La Fiscalía Superior de Cantabria advierte del incremento que viene detectando de causas en las que aparecen criptomonedas (también llamadas bitcoins, monedas virtuales con un funcionamiento al margen de las entidades bancarias, usadas como inversión).

En su repaso a los asuntos relacionados con las nuevas tecnologías reflejado en su memoria anual, consultada por EL FARADIO, aborda cuestiones como el robo de identidad digital, las estafas leves por teléfonos o líneas IP que no se investigan precisamente por su levedad pese a que acumuladas suponen un caso de mayor entidad.

Entre ellas, la Fiscalía detecta esta tendencia en aumento, tanto cuando la criptomoneda es el objeto de la estafa como una forma de ocultar el dinero defraudado.

En este sentido, se constata una línea de resolución práctica que dificulta tanto la investigación, por la “opacidad” de estas operaciones –la Fiscalía precisa aquí que se está dando una “creciente” colaboración de las entidades de intercambio de criptomonedas—como en la recuperación de las cantidades defraudadas, que resulta “extremadamente difícil”.

La Fiscalía reflexiona como la desconfianza generada hacia el sistema bancario tradicional –venimos de años de incremento de las causas ligadas a las preferentes, activos tóxicos o cláusulas abusivas en las hipotecas—sumada a los bajos tipos de interés y a la “pujanza” de los activos digitales ha “arrastrado” a muchas personas a invertir en estos activos.

Y no sólo a invertir confiando en su rendimiento y beneficios posteriores, sino a participar en su generación a través del ‘minado’.

“La falta de garantías o respaldo gubernamental y la opacidad de tales transacciones es innegable que han generado un contexto en el que con mayor frecuencia o bien se usa estas criptomonedas en la  comisión de estafas o como forma de blanqueo, o incluso se crean supuestas plataformas de pago o inversión que no dejan de ser “chiringuitos financieros””, asevera la Fiscalía.

Este órgano apunta que sería “deseable” una actividad “más intensa” de los reguladores para informa de los riesgos de tales inversiones, que en general deberían calificarse de alto riesgo.

EL ROBO DE IDENTIDAD DIGITAL

En la memoria, en su apartado centrado en nuevas tecnologías, la Fiscalía reclama –insiste—en la “conveniencia” de que se dé algún tipo de tratamiento legislativo a la usurpación de la identidad digital, un delito que, explican, en estos momentos “no existe como tal en nuestro ordenamiento jurídico”.

Las redes sociales pueden dar apariencia de amigables, pero no lo son…

Lo que sucede, añaden, es que los “límites” del tradicional delito de usurpación de estado civil son, “sin duda”, “demasiado estrechos” para casos como la creación de perfiles falsos en redes sociales que luego pueden usarse para estafas, amenazas o delitos contra la intimidad.

La Fiscalía ve elementos “preocupantes” en el aumento del acceso a menores a redes sociales, muchas veces sin control paterno, que es expone a conductas delictivas tanto para su libertad, honor o indemnidad sexual.

E inciden en que los límites de edad que se plantean en las redes “rara vez se cumplen”, pese a que esto supone un incumplimiento de los contratos de las plataformas que debería llevarles a asumir mayor responsabilidad.

Alertan sobre la sensación de “impunidad y anonimato” que puede percibir un usuario medio, ya que buena parte de los hechos delictivos se producen por falta de cultura del uso de entorno virtuales, en los que los ciudadanos creen no ser observados pese a que precisamente la información recopilada sobre nuestras acciones por las grandes empresas de Internet resulta “apabullante”.

En este sentido, recalcan que la percepción de impunidad que interiorizan no solo los autores de las estafas informáticas, sino
también las víctimas que, en muchas ocasiones no presentan denuncias, no se produce con la misma intensidad en otros países, como lo demuestra el número de órdenes europeas de investigación que por dicho motivo se reciben de otros países europeos, en los que el volumen de denuncias no ha disminuido, como lo demuestra el incremento de expedientes de cooperación internacional que se han tramitado.

LAS ESTAFAS REITERADAS POR TELÉFONOS O LÍNEAS IP

Además,  se refiere a las dificultades para identificar la titularidad de teléfonos o líneas correspondientes a una dirección IP, que genera “numerosas dudas” en su aplicación práctica, lo que lleva a tener poca disposición a tomar medidas al respecto cuando se ve que son delitos leves.

El problema, advierten, es que esos delitos leves en ocasiones “esconden delitos de mucha mayor entidad o trascendencia por ser reiterados continuamente por las mismas personas”. Al respecto, citan pequeñas estafas por la venta fraudulenta de objetos de segunda mano o incluso estafas que “parecen” meros conflictos civiles hasta que se comprueba un incumplimiento generalizado de todos sus pedidos.

Las dificultades para obtener esa información, junto a la “limitada” comunicación entre Policía Nacional y Guardia Civil “impide” que se puedan “unir los puntos” en la investigación, con el resultado del archivo de una “gran bolsa de criminalidad”.

LAS FALSAS ESTAFAS

Otra tendencia que se detecta es el de las “falsas estafas”: particulares que denuncian haber sido víctimas de fraudes por cargos no consentidos en sus cuentas o tarjetas bancarias, que, “ en realidad” tratan de o bien obtener un reembolso de la entidad bancaria (por ejemplo, pérdidas en apuestas online) o bien ocultar la autoría de los cargos bancarios a la pareja o familiares (por ser de servicios sexuales, por ejemplo).

Estos hechos habitualmente ocultan un fraude del denunciante, pero la comprobación completa del delito simulado requeriría de librar oficios para identificar la titularidad de direcciones IP o líneas telefónicas relacionados con los cargos bancarios, algo que suele denegarse por tratarse de delitos leves de estafa.

Es más, el Tribunal Supremo, cita la Fiscalía, se ha pronunciado recientemente señalando que esos hechos no podrán tratarse siquiera, como venía haciéndose, como simulación de delito en grado de tentativa. El resultado, “cierta impunidad” en estos comportamientos.