El Plan General de Ordenación Urbana de Santander está pendiente de conocer la sentencia del Tribunal Supremo sobre su anulación, pero este documento, principal norma que regula el urbanismo en la ciudad –y con consecuencias en materia de impuestos municipales que dependan del valor del suelo—tiene otro frente judicial abierto.

Es el que han abierto el de los propietarios de la comunidad del Zoco, que pleitean por la expropiación de un vial en un recurso que además se ha convertido en una enmienda a la totalidad del Plan General de Ordenación Urbana.

Porque, según explicaba su abogado, Miguel Ángel Gutiérrez Liébana, en EL FARADIO DE LA MAÑANA, “todo parte de un error de concepción y planeamiento”.

“Primero se produjo la decisión de desarrollar todo el suelo, y luego los redactores dicen lo que van a hacer”, explicaba.

Además, incidía en los aspectos financieros del plan general, y en proyectos recogidos en el plan como los túneles o el metro ligero, de los que, asegura, “no existe nada”.

Para este letrado, existe una diferencia respecto al primer recurso que Arca presentó contra el PGOU que el TSJC rechazó (aunque luego lo confirmó el Supremo, que es quien anulará el Plan), y es el momento en que se produce su votación.

“Una cosa es discutir sobre previsiones futuras que no se sabe si se van a cumplir, y otra es hablar ya de realidades: en este primer cuatrienio, la realidad indica que no se ha cumplido ni el 5% del plan. Basta ver los objetivos y el grado de cumplimiento para ver que no se va a cumplir”, advertía.

Al respecto, la diputada nacional de Unidos Podemos por Cantabria, Rosana Alonso, opinaba que la previsión de población recogida en el PGOU (más de 270.000 habitantes) “parece más el intento de dar dinero a constructores para seguir dando licencias a destajo”.

Respecto a la cuestión concreta del Zoco, el abogado de los propietarios denuncia que se trata de “un engaño y un atraco” motivado por el “desarrollo anárquico” de la zona y un problema circulatorio “provocado por el Ayuntamiento con su inactividad”.

Gutiérrez-Liébana recuerda que en su día los propietarios ya cedieron un vial, y que además en el Plan General hicieron alegaciones que fueron recogidas inicialmente pero que luego se eliminaron.

Es un problema, el de la circulación, que se quiere solucionar a través de ellos, algo que “no se puede consentir: es como si te dicen que vienen a tu casa y te quitan una habitación, aseveraba.