El 21 de septiembre de 2020 la parte ‘popular’ del equipo de Gobierno anunció el inicio del proceso de resolución del contrato de las basuras en Santander.

Un servicio público concesionado a la unión de empresas ASCAN-GEASER (ambas del grupo SADISA) que venía acumulando quejas ciudadanas por la suciedad en las calles.

Y que, junto al resto de contratos en manos de empresas privadas, había sido cuestionado en la campaña electoral por el candidato de Ciudadanos, Javier Ceruti, después socio de gobierno –y en cuya ausencia se hizo aquel anuncio de resolver el contrato, acogido con escepticismo entre el resto de la oposición–.

Muchas cosas se dijeron eses días desde el PP, apoyadas en un informe del interventor que enumeraba incumplimientos, cifrados en 7 millones de euros, pero que no recomendaba expresamente la resolución (término administrativo para dar por acabado un contrato cuando una de las partes no ha cumplido).

El proceso iniciado iba a mejorar el servicio, el trámite iba a ser rápido y podría convocarse un nuevo concurso para elegir a otra empresa que se ocupara de la limpieza en las calles.

Un año después –se cumplirá este martes—sin que se haya cumplido ninguna de estas premisas.

La principal, la evidente, que no se ha resuelto el problema de la limpieza, pero luego están las administrativas: no se ha terminado el trámite y no se tienen los pliegos necesarios para convocar el nuevo concurso, por lo que la misma empresa sigue ocupándose del servicio.

En el plano de las consecuencias, si bien ha habido sanciones administrativas y sentencias judiciales, lo que no hay es una comisión de investigación en la que se pueda citar y preguntar a todos los protagonistas, administrativos y empresariales, de la gestión de las basuras de Santander

ANTECEDENTES: UN CONTRATO DISPUTADO A LA BAJA

En el año 2012 –en la anterior crisis, la financiera que dejó tocado al ladrillo– tocaba saca a concurso la gestión  de las basuras en Santander, un contrato importante que suponía varios años de tranquilidad a empresas del sector de la construcción que habían expandido su actividad a otras áreas.

El servicio, en tiempos público, lo gestionaban dos empresas del  grupo SADISA, referente cántabro en el sector de la obra pública y la construcción que en los últimos años ha ido pasando por dificultades, adjudicatario recurrente en Santander.

A esa renovación aspiraron gigantes nacionales como Ferrovial (a través de CESPA) y FCC.

La licitación (el precio de salida) ascendió a 19,4 millones de euros. Finalmente, la adjudicación se hizo hasta 2022, por un canon de 15,9 millones anuales, obtenido tras rebajar un 10% respecto al precio que se ofreció, en una baja que sumaba al 10% respecto a la primera adjudicación.

Es decir, las basuras en Santander se gestionaron por un 20% menos de lo que el Ayuntamiento de Santander calculó que costaba cuando pasó de ser un servicio público a una en manos de una empresa. La alcaldesa ha asegurado que se pensó que la mayor duración en años del servicio compensaría la reducción económica.

A la hora de valorar una adjudicación, hay una parte que se mide con números (la oferta económica, los criterios que se pueden medir) y otras en las que hay un componente subjetivo.

En los criterios objetivos se impuso por la mínima, 41,857 frente a los 41,487 de CESPA (Ferrovial), de los 42 que podían sacarse.  Esta empresa fue también la que presentó la mejor oferta de canon económico, con 15,8 millones de euros, frente a 15,9 millones de ASCAN. Ambas empresas estuvieron igualadas, aunque con ASCAN por delantera, en los criterios objetivos –los que no son económicos pero se pueden medir con cifras–.

Y luego estaban los que inclinaban la puntuación final, los aspectos subjetivos, que suponían el 58% de la nota fina y en los que el Grupo SADISA obtuvo  la mejor puntuación, desplazando a Ferrovial.

Del Comité que los analizaba formaba parte José Ignacio Quirós: con el tiempo sería concejal de Medio Ambiente –área de la que dependía el contrato–, pero en ese momento era director general de Infraestructuras, un cargo de confianza al que llegó procedente de trabajar en empresas del grupo SADISA, del que llegó a ser apoderado.   Todavía esta legislatura, pese a ya no ser concejal, representaba al Ayuntamiento en la Sociedad de Vivienda y Suelo.

EL CONTRATO NO SE HA RESUELTO

Que el contrato no podría resolverse –finalizarse- pronto parecía evidente a cualquiera que conozca lo mucho que se está complicando la administración. Son necesarios una serie de informes internos a los que la empresa puede presentar alegaciones –respuestas–, que a su vez pueden ser aceptadas o rechazadas por la institución.

En este caso hubo de todo, desde la petición de ampliación de plazo por parte de la empresa alegando problemas informáticos mundanos hasta la caducidad de las fechas con que se contaba: el conjunto del expediente se debía enviar al Consejo de Estado para que a su vez emitiera un informe, y quedó fuera de plazo debido a que el equipo de Gobierno apuró mucho los plazos y lo envío muy pegado a la fecha, en un retraso del que trató de culpar al Ejecutivo autonómico.

Así que hubo que reiniciar el proceso: algo más rápido, ya que muchos de los informes ya se habían hecho. Pero hubo que aportar nuevos, con más incumplimientos, con otra fase de alegaciones y otra de respuestas, antes de volver a enviarlo al Consejo de Estado. ACTUALIZACIÓN: Según publica este lunes EL DIARIO MONTAÑÉS, el Consejo de Estado ha respondido, respaldando que se resuelva el contrato y confirmando incumplimientos.

NO HAY PLIEGOS PARA EL NUEVO CONCURSO

En paralelo, eso es lo que se dijo, se iba a convocar un nuevo concurso para adjudicar el servicio a una nueva empresa.

Para eso eran necesarios unos pliegos, una serie de documentos en los que se establezcan las condiciones, tanto económicas como técnicas –que en otros contratos han ido con un nivel muy detallado de especificaciones–.

Esos pliegos parecen haberse comenzado a redactar, y decimos parecen porque es lo que afirmaba recientemente el PP, que dentro del equipo de Gobierno tiene las competencias en materia de medio ambiente y limpieza, pero la parte de Ciudadanos, que ostenta las responsabilidades en materia de contratación, manifestó no tener constancia de todo esto.

Contar con los pliegos es simplemente el principio de proceso: luego hay que convocar el concurso, ir resolviendo por fases, esperar que no surjan complicaciones o impugnaciones de las cláusulas, adjudicar, esperar que no se produzca tampoco nada al respecto. Así que aunque se contara con los pliegos esta misma semana, no parece que le fuera a suceder un concurso y adjudicación inmediata.

EL PP SIGUE RETICENTE A LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

En el apartado de la fiscalización de cómo se ha llegado hasta esta situación, más allá del análisis del pecado original de las condiciones en las que se adjudicó el servicio, no se ha habilitado una fórmula para que se pueda conocer más información de lo sucedido que la que emiten los propios servicios municipales, sean personal técnico o los cargos de designación política que vienen elaborando informes.

El PP en el equipo de Gobierno –no así su socio de Ciudadanos—se muestran en contra de implantar en el funcionamiento del Ayuntamiento un mecanismo que existe y al que han recurrido en el Parlamento: las comisiones de investigación, órganos con representación de todos los partidos que citan a conocedores de un tema en cuestión, en sesiones que además pueden verse en streaming por el conjunto de la ciudadanía que así lo quiera.

Es lo mismo que ha pasado en el Parlamento de Cantabria, a iniciativa del propio PP en muchas ocasiones (GFB, Cantur/Racing…) y que en Santander los ‘populares’ consideran que supondría un “circo mediático”. Al final dependerá de ellos implantar los cambios reglamentarios que permiten que se celebren estas comisiones, aunque sea desoír un mandato mayoritario del Pleno municipal, con los votos de PSOE, PRC, Ciudadanos y Unidas por Santander, que suman más votos que los del PP.

El PP ha derivado la emisión de algunos informes a la comisión municipal que aborda de forma regular los temas de medio ambiente, que no puede verse en directo por los ciudadanos y que aborda otros temas rutinarios en la ciudad, más allá de esta situación excepcional.

Las únicas consecuencias inmediatas que se han producido son las sanciones que, una vez estallado el conflicto, ha recibido la empresa y que han ido llegando a los tribunales, que si bien ha reducido la cuantía, ha confirmado que debían imponerse.

Mientras, independientemente de que se resuelva o no el contrato y de si se convoca o no el nuevo concurso, las quejas sobre la suciedad de las calles siguen produciéndose –extendiéndose a nuevos focos como la recogida neumática– sin que parezcan estar tomándose medidas para mejorar la limpieza, como constatan santanderinos y vienen reportando distintas cuentas de Twitter.  Y en los últimos meses, se ha pasado a un problema de insalubridad materializado en los avistamientos de ratas en distintas calles del centro urbano: desde Canalejas a la calle del Sol pasando por el Cabildo, entre otras.