La denuncia ante la Fiscalía fuerza una declaración de apoyo a los afectados de Tetuán

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El Ayuntamiento de Santander llevará al próximo Pleno la declaración institucional de apoyo a los afectados por el incendio de Tetuán a la que se comprometió el pasado mes de julio.

El incumplimiento de lo que no deja de ser un acuerdo plenario es el motivo que alegó una vecina de la zona, Verónica Fraile, para llevar al alcalde, Íñigo de la Serna, a la Fiscalía Superior de Cantabria, por un presunto delito de prevaricación, en una petición que fue admitida a trámite.

Incendio en la calle Tetuán el 8 de octubre de 2008 || Foto: Joaquín Gómez Sastre

Incendio en la calle Tetuán el 8 de octubre de 2008 || Foto: Joaquín Gómez Sastre

Ahora, tras la denuncia (y los avisos previos de la vecina de que no se había cumplido el acuerdo), el equipo de Gobierno ha elaborado una declaración institucional en la que incluye a representantes de todos los grupos de la Corporación para que se apruebe en el próximo pleno.

En la declaración, a la que ha tenido acceso EL FARADIO, se muestra el “apoyo” del Ayuntamiento a los afectados por la explosión de gas y el posterior incendio, así como “su pesar por los difíciles momentos que han tenido que atravesar desde entonces”.

“La Corporación municipal reconoce las angustiosas circunstancias que han vivido los afectados y quiere expresar su solidaridad con todos ellos”, añade la declaración.

El texto no hace alusión alguna a las causas del incendio (un fuego latente que quedó tras la explosión) ni a los fallos en los servicios municipales (la ausencia de un retén de guardia).

Estos aspectos quedaron reflejados en la sentencia que condenó al Consistorio a indemnizaciones a los vecinos, y que incidió en el mal funcionamiento de las administraciones esa noche, pese a lo cual el equipo de Gobierno con el alcalde a la cabeza siempre ha definido esa intervención como “ejemplar”.

El texto no incluye petición de perdón por estos errores ni por los problemas urbanísticos que se produjeron después y que llevaron a la desaparición de los edificios afectados.

La denuncia de la vecina se fundamentaba en otro aspecto: una petición de actualización de los protocolos de actuación en este tipo de emergencias, aprobada también en ese pleno.

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