Lavín y De León involucran a Teka y al ICAF en la estafa de Ecomasa

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Recibidos al grito de “chorizos” por los trabajadores de Ecomasa, sus exgestores Jesús Lavín y Andrés de León han declarado este miércoles ante el juzgado que investiga la estafa de las estufas.

O, dicho de otro modo, qué sucedió con los 3,2 millones de euros de las indemnizaciones que los despedidos de Teka invirtieron en ese otro proyecto frustrado que, además, recibió inyecciones de dinero público por valor de 18 millones de euros con el anterior Gobierno.

Jesús Lavín y Andrés de León están citados como imputados por un presunto delito de malversación, administración desleal y apropiación indebida, en una acción judicial presentada por los trabajadores que se encuentra en su fase previa, es decir, en las investigaciones en base a las cuales se determinará si hay o no juicio.

Ambos llegaron de la mano del entonces presidente de Cantabria, el ‘popular’ Ignacio Diego, y tras el fiasco en la fábrica (problemas de liquidez debido a unas previsiones irreales con respecto al mercado que llevaron a la necesidad de continuas inyecciones de dinero público), han tratado de desviar las responsabilidades a otras instancias.

SEÑALAN A TEKA, EL IFCA Y EL NUEVO GOBIERNO

En concreto, a Teka, la fábrica de la que procedían los trabajadores a los que se ‘vendió’ que quería ayudarse, y al Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), organismo del Gobierno de Cantabria que gestiona este tipo de inversiones.

Y al actual Gobierno de Cantabria, por no haber cumplido el Plan de Viabilidad de Hub Advisory, la empresa vasca que sustituyó a los gestores de Ecomasa. Han asegurado que si PSOE y PRC hubieran renovado los avales y se hubieran dispuesto las líneas de financiación la empresa no hubiera cerrado.

De Teka han recordado que fue socia en el proyecto, como empresa, pero que podía salirse cuando quisiera, vendiendo sus acciones por un euro, como finalmente sucedió, según refleja la auditoría encargada por este Gobierno.

La responsabilidad del ICAF sería en su función de controlador y fiscalizador de todas las disposiciones de dinero público.

SIN ENRIQUECIMIENTO PERSONAL

Los exgestores han negado enriquecimiento patrimonial con todo lo sucedido, y, al contrario, han asegurado que arriesgaron su propio patrimonio.

Lavín y de León se han negado a responder a las preguntas de la acusación particular, de la representación de los trabajadores (un derecho que tienen todos los imputados en un proceso judicial).

También ha declarado la exdirectora del Servicio Cántabro de Empleo (SCE), María Angeles Sopeña, pero por un asunto de los cursos de formación (firmados sin que llegaran a celebrarse realmente); que no es la estafa central que se denuncia.

Quien no participa en este proceso judicial es el Gobierno de Cantabria, que ha optado por llevar el asunto a la Fiscalía, delegando en este órgano la responsbalidad, y renunciando a acompañar a los empleados en esta acción judicial, por lo que no han podido, por ejemplo, plantear preguntas a los imputados o defender en esta causa los 18 millones de dinero público que faltan.

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