La Asociación de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans, Intersexuales y más de Cantabria (ALEGA), la Asociación Ciudadana Cántabra Antisida (ACCAS) y el Consejo de la Juventud de Cantabria (CJC) lamentan el veto, este 23 de septiembre, de sus solicitudes de comparecencia en el Parlamento de Cantabria durante la tramitación de la Ley de creación del Consejo LGTBI+ de Cantabria.

Las tres organizaciones consideran “sorprendente y preocupante” que no se haya querido escuchar a entidades que trabajan directamente con las realidades que esta norma pretende abordar. Antes de desarrollar una ley que debe articular la participación de las personas LGTBI+, consideran imprescindible escuchar a quienes conocen de primera mano sus necesidades.

La normativa cántabra que reconoce los derechos de las personas LGTBI+ ya establecía la creación de este Consejo como órgano de participación, representación y consulta, así como un plazo de dos años para que el Gobierno remitiera al Parlamento su ley de creación.

“Llevamos dos legislaturas y seis años desde la aprobación de la ley esperando un Consejo que la propia norma establecía que debía existir. Y ahora, cuando por fin se tramita su creación, se decide no escuchar precisamente a las entidades que llevamos años trabajando sobre el terreno”, señala Víctor Pérez, presidente de ALEGA.

Las comparecencias de ALEGA, ACCAS y el Consejo de la Juventud de Cantabria representaban, además, tres perspectivas directamente relacionadas con el futuro Consejo: la realidad de las personas LGTBI+, la juventud y la respuesta frente al VIH. Para ambas entidades, prescindir de estas voces supone perder una oportunidad para enriquecer una norma que debería nacer desde la participación social.

“La juventud no puede quedar al margen de las políticas que afectan directamente a su realidad. Si se quiere construir un órgano de participación, tiene todo el sentido contar también con la voz de las personas jóvenes y de las organizaciones que las representan”, afirma David Sanjuán, presidente del Consejo de la Juventud de Cantabria.

La creación del Consejo llega, además, en un contexto en el que persisten situaciones de discriminación y acoso hacia las personas LGTBI+ en ámbitos como el empleo, los centros educativos y universitarios o las redes sociales, tal y como recoge la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) en su último informe sobre igualdad LGTBIQ+.

“Las personas a las que acompañamos se enfrentan a problemas muy diversos. Por eso necesitamos políticas públicas construidas escuchando a quienes viven estas realidades y a quienes las acompañamos diariamente”, afirma Carmen Martín, coordinadora de ACCAS.

ALEGA recuerda, además, que ha elaborado su propia Estrategia LGTBI+ para Cantabria, que ha tratado de trasladar a diferentes instituciones sin haber encontrado hasta ahora el espacio de interlocución necesario. “No estamos pidiendo que se acepten nuestras propuestas sin debate. Estamos pidiendo que se nos escuche”, señala Pérez.

Las tres organizaciones reclaman que durante la tramitación de la ley se garantice la participación de las entidades LGTBI+, la juventud y las organizaciones que trabajan en la respuesta al VIH, y que el futuro Consejo cuente con una representación plural y conectada con las necesidades reales de la sociedad cántabra. Porque no se puede crear un órgano de participación sin participación.