Maysa acusa a Mercadona de intentar un pucherazo en las elecciones sindicales de Cantabria

El sindicato dice que ese intento se ha producido a pesar de la intervención del juez y la Fiscalía. El magistrado traslada la documentación a la Fiscalía para que examine la existencia de presuntos delitos e infracciones
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El Sindicato MAYSA ha formalizado la ampliación de alegaciones y pruebas nuevamente ante el Juzgado de lo Social N.º 1 de Santander en el procedimiento de Autos 525/2026, tras lo que consideran «graves hechos ocurridos en el acto de constitución de la mesa electoral en Mercadona Cantabria», según dicen en un comunicado de prensa.

La actuación judicial cobra especial trascendencia al ser el propio magistrado del Juzgado quien ha requerido la revisión documental para que el Ministerio Fiscal examine si existen indicios de delito o vulneración de derechos fundamentales y emita sus alegaciones sobre la suspensión cautelar del proceso.

Intromisión de Recursos Humanos para desviar la atención y manipular a la mesa electoral

La central sindical ha aportado un exhaustivo dossier probatorio sobre los hechos acontecidos durante la sesión constitutiva del 28 de octubre en Solares. Según consta en las actuaciones y en las pruebas puestas a disposición de la Justicia, la responsable del Departamento de Recursos Humanos de la mercantil habría incurrido en una intromisión directa e inaudita en las deliberaciones, tomando la palabra de forma reiterada para impartir discursos y mítines ante los integrantes de la Mesa Electoral, a pesar de ser advertida por MAYSA que no podía realizar intromisiones.

El sindicato cree que la única finalidad de esta maniobra por parte de la representación empresarial fue manipular y condicionar el criterio de los componentes de la Mesa, intentando restar gravedad al contencioso judicial abierto, restar trascendencia a la intervención del Juez y la Fiscalía, e influir de manera directa para que la Mesa continuara con el proceso electoral por la vía de hecho.

MAYSA denuncia falta de transparencia, datos censales opacos y documental entregada a la parte social de la constitución totalmente irregular. En cuanto a la opacidad censal, MAYSA solicitó la entrega del censo laboral y la empresa se negó a entregarlo, afirman. También que hubo una omisión absoluta de la identificación nominal (nombres y DNI) de los miembros de las mesas parciales. Además, acusan a la empresa de un calendario restrictivo, por la introducción de recortes de horarios manuscritos a las 14:00 horas que cercenaban días hábiles y privaban de garantías al turno de tarde en un comité pluricéntrico. El sindicato asegura que las pruebas que tienen incluye el registro telemático de notificaciones, incluso grabaciones de audio que han sido trasladadas para que sean vistas y revisadas por el juez y el fiscal.

En resumen, estiman que Mercadona está tratando de sacar a MAYSA de la representación social como sea, y añaden que «ya lo demostró con los despidos de todos los delegados y si para eso tiene que pasar por encima de leyes, reglamentos, fiscales o jueces lo va a realizar con toda la impunidad que la caracteriza».

Declaración oficial de la representación del Sindicato MAYSA

Ante lo que ven como una situación grave, desde la dirección del Sindicato MAYSA emiten la siguiente declaración oficial:

«La vocación y la obligación de toda organización sindical es la negociación, el diálogo y la búsqueda de acuerdos que mejoren las condiciones de la plantilla. Sin embargo, resulta radicalmente imposible sentarse a negociar con una dirección empresarial que vulnera la legalidad, atropella la transparencia y pisotea los derechos fundamentales de sus trabajadores.

Llegados a este punto, con el requerimiento del Juez para que el Ministerio Fiscal examine la documentación y tras el salto de escala producido por estas conductas, el SINDICATO MAYSA anuncia que llegará hasta las últimas consecuencias por la vía penal.

Advertimos formalmente que no habrá impunidad: todo aquél —sea directivo, mando de la mercantil o representante de la parte social— que colabore, participe o sea cooperador de esta agresión continuada contra la plantilla y sus derechos de representación, se verá personal y directamente encausado en este proceso ante los tribunales.»

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