La asociación ecologista ARCA, conocida por denuncia desastres como el del Cuco, ha denunciado la “involución arboricida” que sufre Cantabria, en un tiempo en que la administración autonómica y local está mostrando un “nulo interés” a poner en valor y gestionar “de forma sostenible” el arbolado de Cantabria.

Imágenes aéreas de la tala del bosque de Loredo.

ARCA también responsabiliza a los grupos políticos y a las instituciones en general de reinstalar una mentalidad y unas prácticas “que suponen un retroceso de 30 años”, al “generalizarse” las talas de especies autóctonas en espacios protegidos, la eliminación innecesaria de árboles en carreteras, las podas salvajes y mutilantes en zonas urbanas, y la progresiva desaparición del arbolado en plazas, parques y paseos.

Por ello, ha pedido que el Gobierno de Cantabria reconsidere la “necesidad” de aprobar de una Ley de Fomento del Arbolado. También se ha referido concretamente sobre la tala de Loredo, que ha pedido que se limpie y regenere.

De hecho, exigen la retirada de la gran cantidad de ramas secas y material vegetal abandonadas por la maderera en las parcelas, por su elevado riesgo de incendio, que se redistribuya homogéneamente los montones de arena que ocultan los plumeros y matorral, resultado del rastrillado y desbroce, y que se regenere arbórea y arbustivamente toda la zona “mediante la plantación de arbolado autóctono”, cumpliendo los objetivos asignados por el POL a las áreas calificadas como ‘Actuación Integral Estratégica Ambiental’.

El caso de la tala del bosque de Loredo, con la autorización para la tala de 1100 pinos y eucaliptos que el Gobierno consideró amparado por el POL, es uno de los principales ejemplos de estas prácticas denunciadas.

Ahí se demostró, según critica ARCA, una “máxima dejadez y descoordinación” entre las consejerías del Gobierno Regional y ayuntamiento, y que se autorizaron talas “en la que no se contemplaban las autorizaciones necesarias para actuar en la servidumbre de 100 metros de costas, y realizarse en una zona calificada por el Plan de Ordenación del Litoral (POL) como de Actuación Integral Estratégica Ambiental”.

Tanto la Dirección de Medio Natural como el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar expidieron los permisos para la tala sin respetar el arbolado autóctono de encinas y laureles, ni tener en cuenta la presencia de una planta calificada en peligro de extinción por la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, como es la ‘Medicago marina’.

Fue la sociedad civil, con sus protestas de ciudadanos y colectivos, la que ha manifestado no sentirse representada ni satisfecha por la gestión de las masas arbóreas y del paisaje que están haciendo nuestras instituciones y políticos.

Además, otro tema que preocupa a las asociación ecologista es la votación en contra de la Proposición de Ley de Fomento del Arbolado Urbano, que llevaron a cabo PRC y PSOE en el Parlamento de Cantabria.