Al principio de esta legislatura, el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, anunció que Cantabria elaboraría una estrategia de economía circular y bioeconomía y hasta la fecha no consta trámite alguno, tal y como confirma la Estrategia Española de Economía Circular (EEEC) aprobada en el Consejo de Ministros este martes y que ha sido consultada por EL FARADIO.

‘España Circular 2030’, como se denomina esta estrategia, sienta las bases para superar la economía lineal e impulsar un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible; en el que se minimice la generación de residuos y se aprovechen al máximo aquellos cuya generación no se haya podido evitar.

Tal y como ha informado en nota de prensa el Gobierno, ‘España Circular 2030’ marca objetivos para esta década que permitirán, entre otros, “reducir en un 30% el consumo nacional de materiales, mejorar un 10% la eficiencia en el uso del agua y recortar un 15% la generación de residuos respecto a 2010, lo que posibilitará situar las emisiones de gases de efecto invernadero del sector residuos por debajo de los 10 millones de toneladas en 2030”.

El informe de 65 páginas coordinado por la Vicepresidenta Cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, alude a la situación actual de los distintos territorios en esta materia.

Así, cuentan con estrategias de economía circular Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. En mitad de la tabla, se sitúan aquellas comunidades con trámites en vigor, planificaciones o páginas web disponibles, como Aragón, Castilla y León, Madrid o Murcia.

Por el contrario, la EEEC no recoge avance en esta materia para Cantabria, así como Asturias, La Rioja, comunidad Valenciana o Baleares.

Esta ausencia de planificación por parte de ciertas comunidades choca con el enfoque del informe del Ministerio, el cual plantea un modelo de gobernanza para la Estrategia de Economía circular que incluya “la participación de las tres administraciones”, esto es, la estatal, autonómica y local, así como “de los agentes económicos y sociales”.

El texto incide en este hecho dado que “la Administración General del Estado es la coordinadora de la actividad económica e impulsora de la protección del medio ambiente a través de la normativa básica”, la cual, “se completa con la actividad legisladora adicional y las competencias de gestión de las comunidades autónomas y la consideración de las entidades locales como gestoras últimas de muchas de las actividades que inciden directamente en la economía circular”.

SEO/BIRD LIFE VALORA EL «PRIMER PASO» HACIA EL RESIDUO CERO

Por su parte, desde la organización ecologista SEO/BIRD LIFE han valorado que la citada Estrategia Española de Economía Circular se haya marcado el objetivo de reducir la generación de residuos y mejorar la eficiencia en el uso de recursos, con la tramitación del anteproyecto de Ley de Residuos centrando el foco en los productos plásticos de usar y tirar.

SEO/BirdLife  ya ha anunciado que reclamará a la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso que ningún fondo empleado en la reconstrucción vaya en contra de esta estrategia y tenga como marco de actuación la economía circular.

La ONG aplaude este paso para «acabar con la explotación innecesaria de recursos naturales» al mismo tiempo que valora muy positivamente los avances para acabar con la «basuraleza».
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Para SEO, esta estrategia de Economía Circular tiene que «sentar las bases para impulsar un nuevo modelo de producción y consumo más sostenibles donde los residuos vuelvan a entrar en la cadena productiva dejando por tanto de ser residuos para ser de nuevo productos».

Desde SEO/BirdLife se lleva alertando del problema que supone para los espacios y las especies el abandono de residuos en entornos naturales desde LIBERA, un proyecto de sensibilización y prevención para acabar con la basuraleza. En este sentido el texto aborda una revisión del régimen sancionador incluyendo nuevas infracciones.

Así, será considerado infracción muy grave el abandono, incluido el de la basura dispersa («littering» o basuraleza), el vertido y la gestión incontrolada de residuos peligrosos y también de cualquier otro tipo de residuos, en este segundo caso, siempre que se haya puesto peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente. Cuando no haya supuesto estos riesgos, se considerará infracción grave.

Tendrá también la consideración de muy grave la entrada en el territorio nacional de residuos peligrosos procedentes de otro Estado miembro de la Unión Europea o de un país tercero, así como la salida de residuos peligrosos hacia los citados lugares, sin obtener los permisos y autorizaciones exigidos por la legislación comunitaria.

Las sanciones que contempla el anteproyecto son multas desde 50.001 euros hasta 2.000.000 euros, excepto si se trata de residuos peligrosos, en cuyo caso la multa podrá ser desde 350.000 euros hasta 2.000.000 euros, para las infracciones muy graves; desde 1.001 euros hasta 50.000 euros excepto si se trata de residuos peligrosos, en cuyo caso la multa será desde 10.001 euros hasta 350.000 euros, para las graves, mientras que las infracciones leves se sancionarán con una multa de hasta 1.000 euros y de hasta 10.000 si se trata de residuos peligrosos.