La política de personal de la empresa concesionaria del servicio de basuras en Santander generó un déficit de alrededor de 3 millones de euros, lo que supone la mayor cantidad económica respecto al total de los incumplimientos.

Así consta en el informe financiero elaborado por Intervención sobre el contrato de basuras, gestionado por ASCAN-GEASER, una unión de empresas del Grupo SADISA, y sobre el que se acaba de abrir un expediente de resolución ante los incumplimientos reiterados, cifrados en 7 millones de euros y reflejados en recurrentes quejas por la suciedad de la ciudad.

En el informe, al que ha tenido acceso EL FARADIO, el Interventor detalla que cuando empezó a regir el contrato, se contaba con 354 trabajadores, de los que 300 estaban a tiempo completo y 54 a jornada parcial.

NO SE SUBROGARON TODOS LOS TRABAJADORES QUE SE DIJO

Sin embargo, sólo se subrogaron –traspasaron– 342, y se incorporaron 5 en puestos directivos que no eran subrogables.

Además, se pasó gastos de 10 directivos y técnicos a los gastos sociales, en los que no estaban incluidos (con salarios de entre 35.000 y 40.000 euros).

El interventor calcula que una vez descontados los trabajadores que no eran subrogables, la plantilla de trabajadores a tiempo completo se quedaba en 320.

Este alto funcionario observa que ya la situación de arranque era deficitaria respecto al personal subrogado e incluso respecto a su propia oferta,

El mayor descenso se produjo en los peones especialistas, con 15 personas menos, y también hubo dos conductores menos. Por el contrario, se aumentó en 23 el número de peones.

LA EMPRESA REDUJO EL CANON GRACIAS A LA JUBILACIÓN DE 87 TRABAJADORES

Al cálculo de trabajadores hay que sumar las previsiones de amortizaciones de puestos por jubilaciones o bajas, que el pliego premiaba con descuentos en la cifra del canon (por cierto, el Interventor apunta que hay contradicciones entre partes del pliego en este sentido).

El caso es que se estimó que esas vacantes se quedaban en 87 trabajadores, lo que suponía un descenso del cálculo en casi un millón de euros, “desconociéndose los cálculos efectuados para llegar a dicho importe”. De ellos, 54 fueron peones.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA SUBROGACIÓN GENERÓ UN DEFICIT

El Interventor calcula el déficit que supone no subrogar el personal que debió haberse subrogado, constatando un incremento paulatino (372.105 euros en 2013, 381.281 en 2014,  338.554 en 2015  y 388.026 en 2016, para pasar a los 541.142 euros de 2017 y los 659.375 de 2019.

En total, la cifra del déficit asciende a 2,6 millones de euros, que llegan a 3 millones si se cuentan festivos y otros conceptos.

LA EMPRESA NO INFORMÓ Y EL AYUNTAMIENTO NO COMPROBÓ

El pliego establecía expresamente que los cambios en maquinaria y, sobre todo, personal, debían comunicarse al Ayuntamiento.

Pese a ello, “no consta que en ningún momento se haya propuesto al Ayuntamiento, ni consta la aceptación por parte del mismo, la disminución de personal asignado al contrato que se ha puesto de manifiesto”, y que, recalca Intervención, es “añadido” al plan de amortización de vacantes. Es decir: el personal bajó por jubilaciones y bajas, y también porque se contó con menos del previsto de partida.

Respecto al control de la política de personal, “no consta que haya habido hasta ahora ninguna penalización a la empresa por déficit de personal”. Y, además, “pese a la obligación de la empresa de presentar los seguros sociales junto a la factura mensual, no se ha realizado una comprobación continua del número de trabajadores empleados por parte del servicio”.

EL DESCENSO DE PERSONAL NO SE TRADUJO EN MEJORAS TECNOLÓGICAS

Y a esto suma que ese descenso de personal no se vio acompañado con una “potenciación” de servicios mecánicos sustitutivos. Dicho de otro modo: el personal no se redujo porque fuera sustituido por máquinas. “No se ha acreditado un incremento en la inversión en medios técnicos”, y era algo que había planteado la propia empresa en su oferta.