Todos los menores de diez años que están en el sistema de protección en Cantabria lo están en la modalidad de acogida, es decir, en modelos que implican estar fundamentalmente con familias.

Son datos que exponía recientemente la nueva consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria, Eugenia Gómez de Diego –hasta antes, directora general de Vivienda en la misma consejería-, en su primera comparecencia parlamentaria.

12:30 horas. Parlamento de Cantabria
La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego, comparece, a petición propia, ante la Comisión de Empleo del Parlamento a fin de informar sobre los ejes de actuación de su Consejería.
17 de mayo de 2022
Fotografía: Silvia Bouzo

En ella remarcaba que el objetivo que se ha marcado España es tener a todos los menores de 6 años en acogida para 2025 y en el 2029 los menores de 10 años, mientras que Cantabria ya ha cumplido este objetivo.

“Hemos superado ampliamente la ley y los plazos respecto al acogimientos de menores, de niños y niñas”, reivindicaba Gómez de Diego, quien remarcaba que “nuestra apuesta por las familias de acogida y por el modelo de residencia hogar-familiar no es solo un acierto absoluto” sino “lo mejor para el interés de los niños y niñas y un gran avance en sus derechos”.

En el caso de imposibilidad de acogimiento familiar, recordaba, se apuesta por los hogares como forma de acogimiento residencial en base a viviendas normalizadas con una capacidad máxima de 8 plazas.

Para Gómez de Diego, “una sociedad democrática, moderna y decente tiene la obligación de proteger a los menores de edad”.

“Esto es algo a destacar, proteger y sentirnos orgullosos, Cantabria a la cabeza en el sistema de protección de niños y niñas”, subrayaba la consejera de Empleo y Políticas Sociales.

MEJORA DE RATIOS Y DE CONDICIONES, CLAVE EN EL SECTOR DE LAS RESIDENCIAS

En su intervención, tras poner en valor el acuerdo en el sector de la dependencia para acompasar las medidas laborales y precios públicos, ha apuntado que “no basta con que los precios públicos integren el incremento salarial que recojan los Convenios colectivos” –como forma de evitar que los acuerdos salariales se invoquen como un problema económico para las residencias–.

Así, Gómez de Diego ha incidido que, en la parte de política laboral que afecta al sector, “es necesario mejorar las ratios de las profesionales” y ha avanzado que “en eso estamos trabajando”. “En eso estamos comprometidos desde esta consejería, porque es bueno para la calidad de la atención y para la calidad del empleo”, ha aseverado.

“Si queremos que el Sistema Público de Servicios Sociales se ponga a la altura de los otros sistemas de protección (sanitario y educativo) hay que apostar por sus profesionales y eso significa sin duda salario y condiciones laborales dignas, también profundizar en la prevención de riesgos laborales y en las enfermedades profesionales que puedan verse derivadas de su trabajo, ha señalado.

Gómez de Diego se ha referido a las alusiones del sector a la falta de profesionales, y ha afirmado que “sólo mediante la dignificación de un trabajo tan importante como este y la mejora de las condiciones salariales es posible hacer que surjan profesionales que se quieran acercar al sector que es imprescindible en nuestras vidas”.