«La pobreza no ha llegado con la pandemia». Sin palabras de Juan Ramón Soriano, técnico de Acción Social y Recursos de Movimiento por la Paz, una organización que lleva décadas trabajando por la ausencia de guerra, pero eso significa muchas cosas. No se trata sólo de vivir con ausencia de violencia física, sino también con los medios necesarios para tener una vida digna.

Juan ha estado en nuestra tertulia del día, en Arco FM, acompañado por Carmen Martín, coordinadora de la Asociación Ciudadana Cántabra antiSIDA (ACCAS) y por Miriam Bustillo, que dedica sus esfuerzos a la asociación Mujeres Jóvenes de Cantabria (Mujoca) y la Fundación Secretariado Gitano (FSG).

Se trata de personas que trabajan en contacto con personas vulnerables, y nos cuentan lo duro que ha sido este 2020, donde situaciones que ya eran de necesidad ahora se han agravado por la crisis económica derivada de la pandemia.

Más que nunca, estas asociaciones piden que la administración les escuche y pueda echarles una mano. Al fin y al cabo, son entidades que tratan de llegar donde los Gobiernos no pueden o no saben llegar. «Buena coordinación entre organizaciones, pero esperábamos más de las administraciones y dar una respuesta aún más coordinada y eficaz», expresa Carmen. La relación debería ser de colaboración, pero «parece que no estamos en el mismo sitio, parece que nadamos a contracorriente».

Y es que cree que en esta situación de pandemia ha quedado clara la «fragilidad del sistema». Esto ha generado ver situaciones, y en gran número, de personas que están al límite, y lo peor es que son personas que «sienten que no van a encontrar una salida». Incluso citaba el ejemplo de «personas en la prostitución sin alimento que llevarse a la boca».

Juan lo explica de una manera muy gráfica: «gente que entraba en la crisis con bolsas de comida y ahora no tienen nada, y gente que entraba con trabajo y ahora está con bolsas de comida». Cuando reflexiona sobre el trabajo de Movimiento por la Paz, dice que ven muchas personas «que necesitan relación con el conocimiento y más trato social». Es una forma de no desengancharse de la sociedad, seguir ganando posibilidades de sentirse piezas útiles.

También da un dato que preocupa, que son los más de 100.000 habitantes de Cantabria en riesgo de pobreza. Es como si, al mirarnos los dedos de una mano, uno de ellos corriera serio riesgo de vivir en situación de vulnerabilidad, o como si juntáramos la población de Torrelavega, Camargo y Castro Urdiales y pensáramos que todas ellas juntas viven de cara a la pobreza.

«El pobre en España es un pobre que trabaja, pero que no obtiene los recursos necesarios», dice a modo de fotografía, descartando la idea de que trabajar en este país sea sinónimo de que la cosas vayan bien. ¿Y cómo sobrellevar algo así? «La gente que está muy acostumbrada a la lluvia soporta mejor la lluvia», responde.

«Hemos retrocedido 20 años», afirma Miriam. Y señala que ha hecho falta buscar alimentos para paliar situaciones desesperadas. «Los propios profesionales hemos tenido que luchar con los pocos recursos que contábamos y con la administración». Y es que son muchos los trámites que existen para poder pedir ayudas, pero el atasco que hay impide acceder a ellas. Miriam dice que, en la primera ola, ella era la primera que «pedía calma», pero de cara a la segunda ola, «echo de menos previsión», porque ahora se encuentra con las «mismas dificultades, desinformación y vaivenes».

Y es que pedir una simple cita previa en estos tiempos se convierte en un calvario, por lo complicado de que alguien atienda el teléfono o los problemas que se pueden encontrar en una página web para llegar hasta el punto deseado y que después funcione y no termine mandándote al número de teléfono donde nadie te lo coge. «Parece que la COVID-19 ha paralizado todo», y la consecuencia de eso es dejar «otras situaciones de lado».

Además, Miriam se queja de los clichés y los prejuicios que pesan sobre los trabajadores y trabajadoras del tercer sector y que se dedican a ayudar a los demás. Se les suele acusar de vivir de las subvenciones, pero ese detalle, precisamente, aporta «precariedad laboral». «Nuestro valor ha sido vilipendiado», añade, y parece que además tienen que estar agradecidos por poder trabajar, pero cuando ellos se quejan es porque les faltan recursos para atender a personas con problemas.

La vocación es otro argumento que sale a relucir para referirse a ellos, pero Miriam recuerda que «no se puede vivir a base de vocación». Por eso cree que es necesario «poner nuestro trabajo en el lugar que se merece». Y más en un momento como este, donde, como señala Carmen, se han visto «desbordados por la cantidad de gente que necesitaba ayuda, por ejemplo psicológica». Y también por tener que adaptarse a las normas sanitarias de distancia, mascarilla y lavado de manos. Un esfuerzo extra para ellos, teniendo que «adaptar nuestras instalaciones».

Juan reconoce que sí se ha movilizado mucho dinero por la difícil situación económica, pero partes muy cuantiosas han ido para trabajadores en ERTE o créditos ICO, por ejemplo, pero muchísimo menos para las entidades que trabajan por la inclusión social. Quizá en 2021 esto debiera darse (un poco) la vuelta.