La acampada por la vivienda de la plaza Porticada de Santander continuará después de su primera semana, con más de medio centenar de tiendas instaladas y con la mirada puesta en la convocatoria de una huelga general por la vivienda. La movilización mantiene así su presencia en el centro de la ciudad en una semana marcada también por el anuncio de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre.

La protesta cántabra se enmarca en una movilización que se ha extendido durante las últimas semanas por distintas ciudades del Estado y que tuvo como uno de sus detonantes el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, en Madrid. Desde entonces se han sucedido acampadas, concentraciones y manifestaciones en defensa del derecho a la vivienda y contra los precios del alquiler.

En Santander, la acampada considera que su primera semana ha estado marcada por un “duro trabajo organizativo, coordinación y puesta en marcha de todo lo necesario” para mantener en la calle la denuncia sobre la situación de la vivienda. El movimiento sostiene que el caso de Maricarmen fue “el pistoletazo de salida de algo que estaba siendo insostenible para la mayor parte de habitantes del Estado español” y entiende que la movilización se encamina ahora hacia una huelga general.

Ese horizonte ha ganado peso después de las movilizaciones del pasado fin de semana, que llegaron a  5.000 personas por las calles de Santander.

Desde la acampada de la Porticada insisten en que sus demandas siguen vigentes pese a los movimientos políticos de los últimos días y a la posibilidad de que algunas medidas puedan volver a tramitarse a través de la Diputación Permanente.

“Los decretos propuestos por el Gobierno no son suficiente, son un parche a este problema sistémico que nos cuesta la vida”, señalan.

Por su parte, explican, el Sindicato de Vivienda de Cantabria mantiene su apoyo a la acampada y continúa trabajando para canalizar la demanda de una huelga general por la vivienda. A escala estatal, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) han anunciado su intención de impulsar un paro general de 24 horas este otoño, aunque todavía no se ha fijado una fecha.

La acampada reclama una ley estatal de vivienda que garantice unos mínimos comunes y cuyo cumplimiento alcance a todas las comunidades autónomas.

Además, exige al Gobierno de Cantabria que, con independencia del marco estatal, ejerza sus competencias y asuma su responsabilidad en materia de vivienda.

La legislación estatal ya permite que las administraciones competentes declaren zonas de mercado residencial tensionado cuando existe un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda a precios asequibles. Entre los criterios previstos figuran que el coste medio de la hipoteca o el alquiler, junto con gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios de los hogares, o que los precios hayan crecido de forma especialmente intensa frente al índice de precios de consumo.

Por otra parte, las personas acampadas denuncian nuevas identificaciones por parte de la Policía Local de Santander y consideran que forman parte de un intento de “disipar la movilización ciudadana” mediante la amenaza de sanciones económicas. La acampada de Santander es la única en la cual la Policía Local se ha personado para presionar con posibles sanciones económicas, advierten.

Aseguran que no darán “ni un paso atrás” frente a unas identificaciones y posibles sanciones que califican de “arbitrarias”.

Según la nota difundida este seis de octubre por la acampada, desde el inicio de la protesta se han producido 19 identificaciones. En las actuaciones del pasado domingo, añaden, los agentes indicaron que las identificaciones tenían como objeto elaborar un informe. La acampada señala que queda a la espera de conocer el resultado de esas actuaciones.

La intervención policial se produce después de que la alcaldesa de Santander, Gema Igual, defendiera la aplicación de la normativa municipal y asegurara que las tiendas instaladas estaban “privatizando” la plaza Porticada. Igual afirmó que la ocupación de la vía pública requiere permiso y señaló que desconocía en ese momento qué expedientes estaba tramitando exactamente la Policía Local.

La respuesta desde la acampada es distinta. Frente a las palabras de la alcaldesa, sostiene que “lo que estamos haciendo es colectivizarla para tratar de sacar adelante todo lo que se está pidiendo, no solo aquí, sino todo el Estado”.