Ya no es sólo la justicia la que recaba datos sobre la gestión de la planta de residuos de Copsesa, la empresa del alcalde de Ramales de la Victoria, José Domingo San Emeterio y miembro del Comité Ejecutivo del PP, en Camargo.

Los tribunales investigan si se produjo delito ambiental y prevaricación en este proyecto, en una instrucción que tiene como imputados al propio San Emeterio y al director general de Medio Ambiente, cuyo silencio en un trámite permitió que la planta siguiera adelante tras una prohibición.

Ahora es la Comisión Europea la que recaba información sobre este asunto, tal y como ha asegurado la institución en respuesta a una pregunta parlamentaria de la eurodiputada de UPYD Mayte Pagazaurtundúa.

Y lo hace porque aparte de lo relacionado con el posible delito medioambiental y el de prevaricación (por la presunta concesión de una licencia no adecuada para la planta), en este proyecto entra en juego otro factor: el uso de fondos europeos, tal y como recuerda el candidato a la Presidencia de Cantabria, Román San Emeterio.

La carretera hacia el faro es el banco de pruebas del proyecto Green Road en Santander

En concreto, se trata del proyecto Green Road, al que la Unión Europea ha aportado 643.115 euros (del total del 1,3 millones que costará) y que implica también a la Universidad de Cantabria y al Ayuntamiento de Santander, gobernado por Íñigo de la Serna, compañero de partido del propietario de Copsesa, adjudicatario habitual de obra pública en la ciudad (entre ellas el vial de Amparo Pérez, la vecina de Santander fallecida tras una larga lucha contra la expropiación de su finca en la Vaguada de Las Llamas).

Tal y como se ‘vendió’ en su momento, el proyecto Green Road trata de emplear asfalto ecológico, con un 90% de mezclas recicladas de distintos materiales, para la construcción de carreteras asfálticas, material que se elaboraría precisamente en la planta de Camargo cuyo trámite administrativo está siendo investigado por la Justicia.

EL PAPEL DE LA COMISIÓN

La eurodiputada de UPYD Mayte Pagazaurtundúa

La eurodiputada de la formación magenta informó a la Comisión del proceso judicial impulsado por la Fiscalía de Cantabria (con Ecologistas en Acción y una plataforma vecinal como acusadores) contra la empresa por presuntos delitos medioambientales y de prevaricación administrativa.

En la respuesta, la Comisión informa a la parlamentaria de que “está siguiendo de cerca la ejecución del proyecto en el marco del programa LIFE para garantizar que no se menoscaben los intereses financieros y la reputación de la UE”, por lo que solicitará, “sin demora”, “aclaraciones al beneficiario en cuestión” (es decir, Ayuntamiento, Universidad y Copsesa), además de “seguir atentamente la evolución de la actual investigación”.

Aunque se matiza que en estos momentos no se tienen pruebas de posibles infracciones de la legislación medioambiental comunitaria por el proyecto Green Road, se recuerda que se le da mucha importancia al trámite de impacto ambiental, justo el que se puso en cuestión en este caso al considerarse que no era necesario.