Este miércoles 14 de octubre es un día señalado en el calendario de los trabajadores de la fábrica fallida de Ecomasa (Nestor Martin) en Maliaño, porque declaran en el juzgado nº 5 de Santander los socios del proyecto, Jesús Lavín y Andrés de León, en calidad de imputados por presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental.

También está imputada en este proceso la exdirectora del Servicio Cántabro de Empleo, María Ángeles Sopeña, que visó los cursos de formación que los trabajadores niegan que se cumplieran.

Sin embargo la jornada empieza con malas noticias para los trabajadores, porque han perdido en la otra vía judicial, en la reclaman por lo social la anulación de sus despidos. Contra esta sentencia que rechaza las demandas individuales de los trabajadores cabe recurso, algo que harán efectivo en los próximos días según ha podido saber EL FARADIO.

No hicieron lo propio, recurrir, ante la sentencia de la Sala Social del TSJC que desestimó la demanda de nulidad del ERE que afectó a 42 de los trabajadores, aproximadamente la mitad de la plantilla, en la última fase de la empresa antes de entrar en concurso de acreedores.

Imagen que circuló mucho por las redes sociales al comenzar los problemas en la fábrica.

Ecomasa World Investment (EWI), como se llama la sociedad que canalizó hasta 18 millones de euros de ayudas públicas, recibió además otros 3,2 millones, el equivalente a las indemnizaciones de los 88 despedidos en TEKA que aceptaron renunciar a su cobro para mantener un puesto de trabajo en la fábrica de Maliaño.

Las declaraciones de Lavín y De León están enmarcadas en la querella criminal presentada por los trabajadores, al sospechar que los socios pudieron malversar los fondos públicos y destinarlos fuera de Cantabria, a través de una compleja trama societaria.

De la misma opinión es el Gobierno de Cantabria, que la semana pasada presentó, a través de SODERCAN, un escrito de denuncia ante la Fiscalía de Cantabria, después de que la auditoría encargada a la firma internacional Ernst & Young apreciara indicios de delito en la gestión de EWI.

Sin embargo, el Ejecutivo no ha acudido a querellarse a la Justicia ordinaria ni se ha presentado en la querella de los trabajadores, donde podría ser acusación particular y aportar documentación relevante.

Esto le ha costado alguna crítica, desde la abogada de los empleados de Ecomasa, María Teresa Ortíz, hasta el secretario general de CC.OO., Carlos Sánchez.