¿Qué tienen en común el Hospital Valdecilla, el proyecto Comillas, la empresa pública SODERCAN y el (frustrado) plan eólico de Cantabria?

En todos ellos ha participado y sigue participando una empresa llamada ROMA, acrónimo de Recursos de Obras, Montajes y Asistencia SL, y en la mayoría de ellos la relación pasa por Salvador Blanco, máximo responsable de la empresa pública SODERCAN.

Salvador Blanco, consejero delegado de SODERCAN

ROMA es una versátil empresa del ámbito de la ingeniería que tiene en su objeto social (la definición de funciones a la que puede dedicarse una sociedad) la prestación de servicios propios de la actividad de la ingeniería (realización de proyectos, estudios e informes; su ejecución, incluyendo la contratación de obras pública o privada)

Desde hace ocho años, tiene como administrador único a Juan Carlos Gutiérrez Díaz Velarde, ligado a una docena de sociedades, según documentación del registro mercantil consultada por EL FARADIO.

Es, tal y como recordaba recientemente el Partido Popular en un comunicado, hermano de la directora general de Presupuestos, Eugenia Gutiérrez Díaz-Velarde, funcionaria con amplia trayectoria en la administración pública.

En anteriores Gobiernos de Cantabria, Gutiérrez Díaz-Velarde fue subdirectora general de Presupuestos, en la misma Consejería de Economía y Hacienda cuyo titular era Ángel Agudo y en la que también fue alto cargo Salvador Blanco, director general de presupuestos hasta que pasó a SODERCAN, en 2008.

Entre esas sociedades se encuentran otras cuyos nombres se basan en acrónimos como PISA o SIENA, y también otra ya extinta, CELESTIA, que estuvo participada por SODERCAN, de modo que en ella coincidieron en su dirección Salvador Blanco como representante de la empresa pública y Gutiérrez Díaz-Velarde por la parte privada.

ROMA también ha realizado trabajos para varios edificios en el PCTCAN, el Parque Científico y Tecnológico, como el CTC (Centro Tecnológico de Componentes) o el Instituto de Hidráulica.

EL INFORME ÉOLICO: POR INVITACIÓN Y CON SOBRECOSTES

Uno de los trabajos más destacados de ROMA para SODERCAN fue el informe sobre Prestación de Servicios de Consultoría en relación con el Plan Energético de Cantabria.

Ese informe (existió otro realizado por la Universidad de Cantabria) glosaba las repercusiones del desarrollo eólico en Cantabria, como inversiones indirectas de 2.000 millones de euros en zonas rurales, de 1.000 millones en desarrollo industrial e I+D+i, la producción de más de la mitad de la energía que se consumía en la comunidad y la capacidad de abastecer a un millón de hogares.

El concurso eólico que derivó del plan energético del Gobierno fue anulado en los tribunales como consecuencia de un recurso de la asociación ecologista Arca, debido a como se había regulado la evaluación del impacto ambiental.

-Se invitó a dos empresas relacionadas entre sí

El informe fue adjudicado en 59.650 euros. Al ser una cifra inferior a los 60.000 euros, la normativa llevaba a usar un método por el que se invitaba a tres empresas concretas a que presentaron presupuestos.

Esas empresas fueron: Roma, Siena y Ferros. Ferros es una empresa asturiana que no llegó a presentar propuesta, de modo que la cosa quedo entre Roma y Siena (acrónimo de Serveis Integrals dEnginyeria i Arquitectura, empresa con sede en Barcelona, en la calle Calabria).

La oferta de SIENA fue más cara que la de ROMA (350 euros más), de modo que la mejor oferta pasó a ser la de ROMA.

Pero ROMA y SIENA estaban, en realidad, relacionadas: SIENA, tiene, según refleja el registro mercantil, como apoderada a Rosana Brosed Sánchez, que fue quien realizó los trámites ante SODERCAN.

Rosana Brosed Sánchez es también la apoderada de ROMA, al igual que de serlo o haberlo sido para otras sociedades de Gutiérrez Velarde-Díaz como PISA o 56 CGV Ingenieros.

-El informe costó más de lo previsto, esquivando el concurso público

Al final el trabajo, el informe eólico, acabó costando un 40% más, esto es, 23.840 euros más, de modo que el coste final ascendió a 83.790 euros. Si se hubiera sacado con ese presupuesto, tendría que haber sido concurso público y no por el método de invitación que se eligió.

Se firmó un nuevo contrato justificado por SODERCAN en la aparición de “necesidades adicionales”, como el estudio e identificación de las industrias auxiliares asociadas a la eólica en Cantabria. Cuestiones, que, sin embargo, no aparecen mencionadas ni concretadas en el informe entregado.

En cuanto al propio informe, se centra en recopilar datos publicados por L’Observatoire des Energies Renouvelables, The European Wind Energy Association, un informe de Deloitte para la Asociación Empresarial Eólica, Red Eléctrica de España o el ICANE.

La existencia de este informe, que no puede consultarse en Internet en ningún sitio, la ha negado el propio Blanco a preguntas de la oposición de Podemos en el Parlamento pese a que están acreditados los pagos y a que el Gobierno de Cantabria aludía a sus contenidos para justificar el desarrollo eólico.

-Y no dejaba de ser un informe para la empresa de un socio

A esto hay que sumar que la adjudicación se hizo, de facto, a un empresario que era compañero de consejo de administración, socio en la misma sociedad, del propio Salvador Blanco, en su condición de representante de SODERCAN.

De modo que la empresa pública encontró otra forma de ayudar a una privada además de su propia participación en la sociedad.

Es algo que ya se hizo con Comunicación Genial, ligada al grupo de Fraile y Blanco por lo privado, adjudicataria del proyecto de televisión de la empresa pública (que se licitó de forma troceada pese a ser un proyecto único) en un concurso al que se presentó antes de que se hiciera público, y con cuyos ingresos contaban en sus previsiones económicas sus miembros antes de constituir la empresa apenas un mes antes de que se licitara el proyecto.

O Idermar, el proyecto de energía eólica y renovable en el que estaba implicada Apia XXI, para quien: SODERCAN avaló ante bancos sus deudas y costes de alquileres, además de darle préstamos de forma directa en lo que el interventor consideró una sobrefinanciación para una sociedad que acabó en concurso de acreedores.

FUNDACION COMILLAS: TAMBIÉN PASA POR BLANCO

Seminario Mayor

En concreto, el año pasado a ROMA se le adjudicó la gestión técnica del proyecto de recuperación técnica del Seminario Mayor, por un importe de 58.550 euros.

La adjudicación la hace la SAICC, la Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus Comillas, a quien en el organigrama diseñado por el exconsejero de Economía, presidente del PSOE, Ángel Agudo, se le encargó la gestión de lo relacionado con los edificios.

El presidente de la SAICC, en la anterior etapa de Gobierno PSOE-PRC y en esta, es el propio Salvador Blanco.

Un informe de Intervención también ha cuestionado el Campus Comillas, el ‘proyecto del siglo’, describiendo el sistema de pago de alquileres entre las distintas sociedades implicadas, con precios por encima de mercado que se consideraban una subvención implícita. sin cobertura jurídica.

VALDECILLA: FERROVIAL EVALUANDO A FERROVIAL

Y más allá de áreas que dependen directamente de Salvador Blanco, esta sociedad de servicios ligadas a la ingeniería, ROMA también se encargó de elaborar un informe de seguimiento sobre las finalización y la ampliación de las obras del Hospital Universitario ‘Marqués de Valdecilla’.

Adjudicado por el Servicio Cántabro de Salud por un importe de 45.738 euros, y se justificó en la falta de un control “riguroso” sobre las obras ejecutadas por Ferrovial, dentro del modelo impuesto por el PP por el que esta constructora finalizó las obras a cambio de hacerse con la gestión de los servicios no sanitarios durante 20 años.

Manifestantes en una concentración en defensa de Valdecilla

Ante las críticas del Partido Popular por la relación familiar entre la empresa y el Gobierno, Sanidad defendió la “transparencia” en la adjudicación del informe.

En concreto, el informe ‘`Estudio y análisis de las obras llevadas a cabo en desarrollo del proyecto: Finalización y ampliación del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla’, fue adjudicado por el Servicio Cántabro de Salud por un importe de 47.538 euros a ROMA.

ROMA es una de las decenas de sociedades de Gutiérrez Velarde-Díaz. En varias de ellas ha contado como administrador, apoderado o representante en distintos momentos de su trayectoria con Carlos Gracia Membrado.

Este fue administrador de ROMA entre 2004 y 2008, de PISA entre 2001 y 2008, de SIENA desde 1999, de JCC Management entre 2004 y 2008, de CGV Ingenieros (ya disuelta).

Junto a las empresas relacionadas con Gutiérrez Díaz-Velarde, Gracia Membrado ha sido administrador o apoderado de otras empresas, entre ellas muy potentes del sector de la construcción, como ACS.

O distintas sociedades de Ferrovial: Grupo Ferrovial, Ferrovial Agroman Internacional (ambas hasta mayo de 1999) o, más reciente, Ferrovial Inversiones, de donde fue apoderado hasta febrero de 2014.

Ferrovial es precisamente (junto a SIEC) la concesionaria de la gestión no sanitaria del Hospital Valdecilla, por un importe superior a los 900 millones de euros durante 20 años (44 millones de euros anuales) dentro del nuevo modelo impuesto por el PP justificado en la necesidad de acabar las obras, muy cuestionado por la sociedad civil (con acciones en contra de la plataforma Cantabria por lo Público y Sin Recortes).

Pese a los esfuerzo del PP en diferenciar los servicios sanitarios de los no sanitarios, el propio contrato, ocultado durante años, reconocía le impacto de lo no sanitario –ejemplo, la comida—en lo sanitario, con sanciones mínimas.

No fue el único informe sobre el hospital encargado por el actual Gobierno de Cantabria de PSOE-PRC.

También hubo uno hecho por la Universidad de Cantabria (al igual que con el desarrollo eólico, hubo duplicidad de informes, uno de la UC y otro del propio Ejecutivo), que trascendió en prensa pero no por otras vías. Se encargó al grupo de investigación ‘Fundamentos de análisis económico’, dirigido por José Villaverde, profesor cercano al PSOE, que ha hecho infiormes para fundaciones cercanas al partido; y del que forma parte Pablo Coto, expresidente del Consejo Económico y Social (CES), que dimitió de ese cargo al trascender sus elevados gastos de protocolo en hostelería y locales de ocio.

OTRAS RELACIONES

Victor Gijón, con Salvador Blanco de fondo.

Estas relaciones se suman a otras ya enumeradas en el informe del Interventor sobre la gestión de SODERCAN, que describió como hubo empresas que conocían con antelación los proyectos que se iban a adjudicar, que se pagó por informes de asesoría que no constan documentalmente o el fraccionamiento de proyectos en distintas fases para evitar tener que sacarlos a concurso, entre otras, tal y como reseñó el interventor en un informe que le supuso recibir críticas por parte del Gobierno actual (a pesar de que también ha realizado informes críticos con la gestión del PP).

La empresa pública SODERCAN ha sido polémica desde comienzos de la legislatura: venía de estar asociada a la Consejería de Industria, pero las negociaciones del pacto entre PRC y PSOE hicieron que Industria recayera en los regionalistas.

Sin embargo, el PSOE logró retener SODERCAN al ‘deslocalizarlo’ de Industria y pasarlo a una macroconsejería con varias ramas y a cuyo frente estaba Díaz Tezanos, que volvió a situar en esta sociedad pública a Salvador Blanco.

Fue ahí donde se produjo una condena judicial a un directivo por desviar fondos a su cuenta.

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Y donde se ha producido la dimisión del responsable de Internacional, Víctor Gijón, destacado asesor socialista, debido a que el Juzgado de lo Mercantil le condenó a inhabilitación al declarar culpable el concurso de acreedores de su anterior empresa, Grupo Digital, un grupo de comunicación que cerró en cuanto PSOE y PRC dejaron el Gobierno pese a haber recibido de esos gobiernos cuantiosas inversiones publicitarias.

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