Cantabria por lo público se suma al movimiento por una nueva normalidad sin cortes de suministros

La Plataforma Cantabria por lo Público denuncia en el marco de la Semana Europea de lucha contra la Pobreza Energética la situación de absoluta desprotección de miles de familias en España.
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Decenas de entidades de todo el Estado realizan hoy concentraciones de denuncia descentralizadas en el marco de la Semana Europea de lucha contra la Pobreza Energética. El objetivo principal es dar visibilidad a las millones de familias que, aún a día de hoy, están afectadas por esta problemática ante la inoperancia del Gobierno Central.

En primer lugar, miles de personas viven angustiadas ante lo que puede ocurrir una vez finalice la actual moratoria de cortes de agua, luz y gas el próximo 9 de mayo. El Gobierno de coalición PSOE-UP, a pesar de prohibir las interrupciones por impago en el caso de familias vulnerables que cumplan con los requisitos de renta del bono social eléctrico, no ha previsto medidas para evitar la acumulación de deuda por parte de las mismas. Por ello, las entidades alertamos de la oleada de cortes que puede producirse una vez se facilite a las empresas distribuidoras la opción de interrumpir el suministro de aquellos hogares con facturas impagadas.

 

CANTABRIA POR LO PÚBLICO

En este sentido, la Plataforma Cantabria por lo Público junto a numerosas entidades sociales, ya facilitamos en su momento una serie de propuestas al Ministerio para la Transición Ecológica, que pasan por la implementar el principio de precaución, un mecanismo que obligaría a las compañías suministradoras a preguntar sobre la situación de la familia antes de cualquier corte por impago y a garantizar su suministro en el caso de que se encuentre en situación de vulnerabilidad.

«Esta medida debería ir acompañada de un periodo de carencia sin cortes hasta su implementación definitiva y de una redefinición de la figura del consumidor vulnerable a fin de proteger a más familias que las que contempla la actual normativa», explican.

En segundo lugar, plantean que decenas de barrios de todo el Estado han denunciado cortes constantes de forma indiscriminada sin una respuesta adecuada por parte de las empresas propietarias de las redes de distribución. Denuncian que determinados barrios de Almería, Granada, Sevilla, Barcelona, Girona o Figueres, tienen en común una evidente dejación de funciones por parte de Endesa distribución, que elude cualquier responsabilidad sobre el estado de las redes y se escuda en unas supuestas conexiones irregularidades. Mientras tanto, el vecindario sufre cortes, a menudo a diario, y en muchos casos son ignoradas por la Administración. Por todo ello, añaden, las movilizaciones de hoy también sirven para hacer públicos estos casos y exigir soluciones a las autoridades autonómicas, que son las competentes en materia de inspección y sanciones en el ámbito de la distribución eléctrica, y al Ministerio para la Transición Ecológica, como máxima institución en el Estado en materia energética.

Insisten en que «los ciudadanos pagamos cada año en nuestras facturas grandes cantidades en concepto de retribuciones a la actividad de distribución y es inaceptable que las empresas responsables no mantengan adecuadamente sus redes, perjudicando en muchos casos a los barrios más humildes de nuestras ciudades y pueblos».

Capítulo aparte, afirman,  merece la situación que están viviendo miles de personas en la Cañada Real (Comunidad de Madrid), donde tanto Naturgy Distribución como todas las Administraciones implicadas, en particular el gobierno autonómico de la C. de Madrid, les niegan el acceso al suministro eléctrico. A pesar de denunciar públicamente este maltrato y llevar el caso a los tribunales, estas familias, entre las que se encuentran afectados un@s 2.000 menores, siguen sin luz en sus casas en pleno invierno.

«El fin de la moratoria, los cortes indiscriminados en los barrios y la situación en la Cañada Real son motivos suficientes para salir hoy a la calle. Las acciones convocadas sirven para denunciar la pasividad de las diferentes administraciones implicadas ante las graves vulneraciones de derechos promovidas por las compañías suministradoras. Desde las entidades sociales, sabemos que la pobreza energética mata y no podemos tolerar ni una muerte más por su culpa. En este sentido, se estima que la precariedad energética podría ser responsable de unas 7.100 muertes prematuras al año en el Estado español. En plena pandemia y de manera permanente en la vuelta a la normalidad, exigimos un futuro sin cortes de suministro donde no se haga negocio con nuestros derechos», afirman.

Las distintas organizaciones unidas contra los cortes de suministro, terminan  señalando que hay que lograr una transición energética justa, que garantice el derecho a tod@s, su carácter social pero que igualmente aborde el reto que supone la emergencia climática; una amenaza que exige con urgencia una transición ecológica y social global, en la que la dimensión energética forma parte importante por sus impactos ambientales y sociales.

 

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