La Ley LGTBI sancionaba con hasta 30.000 euros las terapias de «conversión»
La Ley LGTBI que no llegó a aprobarse la legislatura pasada en el Parlamento pese a que su tramitación por el Gobierno estaba finalizada incluía expresamente sanciones para las terapias de conversión como las que, según contó hace unos meses eldiario.es, se desarrollaron en las instalaciones del convento de Ruiloba, y que en comunidades como Madrid sí que eran sancionables.
En concreto, el texto legal, consultado por EL FARADIO, menciona expresamente las terapias de “aversión o de conversión de orientación sexual e identidad de género”, entendidas estas como “todas las intervenciones médicas, psicológicas, religiosas o de cualquier otra índole que persigan la modificación de la orientación sexual o de la identidad de género de una persona”.
Según recogía la Ley, quedaban expresamente prohibidas “todas” las terapias aversivas o cualquier otro procedimiento que suponga un intento de conversión, anulación o supresión de la orientación sexual o de la identidad de género autopercibida.
La Ley LGTBI prohibía las terapias de conversión
E incluía esas terapias en el nivel más alto de infracciones de la Ley, junto a prácticas como el acoso o la discriminación por razón de orientación o identidad sexual.
Así, establecía sanciones que en lo económico oscilaban entre los 15.000 y los 30.000 euros.
Sanciones que se complementaban con otro tipo de acciones, como la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la comunidad autónoma de Cantabria por un período de 3 a 5 años, la inhabilitación temporal, por un período de 3 a 5 años, para ser titular, la persona física o jurídica, de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios públicos o incluso el cierre o suspensión temporal del servicio, actividad o instalación hasta 5 años.
Además de estas sanciones, la Ley establecía que las administraciones públicas, y especialmente las sanitarias, educativas y sociales, no podrán autorizar los centros en los que se utilicen este tipo de tratamiento
De hecho, se promoverá entre los diversos estamentos de las instituciones sanitarias que las prácticas sanitarias o terapias psicológicas sean “lícitas y respetuosas” con la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género de las personas.
La Ley era de aplicación en todo el territorio de Cantabria, por lo que hubiera afectado a las actividades de Ruiloba pese a que las desarrollara una entidad con sede oficial en Madrid o cualquier otro lugar.
En concreto, su articulado definía que sus medidas afectaban a «ualquier persona física o jurídica, pública o privada, cualquiera que sea su domicilio o residencia, que se encuentre o actúe en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sin perjuicio de lo establecido por la
legislación vigente en materia de extranjería, los tratados internacionales aplicables y el resto de la legislación vigente».
Y abarcaba «cualquier ámbito de actuación de las personas sobre el que la Comunidad Autónoma de Cantabria tenga competencias, sustancialmente los ámbitos educativo, sanitario, económico, laboral y cultural y a cualquier etapa de la vida de las personas LGTBI».