La Policía Nacional cerró esta semana un prostíbulo en Santander, en cumplimiento de la orden de la Consejería de Sanidad que ordenó hace dos semanas su cierre para evitar la expansión de la pandemia, en línea con lo que han realizado algunas otras comunidades autónomas y como se había requerido desde el Gobierno central, desde el Ministerio de Igualdad.

Así lo han señalado a EL FARADIO fuentes policiales, que explican que se desalojó y cerró el local al incumplirse las medidas del decreto, es decir, por estar abierto.

Hay prostíbulos que han cerrado por propia iniciativa, en aplicación de las medidas, si bien, en cualquier caso, cuerpos como la Guardia Civil han hecho patrullas para informar a estos locales de las condiciones del decreto y urgiéndoles al cierre, del mismo modo que en su día se hizo con los cierres hosteleros, según explican a EL FARADIO desde este cuerpo.

Así que de momento no se puede conocer un número exacto de locales cerrados, del mismo modo que no se disponía de una estimación de cuántos prostíbulos hay en Cantabria ni de cuántas mujeres víctimas abandonarán los clubes.

Desde la Red Cántabra contra la Trata y la Explotación Sexual, que aglutina a asociaciones o personas que luchan contra la prostitución, señalan a EL FARADIO que desconocen si se ha hecho efectivo el cierre definitivo de todos los locales, si bien indican que sí que han empezado a llegar mujeres para gestionar la ayuda prometida por las instituciones.

En cualquier caso, la Red Cántabra valora positivamente el cierre de los clubs, como paso previo al cierre “definitivo”.

En la misma línea, desde la asociación Nueva Vida, que atiende a mujeres víctimas de explotación sexual y cuenta con recursos como piso de acogida para las que dejen atrás los clubes, se mostraban muy satisfechos con los anuncios contra la prostitución, y señalan a EL FARADIO que en los últimos meses sí que han recibido más consultas de lo habitual de mujeres que demandan ayuda para empezar una nueva vida tras salir de los prostíbulos.

LOS PROSTÍBULOS EN LA PANDEMIA

A finales de agosto, la ministra de Igualdad, Irene Montero, instó por carta a las comunidades autónomas a que cerraran los clubes de alterne, dentro de las medidas sanitarias y ante la dificultad para realizar las labores de rastreo en ellos.

Algunas comunidades autónomas cogieron el guante prácticamente en el acto, como Castilla-La Mancha o Cataluña.

En Cantabria, la Red Cántabra contra la Trata y la Explotación Sexual e IU pidieron que se trasladara la medida a la comunidad autónoma, sumando recursos habitaciones, laborales y sanitarias para las mujeres, así como un plan para la erradicación total.

Finalmente, Sanidad aprobó el pasado 7 de septiembre el cierre, y desde el departamento de Igualdad (ligado a la vicepresidencia) se recordó que se disponen de recursos de acogida y ayuda para mujeres, si bien estos departamentos no han concretado más detalles.

En una intervención en el Senado, el vicepresidente Pablo Zuloaga pidió cambios legales para terminar definitivamente con la prostitución, en la misma línea que en intenciones avanzadas por el presidente Pedro Sánchez.

EL DECRETO

El Gobierno justificó su decisión por “la necesidad de aplicación de iniciativas dirigidas a la prevención del contagio COVID en ámbitos de actividad y relaciones interpersonales, dada la dificultosa o imposible de la identificación de casos y contactos estrechos por parte de los equipos de rastreadores, habida cuenta de la condición de desregulación de esta actividad basada, en la práctica totalidad de los casos, en el anonimato de las personas implicadas en tales relaciones.

Igualmente, considera que “se generan unas condiciones de elevado riesgo de contagio en el que la aplicación de las medidas de prevención frente al propio contagio y a la transmisión del SARS-CoV-2 son prácticamente de imposible adopción.

Por tal motivo, argumenta que la probabilidad de producirse casos en personas relacionadas con estos establecimientos es “elevada” y, en caso de producirse, los estudios a llevar a cabo por los equipos de rastreadores para identificar a los contactos estrechos, “resultarían enormemente dificultosos o realmente infructuosos” por la alta probabilidad de ocultación de la información o “simplemente por el desconocimiento de la identidad de tales contactos estrechos, lo que haría imposible el control de los focos y brotes”.

LAS REDES DE PROSTITUCIÓN

e estima que el 90% de las mujeres prostituidas en España están bajo el control de redes criminales. El perfil de consumidor de prostitución en España es hombre joven entre 18 y 35 años. En Europa, solo se identifican 1 de cada 20 víctimas potenciales de trata con fines de explotación sexual.

Hasta 21 millones de personas caen anualmente, según la Organización Internacional del Trabajo (OTI), en las redes de estas mafias transnacionales, siendo el 65% de las mismas destinada al comercio sexual. Un 33% son menores de edad, en cifras de la ONU.

Las ONGs estiman que unas 350.000 mujeres son víctimas de explotación sexual en España. Se calculan en unos 3.024 millones de euros anuales los ingresos de las mafias solo en nuestro país. Según el Ministerio de Sanidad, 8,3 millones de euros al día es la cantidad que movería la prostitución en España.

En Cantabria, distintas operaciones policiales en clubes han evidenciado situaciones de explotación, vulneración de derechos labores y vinculaciones con otras redes delictivas como el narcotráfico.