Cuando estalló la pandemia y encontrar mascarillas era una tarea difícil, 120 mujeres de Santoña, Argoños y localidades limítrofes se unieron para coser mascarillas. Cuentan que en esos momentos encontrar tela TNT tampoco era tarea sencilla.

Durante esas primeras semanas repartieron miles de mascarillas para el centro de salud y fuerzas y cuerpos de seguridad de Santoña, empresas de mensajería, … Sus mascarillas también han llegado hasta pueblos de las comunidades vecinas o de Madrid donde en esos primeros momentos no tenían nada.

Ahora que cuentan con bastante excedente han decidido donar 8.000 mascarillas junto con batas y gorros para uso sanitario a la ONG Cantabria por el Sáhara, que es miembro de la Coordinadora Cántabra de ONGDs, para su envío a la población saharaui refugiada en Tinduf.

En estos momentos, debido al cierre de la frontera argelina con España, no es posible realizar el envío, por lo que Cantabria por el Sáhara almacenará la donación junto a otro material de ayuda humanitaria de la que dispone y lo hará llegar una vez se abra la frontera.

Desde Cantabria por el Sáhara dan gracias a Blanqui, familia de acogida de vacaciones en Paz, y a todas estas mujeres por su gran labor y solidaridad en estos tiempos difíciles.

CAMPAÑA DE APOYO A GDEIM IZIK

Por otra parte, desde Cantabria por el Sáhara, recuerdan que han pasado más de diez años de la detención y encarcelamiento ilegal de los 25 activistas saharauis del campamento de protesta pacífica de Gdeim Izik, a las afueras de El Aaiún, Sáhara Occidental. El ejército ocupante marroquí sometió a control y ataque el campamento hasta desmantelarlo violentamente el 8 de noviembre de 2010.

Como consecuencia de aquellas acciones la población saharaui fue víctima de graves violaciones de derechos humanos. Las fuerzas de ocupación marroquí declararon 11 bajas entre sus filas, bajas que a día de hoy no han podido ser probadas, no existe examen médico forense y no constan sus certificados de defunción.

Los activistas saharauis, hoy en prisión por aquellos hechos, fueron sometidos a diferentes procedimientos judiciales, incluso militares, en Marruecos.

El último terminó con el dictado de una sentencia en julio de 2017, que les reiteró las altas condenas de cárcel que van desde los 20 años de prisión hasta la cadena perpetua. En la actualidad, 19 de ellos permanecen recluídos en prisiones marroquíes distantes entre 500 y 1.200 kilómetros de El Aaiún, ciudad de donde son la mayoría de ellos y donde viven sus familias.

Recuerdan que diferentes instancias internacionales se ha denunciado la falta de garantías a las que se han visto sometidas los acusados. Entre otros, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que tras evaluar su situación emitió una decisión en la que acusa a Marruecos de haber violado varios artículos de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura durante el proceso de interrogatorio de los acusados.

Estos procedimientos judiciales son ilegales al carecer de competencia Marruecos por referirse a hechos y situaciones cometidas fuera de su territorio, el juicio es una vulneración flagrante del Derecho Internacional, y del consagrado derecho a la tutela judicial efectiva,

Las autoridades marroquíes, conscientes de la ilegalidad del proceso, pusieron trabas a la presencia de observadores internacionales; deportaron incluso a algunos de los observadores internacionales que se habían desplazado para acudir al juicio, lo que acredita de por si la falta de garantías y oscurantismo del juicio.

La actual pandemia por Covid 19 incrementa la angustia de las familias de estos presos, sus vidas corren grave peligro al estar expuestos a situaciones de vulnerabilidad extrema frente al contagio, recordamos que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió reducir la población carcelaria si es necesario para bajar los factores de riesgo. El Gobierno marroquí adoptó medidas de excarcelación, con acciones de gracia e indulto a más de 5000 presos, de las que no se han visto beneficiados los presos políticos saharauis.

El pasado día 4 de noviembre, el Tribunal de Casación de Rabat, Marruecos, celebró una sesión en relación al recurso de casación del caso, y tiene previsto pronunciar sentencia definitiva sobre el mismo el próximo 25 de noviembre.

Por todo esto, desde CEAS, la confederación estatal de asociaciones de apoyo al Sáhara, instan a firmar esta carta de apoyo y denuncia.