Representantes de IU y Podemos en la Asamblea de Madrid han presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra 28 responsables de la Operación Chamartín en Madrid, entre los que se encuentra el exministro de Fomento y exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna (PP), según adelanta eldiario.es

La operación Chamartín es un proceso urbanístico que implicaba al Ministerio de Fomento, al afectar a terrenos ferroviarios, y al BBVA, y para el que era necesaria la tramitación de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, que tras años de tramitación era aprobada definitivamente esta semana por el nuevo equipo de Gobierno.

La denuncia incluye cargos como prevaricación administrativa, cohecho y malversación de fondos públicos, y entre los demandados están ocho ministros de Fomento –de Borrell a Ábalos, pasando por Pastor o De la Serna–, dos presidentes de la Comunidad Autónoma de Madrid –Aguirre y González–, dos alcaldes de Madrid –Gallardón y Botella–, una concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, cuatro presidentes y dos directores generales de Renfe, cinco presidentes de Adif, un presidente de la empresa pública Canal de Isabel II, el expresidente del BBVA Francisco González y dos presidentes de la empresa privada DUCH-DCN,.

No figura ni el actual alcalde, Martínez Almeida, ni su predecesora, Manuela Carmena, en lo que ha sido una de las grandes críticas que la exregidora madrileña recibió durante su mandato desde colectivos vecinales, ecologistas y partidos como IU y Podemos

Se les acusa, entre otros, de haber favorecido con sus decisiones administrativas los intereses de empresas privadas en un terreno en Madrid cuyo precio se ha ido revalorizando.

DE LA SERNA, UN «EXPONENTE» DE UNA FORMA DE GESTIONAR QUE «YA DEMOSTRÓ COMO ALCALDE»

“Los políticos de PP y PSOE se han dedicado a beneficiar durante 25 años a BBVA a costa de las Administraciones Públicas y cuando eso pasa, suele ser a cambio de algo”, opinan desde Izquierda Unida en Cantabria.

“Entre ellos, De la Serna es un claro exponente de esta forma de proceder y que también demostró como alcalde de Santander, una ciudad con gran parte de sus servicios públicos externalizados para beneficio privado, y con constructoras gozando de privilegios y adjudicaciones más que cuestionables”, incidían.

Entre las acusaciones que exponen en su denuncia se encuentran que el terreno afectado por el contrato se ha llegado a triplicar mientras que el precio se ha rebajado hasta llegar a ser la mitad del precio de mercado. “Un auténtico negocio para las entidades privadas y un perjuicio grave para las arcas públicas”, argumentan.

Además, la evolución del contrato durante estas casi tres décadas es “un claro trasvase de fondos públicos a privados”. “Mientras que, en los años 90, los terrenos no se podían revender y las indemnizaciones a los antiguos propietarios las pagaba la constructora, ahora hay vía abierta a revender los terrenos y las indemnizaciones las pagará el Estado”, apostillaban.