El colectivo ciudadano Pasaje Seguro ha acusado al presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, Francisco Martín, de «normalizar la violencia» contra migrantes con las alambradas con cuchillas, las concertinas, instaladas y anunciadas en el recinto portuario.

Este movimiento social de defensa de las personas refugiadas y migrantes convocaba este sábado una concentración en la Plaza del Ayuntamiento de Santander, a la que han asistido también miembros de Izquierda Unida o Podemos, y en la que han pedido tanto la retirada de estos dispositivos como el compromiso «inequívoco» de no instalar ninguno más.

En la concentración se ha llamado la atención sobre los argumentos utilizados por Martín, cuyo comportamiento han calificado de «cínico» al justificar este medida por su preocupación por la seguridad de los migrantes, «expresando su miedo a que sean atropellados dentro del puerto, o fallezcan en un contenedor; para, acto seguido, erizar la valla del puerto de cuchillas carniceras que pueden malherir y matar a esos migrantes». 

«Esta agresión la pretenden hacer pasar como una solución técnica contra la presunta invasión del puerto por migrantes. Y lo que es peor, pretenden que normalicemos y disculpemos la violencia sangrienta de una medida como esta» aseveran desde Pasaje Seguro, que ha llevado esta situación ante el Defensor del Pueblo.

También critican el argumento de que son un elemento disuasorio de los accesos al Puerto (un informe del Ministerio del Interior ya ha corroborado que ese efecto no se produce con estas vallas y alambres): «lo único que hacen es desgarrar a unas cuantas de esas personas», rebaten.

También han aludido a otro argumento empleados, el de las pérdidas de tráficos e ingresos que supondrían estos accesos, desmentida por la propia realidad: es la propia Autoridad Portuaria la  que cada año, a excepción del de pandemia, presume de mejoras en todos los indicadores o de la llegada de nuevas empresas o ampliaciones de rutas de las ya existentes (entre ellas Brittany Ferries, de quien se llegó a decir que iban a abandonar el Puerto de Santander).

«DERIVA DESHUMANIZADORA»

Asimismo, critican que nunca  se refiera a estos ciudadanos por su condición de migrantes y sí como «polizones» o «intrusos»: «es decir, eluden su condición de seres humanos con derechos y deberes, y niegan su condición migratoria»

Es, por tanto, una «negación» de si condición de personas, una «deriva deshumanizadora», incidiendo en que «el ataque contra personas más vulnerables es siempre el preludio del que se produce contra quienes todavía mantenemos derechos de ciudadanía que a otras personas se les niegan». Es una «barbarie» que «abre paso al fascismos».

Y frente a ello, apuntan, se podrían haber adoptado otras medidas: desde una vigilancia proporcionada y sin violencia, aumentando la plantilla de seguridad, o actúe en el plano diplomático con Reino Unido (destino final de los migrantes, que en realidad están abandonando nuestro país) facilitando la concesión de visados.

 «¿Está dispuesto el Sr. Martín a asumir los costes humanitarios de los desgarros en las concertinas? ¿Está dispuesto a asumir su coste reputacional para el Puerto de Santander? ¿También el penal? ¿Qué hará la Autoridad Portuaria cuando las concertinas no eviten los saltos? ¿Electrificarlas?», inquieren.

Pero además de a la figura de Martín (esta semana Juventudes Socialistas de Santander denunciaba que la instalación de concertinas se había decidido a espaldas del resto del Consejo de Administración del Puerto, por lo que Pasaje Seguro ha preguntado qué piensan al respecto miembros de este organismo, como la delegada de Gobierno Ainoa Quiñones o el consejero de Industria, Javier López Marcano), han apuntado más responsabilidades:

Desde la delegada de Gobierno, que » quiera o no, tiene la responsabilidad de la seguridad en una instalación que actúa como frontera», o Puertos del Estado, el ente público del Ministerio de Transporte en el que se sitúa el Puerto de Santander, que tiene la obligación de controlar medidas que contradicen la política gubernamental en materias de seguridad. 

También se han dirigido al Gobierno de Cantabria, cuyos responsables, como el vicepresidente Pablo Zuloaga, se han manifestado en contra de las concertinas y » ahora prefieren mirar para otro lado», o la secretaria de organización del PSOE de Cantabria y portavoz parlamentaria, Noelia Cobo, a quien recriminan sus «lágrimas de cocodrilo» por «pronunciarse en contra de las concertinas y decir acto seguido que no es cosa suya».