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Militantes piden a Carlos Cortina que dé un paso atrás en el PP de Astillero

29 de enero de 2018. POR

Militantes del Partido Popular en Astillero han pedido al exalcalde, Carlos Cortina, que dé un paso atrás en la dirección de la agrupación local en el municipio.

Así quedó incluso plasmado en una votación a finales del año pasado en el seno de la Junta Local del PP de Astillero, en la que se pidió una renovación de los órganos del partido, según ha podido saber EL FARADIO.

Fue una votación que salió adelante por una amplia mayoría, con el voto en contra del único propio Cortina y una abstención de alrededor de veinte componentes de la Junta local, los concejales y los miembros de la Junta Directiva Regional que sean de Astillero.

No obstante, que se acepte esta decisión depende en parte de la dirección regional del partido, a la que se ha hecho llegar esta situación.

Se trata de un relevo en la dirección del partido, no al frente de la portavocía del Grupo Municipal, y no se centra ni en los nombramientos de los concejales del PP ni en la candidatura a las próximas elecciones municipales (asunto que la presidenta del PP cántabro, María José Sáenz de Buruaga adelantaba recientemente que se esperaba tener avanzado de cara al verano).

Carlos Cortina fue designado alcalde de Astillero en 2006, después de que Ignacio Diego, su predecesor y de cuyos equipos de gobierno formó parte como concejal de Hacienda, pasara a dirigir el PP de Cantabria (el expresidente cántabro y exlíder del partido anunciaba recientemente que a finales de la legislatura finalizará su etapa política).

Después gobernaría tras lograr mayoría absoluta en las urnas, hasta 2015, en que pese a ser primera fuerza, no logró mantenerla y desde entonces en Astillero gobierna un equipo de Gobierno compuesto por PRC y PSOE, con el regionalista Francisco Ortiz como alcalde.

Paralelamente, Carlos Cortina está pendiente desde 2013 de un proceso judicial en el que se investiga si contrató irregularmente a la hermana de una funcionaria vinculada al partido, a la que habría pagado 100.000 euros por prestaciones que se consideran inexistentes, tal y como ha venido siguiendo eldiario.es en Cantabria. En ella se investigan presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y apropiación indebida. La causa la instruye (investiga) el Juzgado de Instrucción número 3 de Santander. La Audiencia de Cantabria ha rechazado su recurso de apelación, de modo que está pendiente de que se concrete la imputación, paso previo al juicio.


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