La dicotomía entre actividad económica y lucha contra el cambio climático centra el debate sobre la Ley de Costas en el Congreso

El Congreso de los Diputados acoge el debate para la modificación de la Ley de Costas, en el que el PSOE plasma su postura diferente al resto de grupos del Parlamento de Cantabria, aunque sin querer discrepar con su socio de Gobierno en la Comunidad
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No es habitual que Cantabria tenga tanto protagonismo en una sesión parlamentaria. Más teniendo en cuenta que el tema de debate no es algo que atañe solamente a Cantabria, sino a todas las Comunidades Autónomas costeras de España.

Todos los grupos políticos del Parlamento de Cantabria enviaron a sus portavoces a Madrid para asistir al debate para tratar de modificar la Ley de Costas, de 1988. Es una Proposición de Ley surgida de la Cámara regional, en una votación producida a finales de 2021, y que ahora ha llegado al Congreso para tratar de cambiar dos artículos del texto, el 32 y el 66, que se refieren a la ocupación de un dominio público marítimo-terrestre y a la duración de una concesión en este entorno, respectivamente.

PRC, PP y Ciudadanos intervinieron por partida doble en la sesión, primero mediante sus portavoces en el Parlamento de Cantabria, y después a través de sus diputados en el Congreso. Los dos primeros tienen representación cántabra en Madrid, por lo que fueron José María Mazón y Diego Movellán quienes participaron. Lo mismo sucedió con Pedro Casares, diputado del PSOE, y Emilio del Valle, de VOX.

La hora larga de debate dejó en evidencia la disensión que existe entre los socios del Gobierno de Cantabria. Los regionalistas argumentan que quieren defender la actividad económica que se produce en terreno marítimo-terrestre, pero los socialistas dicen que debe primar la defensa del Medio Ambiente y la lucha contra el Cambio Climático.

Pedro Hernando, Íñigo Fernández y Félix Álvarez abrieron las intervenciones por ser los invitados en la Cámara. Bajo un tono general muy educado y de cortesía tuvo lugar el debate, donde se explicaron las posturas sin necesidad de acudir a la vehemencia cada vez más habitual en la sede de la soberanía nacional.

Los argumentos de los tres coincidían habitualmente. Hernando aludía a la intención de avanzar en la manera de interpretar la norma, que fue aprobada en 1988 y modificada en 2013. Hacía constante referencia a sectores económicos que se verían afectados si, de pronto, tuvieran que cambiar su ubicación por tener que abandonar el litoral para buscar una zona que no esté en riesgo de tener problemas por la anunciada subida del nivel del mar para las próximas décadas.

El representante regionalista (y no fue el único) aludía a una sentencia del Tribunal Supremo de 2021 que amparaba la posibilidad de que las concesiones en estos terrenos puedan ser renovadas, y explicaba la pretensión de que «hay que convertir esa jurisprudencia en Ley».

Tanto Hernando como Fernández aseguraban en sus intervenciones que la modificación de esos dos artículos no se quiere hacer por una cuestión de especulación con los terrenos que hay junto al mar y los ríos. Explicaban que esto se está proponiendo para «respetar los derechos adquiridos» por aquellas actividades instaladas hace muchas décadas en terrenos marítimo-terrestres y que su concesión pueda ser renovada. Y se plantea que el tiempo de la prórroga pueda ser de hasta 75 años, que es la cifra que aparece en el artículo 66 de la ley original.

Pero esa norma de hace 34 años explica que sólo se deben permitir concesiones de actividades que deban desarrollarse en ese entorno y no otras. Y si se abre la posibilidad de que todas las concesiones previas a 1988 puedan renovarse por un periodo de 75 años a partir del año de la prórroga, podremos ver que hay actividades que no tendrían por qué desarrollarse junto al agua del mar o del río y que se extenderían hasta casi el siglo XXII.

Una vez que pasó el turno de los tres diputados del Parlamento cántabro, las disensiones comenzaron a aparecer. Por parte de algunos intervinientes aparecía una cierta desconfianza. Porque los representantes de la ciudadanía cántabra aludían a explotaciones ganaderas, conserveras o industrias consolidadas, de pequeño tamaño y que generan empleo y que deberían de poder mantener su actividad. Sin embargo, no todos los afectados por esta modificación de la ley resultan ser de pequeño tamaño.

En su intervención, el diputado de VOX por Cantabria, Emilio del Valle, citaba numerosos ejemplos de empresas y edificios que se verían afectados si no recibieran esa prórroga, y aparecieron en su relación nombres como Solvay y Ferroatlántica, pesos pesados de la industria de la región.

Hernando abogaba por pensar en empresas del sector primario. Fernández trataba de despreocupar a sus señorías diciendo que «no hablamos de edificaciones en playas o acantilados», y Álvarez decía que se trataba de diferenciar «entre concesiones previas o posteriores a 1988».

Movellán cifraba en 25.000 empleos y 1.200 empresas la afectación que podría haber tenido la Ley de Costas en Cantabria si no se hubiera modificado en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Por lo que hablaba de la necesidad de sentido común, al igual que había hecho antes Mazón por el PRC.

Se produjeron diversas intervenciones que señalaban la falta de defensa del litoral y de no atender a la emergencia climática que vivimos en la actualidad con una modificación legislativa de este calibre. Precisamente porque defendería actividades económicas difícilmente compatibles con un mar que tendrá un nivel cada vez más alto.

Desde el PP y Ciudadanos se ha querido incidir en la actitud del Gobierno desde que gobierna Pedro Sánchez porque, pese a la modificación legislativa de 2013, «desde 2018 se ha paralizado la concesión de prórrogas», como decía Fernández.

También hubo varios diputados que citaban como escollo el artículo 20.4 de la Ley de Cambio Climático, aprobada en 2021, porque establece que una concesión en terreno marítimo-terrestre no puede ser por un tiempo mayor que el que establece la Ley de Costas y el cómputo se debe realizar desde la concesión original y no desde la concesión de la prórroga, lo cual puede complicar las cosas a más proyectos económicos, pero en la vía de defender al litoral, muy castigado por diversas actividades especulativas relacionadas con la construcción.

Y llegó el turno, para cerrar el debate, de Pedro Casares, el diputado del PSOE por Cantabria. Con un tono serio y crítico, pero muy educado y sin la extraordinaria vehemencia que se le ha visto en algunas intervenciones recientes. Y comenzando con alusiones a los proponentes, pero sin citar al PRC, el socio de Gobierno en Cantabria.

Se refería en su turno a las denominadas como ‘tres derechas’ para hablar de que se está pidiendo modificar una Ley pero «en contra de su propio espíritu». Por eso centró su discurso en la necesidad de defender el litoral, mediante políticas de conservación, pero también de regeneración de las costas. En toda España, porque para eso se trata de una Ley estatal.

En un contexto de erosión del litoral, afectado por la masificación turística, y con cada vez más episodios de inundaciones, Casares prefería hablar de «garantizar la sostenibilidad» y de la importancia de «planificar las actuaciones dedicadas a proteger» esos territorios antes que hablar de perpetuar actividades que no necesariamente deben desarrollarse en un dominio público marítimo-terrestre.

Fernández había dicho al inicio de su intervención que esta Proposición de Ley llegaba con el apoyo del Gobierno y de la oposición de Cantabria, pero el debate en el Congreso evidenció que una parte del Ejecutivo cántabro no está por la labor de modificar lo que dice la Ley de Costas y así prorrogar en el tiempo actividades que quizá debieran ir buscando un acomodo distinto.

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