El Gobierno de Cantabria ha acusado a la CEOE, órgano de representación empresarial, de participar de una “estrategia de desgaste” junto al Partido Popular.

Lo hace en respuesta a las críticas de PP y la patronal a la supresión de las ayudas a la contratación indefinida, en un comunicado que obvia las críticas realizadas también por otros partidos como Ciudadanos y Podemos y por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras.

En el plano estrictamente partidista, las críticas de los partidos parlamentarios de la oposición (que suman mayoría) atribuían este “recorte” a la necesidad de controlar el déficit en la recta final del año.

Juan José Sota, consejero de Economía

Pero en el de la parte social, en la que coincidieron patronal y sindicatos, la queja era por la falta de información previa de esta medida en los órganos de representación social y el hecho de que se haya suprimido la ayuda sin anunciar una que la sustituya.

El Gobierno defiende que esas ayudas a la contratación indefinida “no se han retirado” y “continúan”, y que lo que va a hacerse es “reformular” la subvención a la contratación indefinida y a establecer nuevas líneas de apoyo en un nuevo decreto que entrará en vigor con efecto retroactivo con fecha de inicio del día siguiente al de la derogación.

Por tal motivo, aseguran que desde la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo se están negociando en la Mesa Sectorial de Empleo y Formación todas las ordenes de empleo y formación y por supuesto también el nuevo decreto.

“No se entiende que ahora se hagan preguntas sobre quién dice que no se va a negociar o quien puede decir que no sabía nada de la derogación del decreto ya que esto se comunicó hace un año en el Consejo de Dirección del Servicio Cántabro de Empleo, organismo del que forma parte la CEOE-CEPYME de Cantabria”, afirman.

Los argumentos del Gobierno de Cantabria pasan por rechazar que 15 meses (el período de vigencia de la ayuda) sea “sinónimo de empleo estable” o “de calidad”. También rechazan que sea por motivos presupuestarios: el presupuesto del departamento del que penden esas ayudas incluso se ha ampliado.

El Gobierno acusa a CEOE de “desconocer” las bases de las subvenciones. Desde CEOE aseguraban que era pronto para conocer si se estaba produciendo fraude (despidos justo en cuanto acabaran las ayudas), y desde el Ejecutivo dicen que ya se está produciendo, sin ofrecer datos.

No es la primera vez que el Gobierno carga contra con representantes de la sociedad civil (recientemente acusaba a la FAPA de desconocer cómo funcionan los centros educativos) ni con la CEOE.

Hace poco, desde el PSOE también censuraban la actitud de su presidente, Lorenzo Vidal de la Peña, por cuestionar la gestión de Salvador Blanco, consejero delegado de la empresa pública SODERCAN (gestión cuestionada por el Tribunal de Cuentas, un auditoría, el interventor general o la judicatura, además del conjunto del arco parlamentario –PP, Podemos y Ciudadanos–). El partido le reprochó su “hipocresía e irresponsabilidad”, y otras voces situaron a Vidal de la Peña junto a Podemos. Ahora le ubican junto al PP.