La abogada del Estado acepta, de nuevo, el archivo de la expulsión de Samuel

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Samuel

Samuel, en una entrevista concedida a El Faradio en el mes de septiembre || Foto: Guillem Ruisánchez

 

Como un regalo de Reyes para Samuel (nombre ficticio), la Abogada del Estado se ha allanado, o lo que es lo mismo, ha aceptado los argumentos de la defensa en el procedimiento de expulsión contra el menor camerunés.

Con esta resolución trasladada el pasado jueves, 4 de enero, el segundo expediente de expulsión de Samuel avanza en la misma dirección que el primero, resuelto en el mes de enero. Es decir, hacia el archivo de la orden de expulsión, como recientemente resolvió la Delegación del Gobierno también para otro menor extranjero no acompañado, también de Camerún.

De nuevo, ha quedado acreditado que el camerunés contaba con documentación expedida por su país de origen que indicaba una edad de 15 años a su llegada a España.

En un primer momento, su partida de nacimiento, aportada tanto a la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional como al ICASS, en el trámite de registro del MENA en el Centro de Acogida de Ojaiz.

Y después, iniciado un primer proceso de expulsión a pesar de estar válidamente documentado , Samuel logró aportar su pasaporte internacional, expedido por la Embajada en Madrid.

Por lo tanto, y dado que ninguna administración había impugnado la validez de estos documentos y en cumplimiento estricto de la Ley de Extranjería, no era de aplicación el Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los menores extranjeros no acompañados (conocidos como MENAS, en el argot jurídico).

Actuaciones como las pruebas de determinación de la edad, pruebas médicas en Valdecilla encargadas por la Fiscalía de Menores a instancias del propio ICASS, en un procedimiento en el que, además de estar tachado como ilegal por las Naciones Unidas y diversos organismos nacionales e internacionales, se han revelado irregularidades para este caso concreto, como la ocultación a la Fiscalía de la partida de nacimiento con la que Samuel llegó a Cantabria.

El informe de la Abogada del Estado era presumible, porque la administración no puede ir contra sus propios actos.

Así, después de aquel primer acto administrativo que resolvió archivar la expulsión de Samuel, en el mes de enero, con informes contundentes tanto de la Abogada del Estado como del Defensor del Menor, no era de esperar ningún cambio de posición al respecto.

DESACUERDO SOBRE EL PERMISO DE RESIDENCIA

Según ha podido saber El Faradio, el juez ha suspendido la vista que estaba programada para este próximo lunes, 9 de enero.

Así lo ha resuelto, porque la Abogacía del Estado está de acuerdo con la primera petición de la defensa de Samuel, la anulación de la orden de expulsión.

Sin embargo, la abogada del Estado no acepta la segunda pretensión del menor camerunés, que es  la concesión del permiso de residencia.

En este sentido, replica que la Ley de Extranjería es muy clara sobre la concesión de permisos de residencia a MENAS, que se contempla sólo en el caso de la existencia de un tutor legal, una figura que en ningún momento ha podido tener Samuel, precisamente por la actuación del Gobierno de Cantabria (ICASS).

Pero la abogada de Samuel, Eugenia Gómez de Diego, exdirectora general de Juventud y excandidata a la Alcaldía de Santander, ha registrado un escrito en el que discrepa con la postura del Estado en lo relativo a la exigencia del MENA de la concesión de su permiso de residencia.

El menor argumenta que su situación en Cantabria, donde llegó perfectamente documentado con tan sólo 15 años, debía haber desembocado en la tutela administrativa por parte de los servicios sociales de la comunidad autónoma y en la concesión de permiso de residencia.

Y su defensa sostiene que, aunque es el Gobierno de Cantabria quien debe asumir la tutela y por tanto solicitar como tutor del MENA su autorización de residencia, la Delegación del Gobierno puede concederlo de oficio, sin que se lo pida su tutor legal, que en este caso no lo tiene por la negativa del ICASS a asumir su tutela, lo cual será objeto de otro procedimiento judicial.

De manera que, en definitiva, queda para el juez dilucidar si se puede conceder autorización de residencia sin tutor legal o es competencia exclusiva del ICASS.

LA ACTUACIÓN DEL ICASS

Y es que el pasado mes de junio de 2016, archivada ya una primera orden de expulsión en el mes de enero – al quedar acreditado que Samuel contaba con documentación oficial de su país cuya validez no había sido impugnada, cuando se habían cumplido tres meses de guarda por parte de la comunidad autónoma y correspondía la concesión de la tutela administrativa, el ICASS volvió a pedir a la Fiscalía de Menores que se pronunciara sobre su edad, como lo había hecho la primera vez, en el sentido de que contaba con «18 años o más», basándose en una prueba médica que no debió haberse practicado y en cualquier caso descalificada por el Defensor del Pueblo, por ser demasiado esencial.

La defensa de Samuel argumenta que, con su actuación, el ICASS reactivó su expulsión. Y que la consecuencia de ello es que se desprendió de su obligación legal de convertirse en tutor del menor camerunés, lo cual le habría valido la concesión inmediata del permiso de residencia.

Y aunque, en este caso, el Gobierno de Cantabria es la única traba para la concesión del permiso de residencia en España, la defensa del menor camerunés recalca que es competencia del Estado conceder los papeles a Samuel.

Así, una vez la Abogacía del Estado está conforme con la anulación de la resolución recurrida, la orden de expulsión, el juez deberá resolver sobre si cabe conceder ya la autorización de residencia o habrá que esperar a que se resuelva el procedimiento judicial abierto contra el ICASS.

MOVILIZACIÓN SOCIAL Y AGITACIÓN POLÍTICA

El caso Samuel ha despertado una movilización social que se vio reflejada en una petición en change.org, impulsada por Pasaje Seguro Cantabria, que exige la protección de los menores extranjeros no acompañados en lugar de su expulsión, que ha contado con más de 100.000 firmas.

Después de una primera reunión con la dirección del ICASS y los funcionarios del área, Pasaje Seguro comenzó a pedir la actualización de los protocolos en la atención a MENAS en Cantabria, hasta llevar una propuesta concreta a la mesa del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

Por otra parte, la exclusiva de El Faradio derivó en preguntas y mociones en el Parlamento, con debates bastante acalorados tras los que Podemos pidió las dimisiones de los máximos responsables del ICASS, la directora, Felisa Lois, y la subdirectora de Infancia, Adolescencia y Familia, Vanesa Solórzano

Por su parte, la vicepresidenta del Ejecutivo, Eva Díaz Tezanos (PSOE), cuyo departamento se negó a valorar en un primer momento el caso Samuel, tras su última intervención en el Parlamento, comentó en Twitter que «no todo vale en política» y señaló a «quienes publican falsedades, quienes buscan protagonismo y quienes utilizan a las personas».

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