El Juzgado de Instrucción número 3 de Santander tramita diligencias previas contra varios activistas que participaron en una acción para frenar un desahucio en Astillero el pasado mes de julio.

Dentro de este trámite previo a que se decida si hay o no juicio, este lunes están citados a declarar dos activistas, que fueron denunciados por la Guardia Civil, por lo que se ha convocado una concentración de apoyo, a las 9.30 horas frente a los juzgados de Salesas.

En concreto, se trata de un desahucio en Astillero, por parte de Las Peñicas, en fondo de Liberbank protagonista de la última oleada de ejecuciones o no renovaciones de alquileres sociales procedentes de la anterior crisis.

El desahucio iba dirigido contra una familia de cinco miembros: Lilian, su hijo, la pareja de su hijo y los hijos de ambos, de tres y cinco años de edad. Lilian trabaja limpiando pisos y malvive con unos exiguos ingresos de 500 euros al mes.

Con ese dinero tiene que mantener a los cinco miembros de la familia ya que el resto de la familia se encuentra en situación de desempleo y únicamente la pareja de su hijo trabaja de forma esporádica de camarera.

Por ese motivo, hace tiempo Lilian dejó de pagar las cuotas de alquiler al fondo inmobiliario.

Para frenarlo, se convocó una acción a cargo de la plataforma STOP DESAHUCIOS, con apoyo de la PAH de Santander y de víctimas de anteriores desahucios.

En el transcurso de esa acción se produjeron incidentes: hubo un fuerte dispositivo policial y varios activistas denunciaron

Desde STOP DESAHUCIOS se criticó en su momento que el dispositivo por el que se acordonó la zona para impedir el acceso se hizo sin autorización judicial ni permiso de la comunidad de propietarios.

Además, durante la movilización fue detenido un joven activista de la plataforma.

LAS PEÑICAS

El caso de Lilian es similar al de muchos otros afectados por el fondo buitre “Desarrollos Las Peñicas”. Lilian alquiló la casa inicialmente con un particular; el cual padeció una ejecución hipotecaria, perdiendo la casa y pasando el inmueble a Liberbank, y, posteriormente, al fondo inmobiliario de la entidad bancaria, Beyos y Ponga.

Con esta última entidad se firmó un nuevo contrato de alquiler y al poco tiempo, el inmueble fue vendido a Desarrollos Las Peñicas. Según fuentes de la plataforma Stop-Desahucios, este fondo hace “la labor sucia” que no se atreve a cometer Liberbank, con el que se encuentra vinculado.

COLECTIVO DE APOYO

Como apoyo, se ha creado un grupo llamado ‘Juntas lo paramos todo: ni desahucios ni represión’, que se remite a los 60.000 desahucios en todo el país desde 2018, y 600 en el año 2019.

¿Podemos permanecer impasibles ante esto? ¿Podemos mirar hacia otro lado ante los cientos de desahucios que
se perpetran en Cantabria? Todos estos desahucios son familias sin casa, familias sacadas a la fuerza de sus hogares», advierten.

Respecto a este desahucio, lamentan que quienes «luchan y se solidarizan» en apoyo «ahora tienen que pagar un alto precio», aunque avisan de que «no les van a dejar solos» porque «la lucha por la vivienda es de las luchas más dignas y de base que pueden existir, porque éstas personas pusieron sus cuerpos para evitar que una familia con niños pequeños se quedase en la calle, porque con cuanta más represión nos traten, con más solidaridad responderemos».

«Queremos romper el silencio, porque los que realmente nos quitan las casas son los banqueros, los jueces y sus
policías; y porque ya está bien de que nos traten de hacer creer otra cosa», expresan.