Los colectivos antidesahucios STOP DESAHUCIOS y la PAH de Santander han exigido al Gobierno de Cantabria que derogue el reglamento de la Oficina de emergencia Habitacional, creada la legislatura pasada para atender estos casos y adscrita ahora a la Consejería de Empleo y Políticas Sociales.

En una reunión mantenida este miércolesen la Dirección General de Vivienda por las dos plataformas con Mª Eugenia Gómez, se ha denunciado que el reglamento de la oficina de Emergencia Habitacional “es ilegal y deja fuera a la mayoría de familias solicitantes”.

Así, enumeran que este reglamento no ha sido publicado en el BOC ni ha salido de ningún órgano administrativo o legislativo e impide el acceso a la tutela judicial efectiva a los solicitantes de vivienda en alquiler social.

Asimismo, impide a los precaristas (usuarios en precario, sin soporte documental, una situación regulada) y a las personas que ocupan viviendas pertenecientes a entidades bancarias acceder al parque público de vivienda de Cantabria.

Para los representantes de la plataforma, el reglamento en cuestión conculca derechos fundamentales consagrados por la Constitución Española (art. 9 CE) y su contenido es francamente contradictorio con la ley 5/2018 de reforma de la LEC, aprobada por el gobierno del PSOE en junio de 2018, o con la propia ley de vivienda protegida de Cantabria.

Además, también denuncian el formato de las cartas en donde responden negativamente a las peticiones de alquiler social.

En concreto, las cartas llevan el sello de la oficina de emergencia habitacional, la cual no tiene personalidad jurídica, y no existe firma de ningún responsable ni de órgano administrativo alguno; incumpliendo por ello las normas básicas del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y del sector público. O dicho con otras palabras, se negaría la posibilidad a los afectados de poder recurrir en la vía administrativa (recurso de alzada o reposición) y posteriormente en la judicial (contencioso-administrativo).

Tal y como han relatado los colectivos antidesahucios, la Directora General de Vivienda ha indicado a las plataformas que se está redactando un reglamento que va a ser aprobado por medio de un Decreto y que va a regular el acceso al parque público de vivienda de Cantabria, pero ha indicado a los asistentes a la reunión que: “hasta dentro de tres meses no va a estar aprobado y hasta que no se publique en audiencia pública en el portal de transparencia no se va a conocer el borrador”.

Ambas plataformas han exigido conocer el contenido lo antes posible y han exigido revocar el actual reglamento porque “crea problemas a las personas afectadas”.

También han planteado que si no se revoca se podrían presentar demandas civiles por conculcación de derechos fundamentales por parte de Gesvican, de la propia D.G. De Vivienda o de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.

Además, los movimientos en defensa de la vivienda informan que se van a producir numerosos desahucios en breve; el más próximo el 18 de marzo en Astillero, en los que Gesvican ha denegado el realojamiento por culpa de dicho reglamento.

Para ambas plataformas, “un reglamento tan excluyente sólo podría haberse aprobado de forma opaca y, lo peor de todo, es que va a forzar a las plataformas a impulsar acciones urgentes para garantizar un techo para esta familia, incluyendo todas las medidas de presión posible al Gobierno de Cantabria, que tiene la obligación de encontrar una solución. Dicho reglamento debe ser revocado lo antes posible y el nuevo decreto debe ser consensuado con las plataformas de afectados”.