El colectivo de apoyo a refugiados y migrantes Pasaje Seguro se ha reunido este lunes con la delegada de Gobierno en Cantabria, Ainhoa Quiñones, para trasladarle su malestar por el operativo policial de la semana pasada contra un grupo de migrantes que aguardaban en un edificio abandonado en Nueva Montaña (Santander) antes de abandonar España rumbo a Reino Unido a través del Puerto de Santander.

Un despliegue que desde el primer momento tacharon de desproporcionado al no afectar a cuestiones relacionadas con problemas de orden público, sino la situación administrativa de regularidad o no de su documentación, y que vinculan con la criminalización y estigmatización del colectivo, mayoritariamente albaneses, que comenzó con el anterior presidente de la Autoridad Portuaria, cuando les denominaba “polizones” –pese a que no llegaban a embarcar- y les culpaba de los malos resultados económicos o de la pérdida de líneas –antes de la pandemia, los balances difundidos por el propio Puerto eran positivos y desde entonces se han ido anunciando nuevas conexiones–.
En el encuentro, por el que Pasaje Seguro agradece el “talante” y “sensibilidad”, la delegada de Gobierno les ha trasladado, según ha relatado, que contactará con la Dirección General de Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria para abordar la necesidad de iniciar una interlocución con este colectivo centrada en lo social –y no en lo policial, enfoque al que se limitó la gestión del asunto, excepción hecha de los momentos de la pandemia en los que se les consiguió alojarles en el monasterio de Soto Iruz en una acción coordinada entre Delegación de Gobierno, la Consejería de Empleo, el Obispado y la asociación Nueva Vida, que gestiona distintos albergues–

Uno de los aspectos que más había alarmado a Pasaje Seguro era la duda sobre si la actuación contó con orden judicial o no, ya que implicaba el acceso al edificio en el que ellos habitan, lo que implicaba una serie de garantías legales a su intimidad –del mismo modo que se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, con los accesos a los pisos turísticos ante las fiestas privadas en Madrid–.

En este sentido, el colectivo llamó la atención sobre que la información transmitida por la Policía hablaba de un lugar “de reunión” y no en el que se habitara, como han comprobado desde hace meses las personas que les atienden con comida, bebida o productos básicos –que han llegado a ser multados por ello–.

Al respecto, en la reunión la delegada de Gobierno, Ainhoa Quiñones, les ha trasladado lo que a su vez le transmitió la Policía, que los agentes no llegaron a entrar al edificio.

Algo que a Pasaje Seguro le ha causado “sorpresa”, ya que en la propia información policial se señalaba que los agentes “encontraron objetos que pudieran llegar a ser peligrosos en caso de no manipularse con la debida diligencia, tanto en las zonas bajas como en el interior del bloque”.

La alusión al interior implicaría acceso dentro y chocaría con este versión. Quiñones ha quedado en aclarar este extremo más a fondo, según ha relatado Pasaje Seguro, que espera una nueva reunión cuando se aclaren estos detalles.

Pasaje Seguro ha insistido en su “extrañeza”, no sólo por el despliegue “tan numeroso” de medios policiales (más de 15 policías)m sino por el sentido del operativo en sí mismo, ya que la verificación de la identidad de un ciudadano, migrante o no, “es algo habitual que la policía practica a diario y así podía y puede hacerse con este colectivo sin necesidad de contribuir a la estigmatización del mismo”.

Finalmente, este movimiento social ha reclamado que la Policía, “sin dejar de cumplir las funciones que le son propias”, actúe “conforme a los principios de legalidad que le son propios y con actuaciones proporcionadas que eviten la estigmatización innecesaria e injusta de cualquier migrante”.