La AMPA del IES Cantabria, en La Albericia, ha registrado ante el Ayuntamiento de Santander un recurso de reposición solicitando la suspensión de las licencias de la gasolinera y la paralización inmediata de las obras de esta instalación, que sería la cuarta en la misma calle y en este caso pegada al centro.

“Las familias consideramos que tanto la licencia de obra como la licencia de actividad, ambas concedidas por la Alcaldía, son nulas de pleno derecho por incurrir en manifiesta ilegalidad por lo que hemos registrado el recurso de reposición” declara Gabriel Moreno, presidente del AMPA del IES Cantabria, “solicitando por ende la suspensión de los efectos de ambas licencias así como la inmediata paralización de la construcción de la gasolinera y centro de lavado de vehículos”.

“Desde que conocimos de la construcción de la gasolinera pegada a las ventanas de las aulas y la biblioteca del IES Cantabria, en el que estudian nuestras hijas e hijos” recuerda Gabriel Moreno “hemos manifestado nuestra intención de alcanzar nuestro objetivo como madres y padres, que no es otro que el de impedir que se construya y entre en funcionamiento una actividad tóxica, nociva y peligrosa”.

“El recurso de reposición nos permite agotar la vía administrativa, y obliga al Ayuntamiento de Santander a dar respuesta motivada y argumentada a nuestra solicitud”, recuerda el portavoz de las familias “ que es la de suspender la construcción de la gasolinera así como revocar las licencias concedidas, y el consistorio dispone de 1 mes para contestar, de no hacerlo se aplica el silencio administrativo positivo y la solicitud se estimaría”.

“Con ello queremos forzar al equipo de gobierno municipal a que justifique técnica y jurídicamente aquellas cuestiones que hemos detectado en el expediente que son, al menos, motivo de impugnación y por ende susceptibles de fundamentar la nulidad de la licencia de obra y de actividad”, explican.

“Cuestiones como el incumplimiento de las obligaciones legales de la comprobación ambiental sobre actividades que pueden producir riesgos susceptibles de afectar a las personas de acuerdo con la Ordenanza Municipal para el Control Ambiental de Instalaciones y Actividades”, advierten.

“Asimismo, las licencias no cumplen la Ordenanza en lo relativo al impacto ambiental acústico, ya que en la valoración se ha omitido a existencia de un centro educativo en la parcela colindante, no se ha aportado el estudio acústico, el cálculo de niveles de ruido efectuado en el proyecto no contempla todos los aspectos normativos y los niveles de ruido declarados superan los establecidos para áreas de centros docentes”.

“La seguridad del alumnado en la acera de camino el centro educativo, que va a ser atravesada por la salida de la gasolinera, es una de nuestras mayores preocupaciones, sin embargo, el proyecto de la empresa no considera que vaya a aumentar el tráfico en la zona y ni siquiera ha evaluado los efectos acumulativos y sinérgicos que va a tener para el tráfico la presencia de 4 gasolineras en la misma calle, lo cual es indignante” manifiesta el presidente de la AMPA.

Y señalan que «el riesgo sanitario de la gasolinera tan cercana al centro educativo es otro argumento de mucho peso, tanto por los contaminantes que van a emanar de la propia gasolina, como el benceno o lindano, como por los propios gases y partículas que emiten los vehículos de combustión, NO2, PM2,5…, cuyos efectos negativos sobre la salud de las personas están mas que demostrados; no se han incluido las emisiones derivadas de la combustión de los vehículos que van a repostar, ni se han evaluado los efectos acumulativos y sinérgicos con las emisiones que generan las tres gasolineras existentes en la misma calle”.

“El riesgo de incendio, ante una gasolinera que no va a tener personal que suministre el combustible, es otra de las grandes amenazas para la seguridad del alumnado y profesorado del centro, que se argumenta en el recurso”, añaden.

Estos con algunos de los motivos que sustancian el recurso de reposición por el que las familias pedimos la suspensión de los efectos de las licencias concedidas por la Alcaldía de Santander y que determinaría la paralización de las obras y la no apertura de la actividad que «pone en riesgo» la vida de las más de 1500 personas que acuden al IES Cantabria cada día.