La acampada por la vivienda de la Plaza Porticada ha activado una caja de resistencia ante el aumento de las identificaciones policiales y la posibilidad de que deriven en sanciones económicas. Durante la pasada madrugada, según ha informado la propia acampada, la Policía Local volvió a acudir a la plaza y una participante fue identificada.

No es la primera actuación de este tipo desde el inicio de la protesta. En jornadas anteriores, la acampada ya había comunicado nuevas identificaciones y posibles sanciones, y había anunciado que las multas que pudieran imponerse serían asumidas de forma colectiva.

Ante esta situación, las participantes mantienen activa una caja de resistencia para hacer frente a las consecuencias económicas que puedan derivarse de la movilización.

Al respecto, la Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos (FECAV) ha criticado las identificaciones y posibles sanciones a las personas que participan en la acampada de la Plaza Porticada y ha dirigido sus reproches a la alcaldesa de Santander, Gema Igual. La organización vecinal cuestiona que se sancione a quienes “defienden el derecho a una vivienda pública” mientras, a su juicio, el Ayuntamiento no actúa con la misma contundencia ante otras ocupaciones del espacio público.

En su comunicado, la FECAV compara la actuación municipal ante la acampada con la aplicación de la Ordenanza de Terrazas y reclama que se haga cumplir también esa normativa en la hostelería. La federación sostiene además que en Santander debería impulsarse vivienda pública y critica que parte de la política urbanística dependa de la iniciativa privada.

CACEROLADA

La actividad reivindicativa  continúa este jueves con una asamblea abierta a las 17:00 horas y una cacerolada por el derecho a la vivienda a las 20:00 horas.

La acampada enmarca estas acciones en la continuidad de la movilización iniciada tras el desahucio de Maricarmen, que, según sus participantes, actuó como catalizador de una protesta más amplia por el acceso a una vivienda digna.

Desde este espacio reclaman leyes que garanticen el derecho a la vivienda y cuestionan el actual decreto del Gobierno, que consideran insuficiente. Frente a él, reivindican la propuesta popular denominada ‘Decreto Maricarmen’, con medidas como contratos indefinidos, una bajada de los precios de los alquileres y la expropiación de fondos buitre.

ACTIVIDADES

Además de las asambleas y movilizaciones, la acampada mantiene una programación abierta en la Plaza Porticada con talleres y conciertos.

El viernes, a las 18:00 horas, está prevista la actividad ‘Culturas de Barrio’, dentro de una agenda que la organización plantea como parte del espacio de encuentro y participación generado alrededor de la protesta.

«Culturas de Barrio» convoca un encuentro en apoyo a la acampada por la vivienda en la Plaza Porticada

CONCENTRACIÓN

La acampada asegura que cada día se acercan nuevas personas y mantiene su intención de permanecer en la plaza, al menos, hasta el sábado.

Ese día, a las 12.00 horas, habrá concentración frente  a la Delegación del Gobierno en Santander. Desde la acampada señalan que esta concentración se coordina con movilizaciones previstas en otros territorios y relacionan esa convocatoria conjunta con la dimensión estatal del problema de la vivienda y con la voluntad de mantener una respuesta común.

EL SINDICATO DE VIVIENDA RECUERDA SU ILP EN EL PARLAMENTO CÁNTABRO

El Sindicato de Vivienda de Cantabria incorpora a esta movilización reivindicaciones propias centradas en la comunidad autónoma y sitúa entre sus principales demandas la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la protección frente a la especulación sobre el suelo que ha presentado esta semana en el Parlamento de Cantabria.

El sindicato reclama que la Cámara autonómica acepte la tramitación de esta iniciativa y plantea también la prohibición del uso especulativo de la vivienda, la articulación efectiva de un parque público de vivienda, la aprobación de medidas frente a los pisos turísticos y la intervención y regulación del mercado inmobiliario para, en palabras de la organización, “acabar con el negocio de la vivienda”.

A través de la ILP, el sindicato propone reforzar la función social de la vivienda y habilitar medidas de intervención pública cuando esa función no se cumpla. Entre las medidas que expone figura la expropiación temporal del uso, además de mecanismos para regular el mercado inmobiliario, prevenir el desplazamiento residencial y articular alternativas habitacionales para familias afectadas por procesos vinculados a la especulación.

Desde la asamblea del sindicato sostienen que la vivienda es “el elemento más básico estructurador de la vida” y cuestionan que pueda tratarse como un bien de mercado con el que hacer negocio libremente.

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