Este martes, concentración de apoyo en Santander al pueblo colombiano
Siguen llegando muestras de apoyo desde Cantabria a Colombia, donde la represión policial ante unas protestas ciudadanas ha causado decenas de muertos y desaparecidos en un clima de hartazgo social y crecimiento de las desigualdades.
Ya la semana pasada se produjeron sendas manifestaciones en Santander y Torrelavega, y una conexión de La Vorágine con activistas, con asistencia de numerosos colombianos, así como partidos o movimientos sociales internacionalistas.
En concreto, este martes se ha convocado protesta de 20 a 21 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Santander, bajo el lema Fuerza Colombia, los hashtags #SOSColombiaDDHH y #elparonopara e instando a llevar camisetas con los colores de Colombia o de color blanco.
DE LAS GILDAS A LAS MOYAS
La relación entre Cantabria y Colombia se ha cimentado no sólo por la presencia de migrantes, sino por lazos de apoyo.
Estos días, al hilo de la fuerte represión, Gema Martínez, una de las Gildas recordaban los problemas que está atravesando un proyecto con el que colaboraron, la Casa Taller Las Moyas, en Bogotá.
Las –añoradas- Gildas son un colectivo al que recordamos por esas fiestas en la calle (generalmente, frente al Bolero, aunque también en Cañadío y tuvieron su fase itinerante) en la que se servían pinchos cuya venta servía para apoyar a proyectos de comunidades de resistencia, aquellas a las que no llegaban otras iniciativas de apoyo u con una identidad muy marcada.
Es, recordaba, un “proyecto pequeño, fuerte y transformador” que consiste en una casa se ha ido reformando por muchas manos y dotando de espacios diversos a lo largo de los años para acometer su trabajo con chicos de la calle, que “enfrentan y a veces sucumben a todos los riesgos posibles y la realidad de la exclusión en su cotidianidad”. Algunos de ellos acaban dentro del propio equipo de Las Moyas.
“Es un milagro, cada día, cada pequeño logro, cada pequeña salvación”, ensalzaban, para añadir que ahora viven esta situación “con desesperación”: “hay gente herida, desaparecida, hay disparos, hay miedo. Nos cuentan que esta noche será bien negra. Nos hablan de guerra civil”.
LAS DIFICULTADES DE LOS ACTIVISTAS
Distintas entidades miembros de la Coordinadora Cántabra de ONGDs se han acercado a la persecución que sufren allá los defensores de los derechos humanos, por ejemplo, frente al expolio de sus recursos naturales.
Así, de la mano de Brigadas Internacionales de Paz pudimos conocer la experiencia de Berenice Celeita, directora de la Asociación para la Investigación y la Acción Social (Nomadesc).
Esos problemas llegan a tal punto que distintas organizaciones han desarrollado un plan de seguridad para sus activistas, en un proyecto impulsado por la rama en ese país de Movimiento por la Paz (MPDL, miembro de la Coordinadora Cántabra de ONGDs), con el apoyo del Gobierno de Cantabria a través de su Dirección General de Cooperación al Desarrollo.
La iniciativa, localizada en Nariño (Colombia) se concibe como una herramienta para que mujeres defensoras de Derechos Humanos cuenten con elementos para minimizar riesgos.
En concreto, el plan contiene consejos para elaborar e implementar Planes de Protección y Autoprotección, así como medidas individuales y colectivas, para que las mujeres defensoras las puedan aplicar en sus organizaciones y en el marco de su trabajo como defensoras, como en sus vidas. Son consejos de seguridad, vigilancia, apoyo mutuo, transportes, reacción ante amenazas o agresiones e incluso salud mental.
Al trabajo campesino se dedicaron hace unos años unas mesas redondas organizadas por Mundubat y Brigadas Internacionales de Paz junto al sindicato agrario UGAM-COAG, en el que se produjo intercambio de experiencias al respecto.
EL PROCESO DE PAZ
Mundubat, miembro de la Coordinadora Cántabra de ONGDs, ha organizado distintos eventos en torno al procoeso de paz y sus derivadas, amplias, con exguerrilleros, ofrecido la perspectiva de las mujeres o el colectivo LGTBI o reflexionado sobre el futuro del proceso desde una perspectiva internacionalista.
Hablando de la perspectiva de las mujeres, dentro de su proyecto “Construyendo la paz con las mujeres campesinas de FENSUAGRO: una apuesta de fortalecimiento organizacional en el marco de los Acuerdos de Paz en Colombia” , con el apoyo económico del Gobierno de Cantabria , organizaba en enero una jornada sobre la perspectiva feminista y LGTBI en la que las activistas que intervinieron recordaban su papel en los años de lucha, todos los sacrificios y los riesgos de que se perdiera todo eso.
El dato escalofriante de las personas asesinadas lo mencionó Marina Gallego, la coordinadora de la Ruta Pacífica: 250 ex combatientes asesinados desde 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz; 378 líderes y lideresas asesinados, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y 44 son mujeres. Se registran como mínimo 60 masacres en 2020…
El activista Gustavo Gutiérrez estuvo en 2017 en Cantabria, con Amnistía Internacional, donde contó su experiencia a raíz de la muerte de su hermano y cómo allí de quien tienen que defenderse es del propio Gobierno.
Hace años, de la mano de La Vorágine, el proyecto Contrapunto se asomó a cómo se construyen los relatos de los procesos en los que se produce la vivienda (como la matanza de 70 personas en Bojayá).
Esta librería y espacio de cultura crítica acogió en su momento la presentación de a Cartografía de la Desaparición Forzada, el más completo desarrollado hasta ahora y que mapea 80.472 casos de los casos de desaparición forzada registrados en Colombia, un país que intenta salir de un estado de guerra que ya suma casi siete décadas.
EL PROBLEMA DE LA TIERRA
A través de Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) y su trabajo con la Fundación Forjando Futuros conocimos el problema de la tierra, en el que vienen trabajando y apoyando desde aquí: se trata de proveer de acompañamiento legal a víctimas del conflicto colombiano en su batalla para recuperar las tierras que la violencia les arrebató.
El conflicto colombiano generó millones de desplazados internos,
En este país, las mujeres son el 51% de la población y, sin embargo, de las tierras legalizadas tras el conflicto armado, solo una cuarta parte está en manos de ellas, quienes en muchos casos incluso desconocen qué tierras les pertenecen o qué extensión tienen. «El 60% de la propiedad está sin legalizar, lo que facilita el narcotráfico, la explotación minera de forma indebida y otros tipos de corrupción», explica la activista colombiana.
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