La Plataforma contra el Superpuerto ha mostrado su “estupefacción” por la noticia, aparecida en prensa, que anuncia la paralización “unilateral” por parte de la Consejería de Obras Públicas de una serie de medidas compensatorias dirigidas a mejorar el espacio del Parque Natural de Oyambre.

El colectivo recalca que “no existe impedimento alguno” para acometer unos trabajos que mejoran el Parque Natural sin alterar de ningún modo el entorno y lo convierten en un espacio más atractivo y más protegido.

En concreto, las actuaciones que la Consejería interrumpe ahora consisten en la recuperación del sistema dunar del Rosal, al sur de la playa de Merón, la instalación de un observatorio de aves en la marisma de Rubín y la ejecución de una senda peatonal interpretativa de la restauración del estuario de Oyambre.

“Está claro el interés que tienen los políticos en la mejoría de San Vicente y en el entorno con este anuncio; se empeñan en llevar adelante lo que podría ser un proyecto ilegal, atreviéndose incluso a cuestionar a la Justicia, mientras abandonan sin razón ni impedimento alguno una iniciativa menos costosa, inocua para el entorno y que reporta mejorías en todo caso”, afirman.

La Plataforma lamenta la actitud “vengativa” de la Consejería que pretende “presionar” las decisiones judiciales, “buscando desinformar a la población al relacionar las obras paralizadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, y no los ecologistas ni ninguna organización política, con estas otras medidas que no son incluidas en el auto judicial”.

La Justicia paraliza las obras del puerto deportivo de San Vicente de la Barquera

“Parece una decisión poco meditada de la Consejería, que más allá de suponer una pataleta por la paralización cautelar de las obras del superpuerto deportivo, en tanto se dirime su legalidad, trata de interferir en el proceso judicial y de poner a una parte de la sociedad en contra de la propia justicia y de quienes dudan de que la construcción del puerto deportivo cumpla se ajuste a la normativa ambiental vigente”, han incidido.

El colectivo critica finalmente que «no sólo no están aceptando una decisión judicial sino que están privando a la población de otras medidas positivas, de forma irresponsable y contraria a los intereses de los barquereños”.