad, y la mayoría corroboraron que se trataba, efectivamente, de menores de edad.

La memoria es del año pasado, no de este, aunque sí recoge el incremeneto de llegadas a partir de octubre  y el cambio de gestión, o la apertura de los centros de Cartes y Castro, que se produjo este año y, por tanto, se abordará en la próxima memoria. En cualquier caso, ya avanza que los problemas que se produjeron en torno a ellos no fueron provocados por los menores, sino «desde fuera y con mala intención».

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