El Parlamento de Cantabria admite a trámite la iniciativa legislativa popular del Sindicato de Vivienda de Cantabria 

En los próximos días comenzará el plazo para presentar las 4.000 firmas que harían posible su paso al Pleno. El Sindicato de Vivienda propone, con esta ley, mejorar las medidas de intervención pública sobre el suelo para proteger la función social de la vivienda.
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En plena campaña de sensibilización hacia la Huelga General por la vivienda convocada el 11 de noviembre en todo el Estado, el Sindicato de Vivienda de Cantabria ha logrado que el Parlamento autonómico admita a trámite una ILP de protección frente a la especulación del suelo. En los próximos días, la asamblea organizada por el derecho a la vivienda iniciará la campaña para la recogida de firmas.

“Sabemos que puede haber influido el oportunismo electoral en la valoración de la admisión de esta ILP que elaboramos hace meses, pero aún así es una buena noticia para Cantabria y es la prueba de que la acción sindical es una herramienta esencial para cambiar las cosas. El trabajo de los últimos meses ha valido la pena y ahora toca que entre todas logremos que se haga realidad”, apuntan desde el Sindicato de Vivienda de Cantabria.

La iniciativa reivindica la necesidad de “mejorar las medidas de intervención pública sobre el suelo, edificado y no edificado, destinadas a garantizar su utilización conforme al interés general, hacer efectiva la función social de la propiedad, proteger el medio ambiente y prevenir y corregir los procesos especulativos que dificulten su uso racional y sostenible”.

El texto elaborado por el sindicato cántabro establece medidas dirigidas a evitar la especulación sobre el suelo destinado a usos residenciales, favorecer la utilización eficiente y la regeneración del parque edificado y reducir la presión sobre nuevo suelo. “Hay que facilitar y garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada para todas las personas, y eso pasa por proteger la función social de la vivienda a través de todos los mecanismos públicos. Pero lo decimos claro: eso no es compatible con seguir normalizando que se exploten inmuebles destinados al uso residencial como bienes de mercado sin limitaciones ni con tenderle una alfombra roja a quienes quieren llenarse los bolsillos a costa de la miseria de la mayoría”, declaran con contundencia desde el sindicato.

Los próximos meses serán cruciales. 4.000 firmas serán necesarias para que la ILP finalmente pueda ser trasladada al Pleno del Parlamento autonómico y tomarse en consideración para una posterior tramitación como ley ordinaria. “Sabemos también que la aprobación de iniciativas populares es históricamente ínfima, casi nula, pero tenemos que seguir empujando para devolverle a la vivienda su condición de derecho, para seguir disputando el relato que normaliza que se pueda mercadear con lo más básico y para construir soluciones colectivas”, explican desde la organización sindical. “Solo desde la solidaridad popular podremos conseguirlo —dicen—. Juntas y juntos tenemos el poder para transformar la realidad y caminar hacia un futuro en el que todas y todos tengamos un techo decente donde vivir y una legislación que cuide el territorio y a las vecinas y vecinos que lo habitan”.

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