Comisiones Obreras de Cantabria (CCOO) ha denunciado que, según un informe del Gabinete Económico Confederal con datos extraídos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2008 había en Cantabria 3.000 hogares sin ingresos laborales, un número que se ha disparado hasta los 7.000 en 2019, a los que, además, habría que subir mil más en los últimos doce meses. Unas cifras que marcan un incremento del 137% desde 2008, y del 9% en el último año.

Desde el sindicato señalan que el aumento de los hogares pobres durante la pandemia del coronavirus se ha visto agravado por la carestía del precio de los alimentos (el 2,6% en Cantabria) y el hecho de que el ingreso mínimo vital no esté llegando a los hogares vulnerables (apenas al 18% de los potenciales en nuestra comunidad según una estimación del Gabinete Económico de CCOO a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2018).

El informe elaborado por el Gabinete Económico Confederal de CCOO denuncia que transcurrida más de una década de la crisis de 2008 todavía no se han logrado reducir los altos niveles de pobreza y recuperar la situación previa al estallido de la burbuja inmobiliaria, una situación fruto de los recortes y la despreocupación de la política gubernamental por la desigualdad y la pobreza durante la crisis y la recuperación posterior.

«De nuevo vuelve a llover sobre mojado porque sobre esa precaria realidad es sobre la que más ha impactado la pandemia. Los más vulnerables siempre son los que pagan el pato y en un Estado social y de Derecho como el nuestro debería garantizarse la vida digna de las personas», ha señalado Rosa Mantecón, secretaría de Política Social de CCOO de Cantabria.

ENCARECIMIENTO DE LOS ALIMENTOS

El encarecimiento del precio de los alimentos ha sido de un 2,6% a nivel regional, el mismo porcentaje nacional. «No obstante, tenemos que tener en cuenta que alimentos y bebidas, junto con el pago de la vivienda y de los suministros básicos, constituyen el principal componente de la cesta de la compra de los hogares con menos ingresos, mientras que en los hogares de mayores ingresos el consumo se distribuye entre un mayor número de bienes y servicios», ha apuntado Mantecón.

De este modo, el precio de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas ha aumentado en Cantabria de forma importante durante la pandemia, impactando en mayor medida en la capacidad de compra de los hogares más vulnerables por su menor capacidad de absorción de estas subidas. Así, en la comunidad autónoma las frutas frescas han aumentado un 7,2%, la carne de porcino un 4%, el pescado fresco y congelado un 4,6% y las legumbres y hortalizas frescas un 6,1%.

INGRESO MÍNIMO VITAL

Por último, el informe señala que 9 meses después del inicio de la pandemia solo tienen reconocido el ingreso mínimo vital el 10% de los hogares pobres previstos de Cantabria, un 20% a nivel nacional. Para Rosa Mantecón, «la burocracia administrativa está ahogando a los hogares más vulnerables y a todas luces queda demostrado que no se está dando la respuesta y la solución que se esperaba. Desde CCOO pedimos a la Administración que agilicen todos los trámites para que las familias necesitadas tengan garantizado ese salario social que las ampara».

CIUDADANOS  PIDE MEDIDAS PARA REDUCIR EL IMPACTO DE LA SUBIDA DE LA LUZ

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs) Cantabria, Félix Álvarez, ha defendido la necesidad de adoptar «todas las medidas que sean necesarias» para «reducir el enorme impacto» de la subida del precio de la electricidad en las familias y los consumidores «vulnerables» ante una situación como la actual, en la que se ha registrado un incremento del 27 por ciento en el precio de la luz «en plena ola de frío, con cuarentenas sanitarias, un toque de queda que obliga a permanecer muchas horas en los hogares y una grave crisis económica para los autónomos y pymes» derivada de la pandemia de covid-19.

Es lo que ha manifestado Álvarez después de registrar en el Parlamento una Proposición No de Ley (PNL) para ser debatida en pleno en la que la formación naranja insta al Gobierno de Cantabria a elaborar «con carácter urgente» un Plan de Garantía de Suministros Básicos dirigido a «prevenir, detectar e intervenir» ante situaciones de carencias en el acceso a los suministros básicos (luz, gas y agua) por parte de consumidores y familias vulnerables.

«Un plan que contemple», ha sostenido el portavoz de Cs, «ayudas económicas directas para financiar los costes de los suministros básicos», además de «acuerdos con las compañías suministradoras» para garantizar un preaviso antes de acometer interrupciones de suministro. «Nuestro objetivo es detectar posibles situaciones de vulnerabilidad», ha subrayado Félix Álvarez, quien además ha planteado la necesidad de que ese Plan de Garantía de Suministros Básicos contenga acuerdos «para compensar los costes derivados de la interrupción de suministros por causa de impago» en estos colectivos, «especialmente durante los meses de invierno».

Asimismo, el GPCs aboga en esta iniciativa a que Cantabria solicite al Gobierno de España a poner fin a la doble imposición establecida en las facturas de la luz y el gas natural, sacando los impuestos de electricidad e hidrocarburos, respectivamente, de la base imponible del IVA, rebajando enormemente los precios de la electricidad a las familias y empresas españolas y haciendo más competitiva nuestra economía, al situar estos costes en línea con los de nuestros socios europeos.

En la misma línea, la formación naranja apuesta por el establecimiento de un tipo de IVA reducido, del 10 por ciento, para las facturas de la luz y del gas natural mientras dure la situación de excepcionalidad derivada de la pandemia del covid-19, así como el impulso -en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia- de una reforma de la tarifa eléctrica en relación con los elementos que determinan su coste actual para que los consumidores no soporten aquellos no asociados al coste de la generación y distribución de la electricidad.

Por último, la PNL del GPCs busca dar un impulso a iniciativas legislativas precisas para regular una garantía social de acceso a los suministros básicos para todos los consumidores y familias en situación de vulnerabilidad, sobre todo en los meses de invierno.