Tras la publicación hace unas semanas del anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, Podemos se suma al descontento de otras organizaciones como Izquierda Unida, Cantabristas, ARCA o Ecologistas en Acción. El partido ha manifestado su disconformidad con el anteproyecto de “Ley del Suelo” y ha trasladado alegaciones a la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio en las que insta a detener su tramitación.

La formación morada resalta que la ley en trámite es básicamente la ley existente con el añadido de “una liberación sin precedentes del suelo rústico” que, a su entender, “choca de forma frontal con las leyes estatales vigentes”.

Desde el partido consideran que, de aprobarse la Ley, esta se convertirá “en un lastre para el desarrollo de los pueblos, convirtiendo el suelo en un bien inaccesible para los emprendedores que quieran trabajar en el sector primario”, en su opinión “será la puntilla para nuestro medio rural”.

Además, Podemos hace especial hincapié en la importancia de detener la tramitación de la ley y pide a la ciudadanía que tome conciencia de lo que supone liberalizar gran parte de nuestros suelos protegidos, por lo que afirman que el proyecto de ley “supone un grave peligro ambiental, social y económico”.

Pablo Gómez, secretario de medio ambiente y medio rural de Podemos Cantabria, apunta que van a hacer “todo lo que esté en nuestra mano para que esta ley no salga adelante, y si lo hace, vamos a tumbarla en los tribunales”. Según afirma, “el anteproyecto de Ley no solo va en contra del sentido común, también va en contra de la ley del suelo estatal y de la propia constitución que en su artículo 47 obliga a los poderes públicos a defender el suelo de la especulación”.

Asimismo, Gómez recuerda que el PROT (Plan Regional de Ordenación del Territorio) lleva años de retraso en su tramitación y considera que “esa debería de ser la prioridad del gobierno en materia urbanística”.

LA PROPUESTA DEL GOBIERNO REGIONAL

El proceso de información pública del anteproyecto sigue vigente, después de ser publicado el 31 de julio en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

El Ejecutivo regional considera que “la nueva ley aspira a finalizar con un mal endémico de la región basado en la falta de planeamientos municipales adaptados a los tiempos actuales”. Para ello, se plantea una reducción en los plazos y centralizar todos los informes sectoriales en la CROTU, frente a unos trámites administrativos que actualmente nunca son inferiores a cinco años e incluso, en algunos casos superiores a diez, por lo que la nueva regulación debería permitir, en condiciones normales, la aprobación de los PGOU en un año o año y medio a lo sumo.

En este sentido, el Gobierno señala que “la base de un desarrollo territorial y urbanístico ordenado y sostenible es la planificación, que tiene que ser un instrumento y no un fin en sí misma. Por lo tanto, esta tiene que ser concebida como un verdadero instrumento al servicio del interés general y, para ello, tiene que ser ágil y aportar seguridad jurídica de cara a posibilitar proyectos generadores de riqueza, empleo y bienestar para nuestra región”.

La nueva regulación “posibilitará también que los ayuntamientos, a través de su planeamiento urbanístico, puedan regular de una forma ordenada el crecimiento de sus núcleos en consonancia con la morfología de los mismos”. Aun así, indican que “esto no implica que todos los núcleos tengan que crecer necesariamente, sino que se haga adaptándose a la tipología o morfología de los núcleos preexistentes, con especial hincapié en el medio rural”.

Por su parte, el Gobierno autonómico sostiene que “la LOTUCA apuesta por el crecimiento sostenible de los pueblos y ciudades, dotando de nuevos y potentes instrumentos a los ayuntamientos para facilitar la rehabilitación y la regeneración urbana, así como la construcción preferente de los vacíos existentes en el suelo urbano, a través de la figura de los estudios de detalle como un instrumento más ágil y eficaz frente a los planes parciales que se ha visto demostrada su ineficacia casi 20 años después de la anterior Ley del Suelo”.

Finalmente, y a la vista del contenido de las sugerencias y alegaciones que hasta ahora se han venido planteando en el periodo de consultas, el Ejecutivo quiere diferenciar que una cosa es la ley del Suelo y otra diferente el Plan de Ordenación Territorial (PROT), “en el que se viene trabajando en paralelo desde el comienzo de la legislatura, de ahí que primero se haya establecido el marco general al que se tienen que ajustar los planes regionales y urbanísticas para, a posteriori, aprobar el instrumento de ordenación territorial, cuyo máximo exponente es el PROT, o de ordenación municipal, representados en los PGOU” señalan.

“QUEREMOS UNA CANTABRIA VERDE Y VIVA, NO UNA SEPULTADA POR EL CEMENTO”

Este anteproyecto no convence de ninguna manera a asociaciones como ARCA –promotora de las denuncias que llevaron a las sentencias de derribo en la costa–, Ecologistas en Acción, movimientos como Cantabria No Se Vende o la recientemente creada Plataforma para la Defensa de los Valles Pasiegos y partidos como Cantabristas –que la ha bautizado como la “Ley del Cemento”, Izquierda Unida, Equo, Podemos, e incluso o algunos ex cargos del PSOE.

Durante la concentración realizada el pasado 27 de julio frente al Gobierno de Cantabria, manifestaron su temor a que se reproduzca en el interior de la comunidad la dinámica de construcción que ya se produjo en el litoral.

Concentración contra la «ley del cemento»

En el manifiesto leído durante la concentración, lamentaban que este proyecto tenga la intención de “extender el modelo del hormigón, el ladrillo y la especulación urbanística que destruyó nuestra costa” y que recuerdan, dejó “más de 800 sentencias de derribo”.

“Esta Ley del Cemento es un peligro sin precedentes para nuestro territorio y medio ambiente” han señalado, ya que con su aprobación “se abriría la puerta a la desnaturalización y la degradación del suelo en áreas rurales, que a día de hoy representan más del 90% de nuestra tierra” indican.

Apuntan además que “con el pretexto de la existencia de cualquier pequeña construcción en un terreno, la Ley permitiría la edificación de chalets, urbanizaciones y viviendas”. Por otro lado, “también flexibilizaría el uso de la figura del PSIR, que debe ser excepcional, permitiendo que cualquier proyecto empresarial ligado a complejos turísticos, ocio cultural, deportivo, minería o generación energética pudiera instalarse donde desee” remarcan.

Por otro lado, destacan que esta Ley tampoco incluye referencia alguna a la preservación de la arquitectura tradicional, la identidad y los valores culturales de los núcleos de población, ni los valores paisajísticos de Cantabria.

“Queremos una Cantabria verde y viva, no una sepultada por el cemento para el uso turístico y especulativo” concluyen asociaciones y partidos.