El Ayuntamiento de Santander dispone de tres días para presentar ante el juzgado los datos completos y georreferenciados de las estaciones de medición de contaminación instaladas en la ciudad con financiación europea, según la información facilitada sobre el procedimiento judicial a la que ha tenido acceso EL FARADIO.

El requerimiento se produce en el marco del recurso contencioso-administrativo presentado por la Asamblea Ciudadana Santander Saludable, formada por catorce asociaciones, contra la ordenanza municipal de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

La organización lleva meses denunciando que el Ayuntamiento no ha hecho públicos de manera accesible los registros obtenidos por los equipos instalados para analizar la calidad del aire, el ruido y el tráfico. Estos datos resultan relevantes para conocer los niveles de contaminación en las distintas calles y evaluar los criterios empleados para delimitar la ZBE.

La controversia afecta también a la inversión pública realizada. El Ayuntamiento tramitó en 2022 el expediente 112/2022 para el suministro, instalación y puesta en marcha de soluciones tecnológicas vinculadas a la futura ZBE. Su presupuesto de licitación ascendía a 1,42 millones de euros, impuestos incluidos.

Posteriormente, el expediente 353/2023 contempló la implantación de una plataforma de gestión y control de la ZBE, con un presupuesto de licitación de 2,33 millones de euros, impuestos incluidos. El contrato fue adjudicado por una cantidad inferior a la inicialmente prevista.

En conjunto, ambos presupuestos iniciales sumaban alrededor de 3,75 millones de euros. Se trata de importes de licitación que no deben confundirse con el gasto finalmente adjudicado o ejecutado.

Una red de sensores cuyos datos reclama la ciudadanía

La Asamblea Ciudadana Santander Saludable ha señalado que la red municipal comprende diez estaciones de medición de la calidad del aire y alrededor de cuarenta sensores acústicos.

En septiembre de 2026, la organización denunció que el Ayuntamiento no había incorporado al procedimiento judicial documentación que consideraba esencial, entre ella los datos ambientales utilizados para justificar la delimitación de la ZBE y la documentación relativa al Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

El colectivo cuestiona que se haya establecido el perímetro de la zona de bajas emisiones sin facilitar públicamente las mediciones que permitirían comprobar las condiciones ambientales de las diferentes áreas de Santander.

Entre sus principales objeciones figura la elección del Ensanche, una zona parcialmente peatonalizada, mientras quedan fuera otros espacios con mayor intensidad de tráfico, como Castilla-Hermida, la calle Alta, San Fernando, Cuatro Caminos o el entorno de las estaciones.

La Ley 27/2006 regula el derecho de acceso a la información ambiental, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos relacionados con el medio ambiente. La reclamación de los datos se sitúa, por tanto, también en el debate sobre la transparencia de las administraciones y el acceso de la ciudadanía a la información obtenida con recursos públicos.

Los antecedentes: de negar el problema a contratar equipos de medición

La polémica sobre la contaminación de Santander viene de años atrás.

En 2023, la alcaldesa, Gema Igual, defendió que el Ayuntamiento actuaría con prudencia al establecer la Zona de Bajas Emisiones y que su delimitación respondería a datos, no a decisiones arbitrarias.

También rechazó que la contaminación atmosférica constituyera un problema generalizado en Santander, pese a que se habían registrado superaciones de determinados niveles de partículas.

Posteriormente, informaciones publicadas sobre los estudios municipales de la ZBE señalaron que seis de los diez puntos analizados presentaban niveles de contaminación superiores a los valores de referencia considerados en ese análisis. El Ayuntamiento sostuvo que la ciudad no sufría un problema general de contaminación, aunque reconoció episodios excepcionales.

Por otra parte, en 2023 se informó de la adjudicación a Telefónica de sistemas de sensores destinados a gestionar aspectos relacionados con la calidad del aire, el ruido y el aparcamiento, mediante una inversión situada en torno a 1,2 millones de euros.

La discusión sobre qué datos existen, qué zonas presentan mayores concentraciones de contaminantes y cuáles han sido los criterios utilizados para establecer las restricciones ha acompañado así al desarrollo de la ZBE.

Contaminación también en los entornos escolares

A estas controversias se añaden los resultados de las investigaciones de Ecologistas en Acción sobre la contaminación atmosférica en los entornos escolares de Cantabria.

En abril de 2026, la organización presentó mediciones realizadas en las inmediaciones de 32 centros educativos de Santander y Torrelavega, dieciséis en cada municipio.

Todos los entornos analizados superaban el valor anual de referencia de dióxido de nitrógeno recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), establecido en diez microgramos por metro cúbico.

Además, doce de los dieciséis centros examinados en Santander superaban los 20 microgramos por metro cúbico, el nuevo límite anual establecido por la normativa europea de calidad del aire para 2030. Estas mediciones constituyen indicadores de exposición y no equivalen, por sí solas, a una declaración de incumplimiento de los límites legales anuales actualmente vigentes.

El dióxido de nitrógeno es un contaminante relacionado principalmente con los procesos de combustión y el tráfico motorizado en los entornos urbanos. La exposición a la contaminación atmosférica constituye uno de los factores ambientales que afectan a la salud pública.

La Asamblea Ciudadana Santander Saludable sostiene que la delimitación de la ZBE debe responder a las condiciones reales de contaminación de la ciudad y garantizar que las medidas de reducción de emisiones alcancen a los espacios donde se registran mayores concentraciones de tráfico y contaminantes.