Izquierda Unida continúa la vía política relativa a las obras del puerto deportivo de San Vicente de la Barquera que la sala del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha paralizado cautelarmente tras la denuncia de Ecologistas en Acción, integrante de la Plataforma contra el superpuerto.

Manu Pineda, diputado de IU en el Parlamento europeo

A través del eurodiputado Manu Pineda, la coalición de izquierdas ha registrado este viernes en el Parlamento Europeo una pregunta escrita inquiriendo a la institución sobre las medidas que piensa tomar para garantizar el cumplimiento de la normativa europea y la protección del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Conservación (ZEC) “Rías Occidentales y Dunas de Oyambre”.

En su escrito, recuerdan la pregunta realizada a finales de 2017 sobre el mismo asunto, antes de que comenzaran las obras, y en la que exponían los riesgos ciertos que el TSJC también ha considerado en su auto de paralización el pasado mes de febrero.

El texto llevado a la Eurocámara alude al propio auto, el cual, cita la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y otros informes enumerando los riesgos de la macro-construcción, entre ellos, la afección de los fondos marinos, la contaminación de las aguas y la destrucción de dos hábitats de interés comunitario: “Bancos de arena cubiertos permanentemente por aguas poco profundas” y “Llanos fangosos y arenosos que no están cubiertos de agua en el momento de la marea baja”.

“Habida cuenta, ahora también por vía judicial”, continúa el escrito, «de los riesgos para la protección del LIC y los hábitats que integra y la vulneración de la Directiva 92/43/CEE (en concreto, el artículo 6 de la Directiva de Hábitats)”, IU requiere un posicionamiento de la Comisión Europea.

Desde IU consideran que habiendo una intervención judicial de por medio, la Comisión Europea “debería atender y estudiar el caso con atención”, dado que “está en cuestión la vulneración de directivas que son de su competencia a través de unas obras que afectarán negativamente los ecosistemas de la ría”.

Con todo, IU ya ha manifestado que “tanto el gobierno local del San Vicente como el autonómico” están llevando a confusión a los vecinos “de forma irresponsable, alimentando un clima de crispación en el pueblo”, al mezclar las obras paralizadas por el juez con las medidas ambientales paralelas no incluidas en el auto y que la Consejería de Obras Públicas ha mandado parar “privando a los barquereños de esas actuaciones”.

“Están mezclando, convenientemente para sus intereses de partido, pero contrarios al bien común, las necesidades del puerto pesquero con los servicios del puerto deportivo, que ya hay, y que podría aumentarse ligeramente y no como plantean llegar a casi 300 amarres que sobrepasan la demanda de toda Cantabria”, continúan.

Así, recuerdan que la Plataforma contra el superpuerto, de la cual son parte y que apoya la petición registrada en el Parlamento Europeo, ya ha explicado que está de acuerdo en que se acaben las obras que afectan a las aceras y el aparcamiento y que sí están afectadas por la paralización judicial.

Sin embargo, muestran su rechazo al “chantaje” que Obras Públicas está haciendo a la villa al paralizar, sin ningún mandato judicial, las actuaciones previstas para recuperar el sistema dunar del Rosal, al sur de la playa de Merón, la instalación de un observatorio de aves en la marisma de Rubín y la ejecución de una senda peatonal interpretativa de la restauración del estuario de Oyambre.

“Desde el principio buscamos mayor transparencia y racionalidad en las actuaciones sobre la ría y desde el Ejecutivo autonómico, con la connivencia del local, han mentido al pueblo sobredimensionando un puerto y condenándolo a que su única vía de empleo y desarrollo local sea el turismo”, han sentenciado.