La Comisión 8 de Marzo de Cantabria conmemorará un año más este lunes 28 de septiembre el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, «un derecho que debemos defender todos los días».

La plataforma feminista reitera en un comunicado su reivindicación de que «la interrupción voluntaria del embarazo se garantice en la sanidad pública y advierte de los obstáculos que todavía dificultan el ejercicio efectivo de este derecho en el conjunto del Estado».

«El derecho a decidir sobre la propia maternidad está reconocido legalmente en España, pero sigue enfrentándose a barreras de todo tipo», critica la Comisión 8 de Marzo de Cantabria, que advierte que «el reconocimiento legal de un derecho no garantiza, por sí solo, su ejercicio efectivo».

Para la plataforma feminista, «la garantía de una atención sanitaria pública en condiciones de seguridad, igualdad, intimidad y respeto a la autonomía de las mujeres, junto con la eliminación de obstáculos y la protección frente a las presiones ideológicas, son condiciones imprescindibles para que este derecho sea una realidad».

«En España, la atención al aborto presenta profundas desigualdades territoriales», subraya el comunicado, que alude a datos oficiales del Ministerio de Sanidad correspondientes a 2024, en los que el 78,74 % de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros privados, frente al 21,25 % en los públicos.

«La realización del aborto en la sanidad pública resulta especialmente importante cuando concurren circunstancias médicas que requieren atención hospitalaria, como en los casos de aborto por riesgo para la salud de la mujer o por anomalías fetales en gestaciones avanzadas», matiza el comunicado, que añade que «en estas situaciones, no basta con garantizar formalmente el acceso a la interrupción. Es necesario asegurar que la intervención se realice en el entorno asistencial más adecuado, con los medios hospitalarios y la atención que la situación requiera».

La plataforma cántabra aclara que, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Cantabria es la comunidad que mayor porcentaje de interrupciones voluntarias del embarazo realiza en el sistema público, en 2024, el 88,5%, frente a una media nacional del 21,25%. Además, atiende en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla todas las interrupciones motivadas por enfermedades maternas o anomalías fetales.

En la cartera de servicios de la sanidad pública

La Comisión 8 de Marzo considera que esta prestación sanitaria «debe formar parte de la cartera de servicios de la sanidad pública. Cantabria constituye un ejemplo de ello, aunque todavía le queden situaciones por resolver ya que aunque el Servicio Cántabro de Salud atiende a la inmensa mayoría de las mujeres que solicitan una interrupción, persisten derivaciones a clínicas concertadas de otras Comunidades Autónomas».

«En 2024, fueron derivadas 62 mujeres y en 2025, 71, a clínicas de Valladolid y Madrid y esta realidad plantea la necesidad de seguir avanzando para que todas las interrupciones se realicen en la red pública cántabra», precisa el comunicado de la plataforma feminista.

La Comisión 8 de Marzo en Cantabria explica que «a las barreras asistenciales se suman las concentraciones fundamentalistas en las entradas de algunas clínicas, donde las mujeres pueden encontrarse con reproches, rezos, presiones y ofertas de ecografías destinadas a influir en su decisión».

En este sentido, la Comisión 8 de Marzo defiende que «ninguna mujer debe ser intimidada, interpelada o sometida a presiones cuando acude a un centro sanitario para ejercer un derecho reconocido por la ley».

Asimismo, la plataforma cántabra rechaza «las medidas disuasorias que algunas comunidades autónomas han pretendido implantar, como la obligación de escuchar el latido fetal o visualizar una ecografía o la difusión de información falsa, como el denominado «síndrome postaborto», que carece de reconocimiento científico».

La Comisión también alerta de los intentos de debilitar el apoyo ciudadano a la interrupción voluntaria del embarazo mediante iniciativas legislativas que, bajo la denominación de protección del «concebido no nacido», pretenden atribuir al feto una titularidad de derechos equiparable a la de las mujeres. Esta concepción no se corresponde con el marco constitucional y legal vigente.

Por último, la Comisión 8 de Marzo recuerda que «Los derechos conquistados pueden verse amenazados por cambios en las mayorías parlamentarias y en las decisiones de los gobiernos. El Gobierno de Mariano Rajoy ya intentó modificar la legislación en 2013 mediante un anteproyecto de reforma que fue retirado en 2014».

Para la plataforma de organizaciones sociales, políticas y sindicales feministas de Cantabria, «la posibilidad de nuevos retrocesos nos obliga a mantenernos vigilantes, a no dar por conquistado para siempre el derecho a decidir y a defenderlo de forma permanente».