La secretaria de Organización del PSOE de Cantabria y portavoz parlamentaria socialista, Noelia Cobo acompañada por el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, ha registrado este miércoles en el Parlamento de Cantabria, una iniciativa parlamentaria del Grupo Parlamentario Socialista relativa al contrato de basuras de Santander.

Noelia Cobo ha asegurado que “presentamos esta iniciativa parlamentaria porque el problema de las basuras y las consecuencias que genera no solo afecta a los vecinos y vecinas de Santander sino a todos los ciudadanos de Cantabria”. Una ciudad, ha continuado, “que recibe diariamente la visita de muchos cántabros y cántabras que se desplazan a la ciudad para realizar trámites y gestiones”.

Una situación, ha incidido la portavoz socialista “que tenemos que dejar en este momento muy clara que no es responsabilidad de los trabajadores y de los trabajadores de esta empresa que de ningún modo se pueden ver afectados por una situación de contenido estrictamente político”.

Según ha explicado, “los grupos parlamentarios recibimos de manera constante quejas y demandas de la ciudadanía que requieren solución y aquí estamos, para que trate esta cuestión en el Parlamento regional”. “La ciudad de Santander se encuentra en unas condiciones lamentables, está más sucia que nunca y de ahí, las denuncias que venimos recibiendo de los ciudadanos y ciudadanas”, ha aseverado.

En palabras de la portavoz socialista, “nuestra responsabilidad es canalizar las demandas de la ciudadanía que consideramos justas y legítimas y esta sin duda lo es”.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en Santander, Daniel Fernández, ha agradecido la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, porque se alinea con el mandato del Pleno del Ayuntamiento donde “todos los grupos políticos, salvo el PP, pedimos que se cambie el reglamento para que se puedan crear comisiones de investigación”.

“Una comisión de investigación para analizar el contrato de las basuras y que Santander recupere de nuevo la limpieza que los santanderinos merecen con los impuestos que pagan”, ha defendido.

En este sentido, ha denunciado que el PP “pretende solucionar el problema de manera privada” con comisiones “carentes de publicidad”, después de haber hecho “caso omiso” a la fiscalización sin atender a “los incumplimientos” durante el tiempo de vigencia del contrato, “lo que ha supuesto que nuestra ciudad esté más sucia que nunca”.

Finalmente, ha reprochado a los populares que quieran ser “acusación y defensa a la vez”, como tampoco pueden ser “el juez” porque no tienen “la suficiente credibilidad como para poder llevar a cabo una investigación en condiciones”.

SANTANDER, «MÁS SUCIA QUE NUNCA»

En la exposición de motivos se recuerda que Santander “está más sucia que nunca”, y que la situación “lejos de mejorar, no hace más que empeorar diariamente en una dinámica constante en los últimos años y que se ha agravado progresivamente en los últimos meses”.

Enumeran la acumulación de quejas y denuncias vecinales, tanto por cauces oficiales como en la calle o redes sociales.

“Son cada vez más frecuentes las imágenes de contenedores destartalados rebosantes de basura, papeleras destrozadas sin sustituir, atascos en la recogida neumática, malos olores, acumulación de muebles abandonados, vertederos ilegales descontrolados y/o proliferación de roedores·, reiteran, añadiendo que es un problema de los santanderinos –una tercera parte de la población cántabra–, pero también de los cántabros que se desplazan a la capital para trámites y gestiones.

Además de los riesgos para la salud pública de una situación de insalubridad tan manifiesta, advierten, “el estado de suciedad de la capital de Cantabria pone en riesgo la buena imagen y excelencia de Santander a las puertas del verano, con la importancia que tiene el sector del turismo para el conjunto de la economía de la Comunidad Autónoma y de su capital”.

Consideran que los santanderinos “merecen explicaciones y respuestas sobre los motivos que han provocado que la ciudad esté más sucia que nunca”, y que esto se haga a través de una comisión de investigación “pública, accesible al conjunto de los ciudadanos para que puedan tener conocimiento sobre todos los detalles que han llevado a este enorme fracaso de uno de los principales servicios públicos esenciales de competencia municipal”.

También señalan que desde el mes de octubre, en Santander existe el mandato del Pleno municipal y de una amplia mayoría de la Corporación que urge la modificación del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) para regular las comisiones de investigación, “pero a la fecha depende de la voluntad política de la Alcaldía”, según aseveraba recientemente el mismo portavoz del equipo de Gobierno municipal —Javier Ceruti, de Ciudadanos, partido que también tiene representación en la Cámara autonómica-.

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Santander, “único partido que se resiste a la creación de esa Comisión de Investigación pública”, critican, “bloquea dicha modificación reglamentaria que se precisa y, entre tanto, oculta, dilata y maneja los tiempos de la información a la población, priorizando sus intereses partidistas en una comisión a puerta cerrada y secreta”.

Detallan que el Informe de Fiscalización del contrato de las basuras de Santander para los años 2013 y 2018, elaborado por el Interventor General del mismo Ayuntamiento, es “esclarecedor” de los incumplimientos en el servicio, que se han cuantificado en más de siete millones de euros.

Asimismo, el interventor documenta problemas que van desde el recorte inicial del pliego en un 10% a la adjudicación a una oferta con otro 10% de baja económica; o la fiscalización “irregular e insuficiente” del servicio y los incumplimientos “difícilmente comprensibles,” como los relacionados con el desarrollo tecnológico de la contrata en una ciudad que, en el mismo periodo histórico, ambicionaba proyectarse nacional e internacionalmente, como ‘Smart City’.

Y se remiten a las relaciones laborales “acreditadas” con la empresa en el pasado de varios cargos del equipo de Gobierno municipal y sus responsabilidades directas, tanto en la adjudicación del contrato como en otras competencias que guardan relación con diferentes ámbitos de actividad de la adjudicataria (como el urbanismo o la obra pública), que suponen “motivo más que suficiente para ofrecer a los santanderinos una investigación sobre las responsabilidades políticas de este deterioro de un servicio tan esencial para la vida en la ciudad como la recogida de las basuras”.