El vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga, ha expresado la voluntad del Gobierno regional de cumplir “de forma ágil y eficaz” con el desarrollo legislativo de la Ley orgánica de regulación de la eutanasia, como garantía del derecho a morir dignamente.

En este sentido, se ha referido a la reciente creación y regulación de la Comisión de Garantía y Evaluación del derecho a la prestación de ayuda para morir y el Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la prestación de ayuda para morir mediante una orden de la Consejería de Sanidad.

Durante la inauguración de las Jornadas sobre la Ley de Eutanasia celebrada en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, el vicepresidente también ha señalado que esta norma va a permitir a una persona, que se encuentra en una situación irreversible, adoptar una decisión autónoma sobre el final de su vida con todas las garantías jurídicas.

Acompañado por el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, el vicepresidente ha indicado que con esta ley el Gobierno de España vuelve a ser pionero en la conquista de un nuevo derecho, que se regula de forma ampliamente garantista para ejercerlo de manera voluntaria, informada, consentida y libre.

Sobre el objetivo de esta norma, ha explicado que va dirigido a solucionar legalmente los supuestos en los que una persona con una enfermedad irreversible y sin tratamiento, solicita que se le administre una medicación que ponga final a su vida de manera anticipada o que garantice el acceso a los fármacos para poner fin a su vida por sí mismo.

Por su parte, Miguel Rodríguez ha asegurado que Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia representa un avance social porque reconoce un derecho a la ciudadanía.

Tras asegurar que vida y muerte van ligadas, el titular de Sanidad ha indicado que morir con dignidad, en un ámbito garantista para el enfermo y los profesionales, debe ser entendido como un paso lógico dentro del tratamiento del paciente.

También ha puesto en valor la celebración de jornadas de debate de este tipo, que permitan debatir y aclarar conceptos, recogiendo los distintos puntos de vista.

Sobre los dos órganos creados en Cantabria, para desarrollar y completar la Ley Orgánica 3/2021, ha recordado que Comisión de Garantía y Evaluación del derecho a la prestación de ayuda para morir es un órgano administrativo de carácter colegiado y multidisciplinar, adscrito a la Consejería de Sanidad a través de la Dirección General competente en materia de ordenación sanitaria.

En cuanto a su composición, esta Comisión estará integrada por cinco médicos del sistema sanitario público, tres profesionales de enfermería, un miembro del Comité de Bioética de Cantabria y dos juristas.

Esta Comisión, ya constituida formalmente, actuará con autonomía funcional e independencia de criterio, estando obligados sus miembros a guardar secreto sobre las deliberaciones y a respetar la confidencialidad de la información a la que puedan tener acceso.

En lo que se refiere al Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia, este órgano tendrá por objeto facilitar a la administración sanitaria la necesaria información para garantizar una adecuada gestión de la prestación de ayuda para morir.

Tanto Zuloaga como Rodríguez han resaltado en su intervención la figura y el papel de la exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, en el diseño y aprobación de este nuevo derecho, esfuerzo que han hecho extensible a otros colectivos y asociaciones, así como a diversos profesionales.

Bajo el título ‘La Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, regulación de la eutanasia. Un nuevo derecho, una nueva prestación sanitaria’, María Luisa Carcedo ha sido la encargada de pronunciar la ponencia inaugural de estas jornadas.

En la inauguración de estas jornadas también han participado el gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla, Raúl Pesquera.

JORNADAS DE DEBATE

Además de explicar y difundir el contenido de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia y su aplicación en Cantabria, estas jornadas pretenden debatir y analizar sobre las principales situaciones que aparecerán con la puesta en marcha de este nuevo derecho y en la organización de esta nueva prestación sanitaria.

Entre estos aspectos, se tratarán las implicaciones ético-jurídicas-organizativas de este nuevo derecho, la regulación de los procesos de objeción de conciencia y los mecanismos e indicadores de solicitud de esta prestación.

Desde una aproximación más asistencial, también se debatirá cómo va a afectar esta nueva prestación sanitaria a los profesionales de la salud que van a tener que tomar decisiones, acompañar y asesorar a los pacientes sobre la aplicación de la eutanasia.

La clausura de las jornadas correrá a cargo de la directora gerente del Servicio Cántabro de Salud, Celia Gómez; y del gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla, Raúl Pesquera.