Con las primeras luces del día partía desde el Puerto de Santander la minicomitiva que debía ir en bicicleta hasta Quintanilla-Sobresierra, a la fábrica de Maxam. Otra marcha partía más tarde desde Burgos para confluir en el mismo sitio, a las 16:00, y después ir todos juntos hasta la capital burgalesa para una concentración ante la Subdelegación del Gobierno

La acción estaba convocada por el Colectivo Noviolencia, coordinada por la Plataforma Burgos con las personas refugiadas y apoyada por Pasaje Seguro Cantabria. Se pretende poner de manifiesto la naturaleza y consecuencias de la actividad de empresas como Maxam y su filial Expal, que se dedican al diseño y fabricación de material bélico.

Maxam-Expal lleva suministrando armamento de guerra a Arabia Saudí con la aprobación ministerial del Gobierno de España desde casi el comienzo de la guerra de Yemen. Por las circunstancias de la pandemia, el recorrido desde el Puerto de Santander sólo ha sido efectuado por un activista.

Maxam-Expal ha enviado material bélico a Arabia Saudí por alto valor incluyendo granadas de mano, minas antipersona y munición para morteros y misiles. También se trata del cuarto exportador mundial al país que sostiene el bloque y ofensiva sobre Yemen. La guerra de Yemen ha sido considerada por la ONU como la mayor crisis humanitaria actual, con unos nuevos 45.000 desplazados en los 2 últimos meses o la terrible cifra de 75% de niños con desnutrición aguda y más del 50% de la población adulta en inseguridad alimentaria.

El Puerto de Santander «ha participado de manera opaca e irregular en este tráfico criminal», afirman desde Pasaje Seguro en un comunicado, contraviniendo la legislación que hace ilegales las exportaciones de armas a países con conflictos como el de Yemen. Entre otras: el artículo 8 de la Ley 54/2007, el artículo 6.3 del Tratado sobre el Comercio de Armas de la ONU suscrito por España y la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo de Europa, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares.

El Puerto de Santander «ha practicado este tráfico criminal sin respetar las medidas de seguridad exigibles en una actividad de estas características, poniendo en riesgo a la población de la ciudad. Lo ha hecho con la tolerancia y complicidad de la Delegación del Gobierno y demás autoridades locales y regionales» prosiguen desde la asociación.

Marchas y acciones como las de este martes tienen como objetivo evitar que el puerto de Santander y el resto de puertos españoles vuelva a ser utilizado en tráficos criminales de armas; tienen como objetivo «recordar que las guerras que destruyen países como Yemen se financian, y se alimentan aquí, empiezan aquí, y debemos pararlas aquí», concluyen.